Magistrados, preocupados por ajustes en programas nacionales
La AJUNAF expresó malestar ante la decisión de terminar con políticas orientadas a la protección de derechos de mujeres y diversidades de género, tras resoluciones recientes implementadas por el Ministerio de Justicia de la Nación.
La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF) expresó su profunda preocupación ante el cierre de programas nacionales orientados a la protección de derechos de mujeres y diversidades de género, tras resoluciones recientes del Ministerio de Justicia de la Nación.
Así lo afirmó Silvina Besoín, vicepresidente de la entidad y asesora de menores e incapaces del Departamento Judicial de Necochea desde hace 32 años.
"El pasado lunes, desde AJUNAF emitimos un documento que cuestiona la decisión del Poder Ejecutivo de dejar sin efecto dispositivos y programas destinados a garantizar derechos de mujeres y personas del colectivo de la diversidad", señaló.
"Se trata concretamente de las resoluciones 291/25 y 292/25 del Ministerio de Justicia, que aluden a supuestas auditorías pero que en realidad dan de baja políticas públicas fundamentales".
La jurista advirtió en dialogo con Radionord que estas resoluciones, lejos de proponer una reorganización eficiente del gasto público, dejan sin respuesta a miles de personas que eran beneficiarias de estos programas: "El comunicado de AJUNAF destaca que si bien es razonable que el Poder Ejecutivo establezca su propia política y ejerza controles sobre los recursos, lo preocupante es que se explicita como va atenderse la demanda social que estaba cubierta por estos dispositivos".
Desde la asociación, se subraya que estas decisiones no solo afectan la vigencia de derechos adquiridos, sino que contradicen obligaciones constitucionales e internacionales asumidas por el Estado argentino.
"Exhortamos al Gobierno nacional a cumplir con su deber constitucional de diseñar políticas que aseguren la efectiva vigencia de los derechos convencionales, constitucionales y legales de las mujeres y diversidades", remarcó.
Asimismo, AJUNAF recordó que el Poder Ejecutivo debe tener en cuenta instrumentos legales de jerarquía constitucional, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Ley 23.179), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Ley 24.632) y la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743).
A la preocupación por las resoluciones del Ministerio de Justicia se suma el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia 62/25, que modifica el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, prohibiendo el acceso a tratamientos hormonales integrales a personas menores de edad.
Por último, Besoín enfatizó: "Estas decisiones no solo vulneran derechos, sino que revelan una preocupante omisión en el diseño de políticas públicas que respondan a las realidades concretas de mujeres, niñas, adolescentes y personas del colectivo LGBTIQ+ en todo el país. El Estado no puede desentenderse de su responsabilidad".