Colaboración
Trámites jubilatorios, otra trampa digital que posterga el derecho
A menudo nos pasa que los expedientes iniciados ante distintos organismos estatales y judiciales se demoran injustificadamente, a menudo los abogados debemos contener las justificadas ansiedades de los clientes. Ellos tienen menos posibilidades de comprender las razones de las demoras en la resolución de su caso, pero incluso a veces ni siquiera nosotros podemos comprender. A menudo las resoluciones o sentencias llegan demasiado tarde.
En tiempos de la reorganización del Estado, las cartas y comunicaciones llegaban en carretas y tardaban días, meses y años en llegar a destino
Año 2025, ¿cambió algo?
En el discurso oficial los expedientes previsionales "vuelan por la nube". En la práctica, quien inicia su jubilación se enfrenta a un proceso muy complejo o una seria de pantallas que parecería que no dialogan entre sí. El resultado es obvio: demoras, pérdida de información y un estrés adicional para quien ya transita la etapa final de su vida laboral.
Demoras que exceden lo razonable
La web de ANSES promete resolver un trámite ordinario en tres a seis meses. No obstante, es muy común que se registren expedientes que superan holgadamente el semestre e, incluso, alcanzan un año cuando hay servicios diferenciales o insalubres.
Rigidez de los sistemas internos
El organismo trabaja sobre el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), pero muchas bases siguen en planillas aisladas. Cada puente entre legados y plataformas nuevas se resuelve "a mano", multiplicando validaciones y creando cuellos de botella invisibles al ciudadano.
Interoperabilidad ausente
Para acreditar aportes, identidad o bienes, ANSES debe interactuar con múltiples entidades que no comparten un lenguaje común: AFIP-ARCA, RENAPER, IERIC, RENATRE, registros de Propiedad y Automotor, además de los bancos públicos y privados. Cada brecha genera tiempo muerto que el futuro jubilado no puede gestionar.
Opacidad y falta de transparencia
A la rigidez se suma la opacidad en la gestión del expediente digital:
ANSES ofrece un seguimiento limitado: el usuario ve un escueto "estado" sin detalle de pasos ni plazos máximos. No existe trazabilidad pública de quién intervino, qué documentación falta o en qué fecha se debería resolver cada etapa.
IPS Corrientes replica el problema a nivel provincial. El solicitante debe consultar por teléfono o presencialmente; la plataforma en línea sólo muestra un número de expediente con un escueto desglose de movimientos internos. Tampoco se publican estadísticas de demora, ni protocolos que permitan auditar el cumplimiento de plazos.
La ausencia de métricas abiertas impide comparar dependencias, detectar cuellos de botella y exigir responsabilidades. Sin datos, la demora se naturaliza y el ciudadano queda a oscuras.
El ciudadano común no conoce quien en definitiva es el responsable de su expediente, y muchas veces se atribuye "al sistema" el gran problema de la demora.
El círculo vicioso de la actualización de datos
Para sortear la fragmentación, ANSES exige "Validar tus vínculos" en Mi ANSES. Paradójicamente, ese paso no evita reenviar papeles cuando un sistema externo no responde, reproduciendo la burocracia que se prometía eliminar.
Inteligencia artificial: oportunidad y límite
Las experiencias piloto del Estado muestran que la IA puede ser aliada estratégica:
* Clasificación automática de expedientes según fechas clave y complejidad.
* Verificación cruzada que detecta discrepancias entre bases y alerta al operador.
* Lectura de documentos escaneados para extraer CUIT, fechas y montos en segundos.
Pero ningún modelo informático y básico o sofisticado, reemplaza la mirada experta y compasiva del ser humano. El adulto mayor es un usuario vulnerable: puede cargar mal un dato o carecer de conectividad.
Por ello, toda automatización debe contar con:
*Supervisión humana obligatoria de cada alerta algorítmica.
*Canales asistenciales personalizados (videollamada, chat humano o mesas presenciales).
*Auditorías de sesgos y transparencia algorítmica, garantizando que los criterios sean públicos y revisables.
Cuando el sistema se cae
En los últimos meses, fallas masivas del RENAPER dejaron a miles de trámites "congelados" por la imposibilidad de validar identidad. Cada DNI sin verificar detuvo decenas de jubilaciones.
Consecuencias para el futuro jubilado
*Económicas: diferir tres o cuatro haberes implica una pérdida real de poder adquisitivo.
*Psicológicas: la persona vive un limbo sin certeza de ingreso.
*Sanitarias: sin resolución no se deriva a la obra social, prolongando la cobertura transitoria.
Propuestas concretas
1- Expediente único interoperable basado en microservicios y APIs obligatorias.
2- Modo contingencia que permita cargar datos aun con sistemas externos caídos y sincronizar luego.
3- Gobernanza de datos con un responsable de interoperabilidad y métricas públicas.
4- IA explicable: paneles que muestren qué decisión tomó el algoritmo y por qué, con opción de corrección humana.
5- Indicadores abiertos de desempeño para todos los servicios del Estado, especialmente para ANSES e IPS Corrientes y extensibles al servicio de justicia, comparables por región, tipo de beneficio y dependencia externa.
Comparación regional
Uruguay aplica la regla "datos sólo una vez": ningún organismo puede pedir un dato ya cargado. Su jubilación promedio demora apenas veinte días.
Costos silenciosos para el Estado
La Auditoría General de la Nación advierte que la litigiosidad previsional crece por demoras administrativas. Cada juicio implica retroactivos, intereses y costas que pagan todos los contribuyentes.
La necesidad de contar con los expedientes administrativos para dictar una sentencia en un juicio por reajuste implica reiteradas intimaciones al ANSES con aplicación de condenas dinerarias por cada día de demora, por el solo incumplimiento a la orden de acompañar digitalmente esos documentos.
Conclusión
Argentina tiene todo para ser líder en eficiencia del estado, tiene sistemas digitales de vanguardia, tiene leyes que avalan el estado digital, documentos y firma digital, para que una jubilación, como en Uruguay sea resulta en 20 días, falta voluntad política.
Mientras la interoperabilidad y la transparencia sigan ausentes, y la IA no se integre con criterios éticos y supervisión humana para hacer procesos más rápidos y eficientes, el futuro jubilado permanecerá atrapado en un laberinto digital que convierte su derecho en un beneficio previsional diferido. Resolverlo es cuestión de justicia y eficiencia: un Estado que no responde a tiempo degrada la calidad de vida de sus adultos mayores, socava la confianza pública y encarece su propia gestión. La tecnología ofrece la herramienta; la voluntad política y el control profesional deben completar la ecuación para que la jubilación vuelva a significar, realmente, descanso y dignidad.
(*) Abogada - Egresada de la UNNE
Especialista en derecho previsional y planificación patrimonial y sucesoria
