Colaboración
Enamorados de la prisión preventiva
Me refiero a nuestros jueces y fiscales del fuero penal, tal vez no a todos, pero sí a algunos que creen que "hacen justicia" o "aplican correctamente la ley", con poner en prisión a los imputados de delitos, de la entidad punitiva que fueren. Primero el encierro y luego se ve como se sigue, repitiéndose una modalidad que caracterizaba al régimen anterior, fuertemente inquisitivo, en el que el juez de instrucción hacía las veces de fiscal y de juez al mismo tiempo.
El diccionario de la lengua española dice que la palabra "enamorado" (aquí usada como sustantivo) significa, en su tercera acepción "muy aficionado a algo, o muy amante de ", término que utilizo en esta nota para representar un escenario en el que actúan algunos funcionarios del sistema de justicia penal que, además de tomar decisiones sobre distintos bienes jurídicos de los ciudadanos (especialmente, la libertad), muestran una notoria y exagerada inclinación por la prisión preventiva, como primer recurso para abordar las difíciles cuestiones que se plantean en una investigación penal.
Sin embargo, pese a tratarse de una cuestión "naturalizada" entre nuestros jueces y fiscales, es necesario aclarar que pienso que no están enamorados de la prisión preventiva por pura jactancia, vanidad, soberbia o malas intenciones, sino que me parece que actúan de ese modo por padecer de un error conceptual acerca de la aplicación de las medidas de coerción en el proceso penal, ya sea en torno de su significado, el orden en cómo se deben aplicar, cuáles son sus fines, etc., como que aún no han internalizado debidamente los principios, valores y directrices del nuevo proceso penal que rige en la provincia desde hace algunos años atrás, alineado en el modelo acusatorio adversarial.
En este marco -para decirlo en pocas palabras- los fiscales dirigen la investigación, debiendo sostener y acreditar la acusación en un futuro juicio oral, mientas que los jueces deben garantizar que se cumpla la ley y que se respeten las garantías constitucionales, lo cual también implica que esos mismos jueces cumplan, "ellos también", con la ley.
Precisamente, este enamoramiento de la prisión preventiva que se observa en las decisiones sobre medidas de coerción, permite sostener la idea de que algunos jueces y algunos fiscales (los que padecen semejante pasión), "no cumplen con la ley", porque -pese a contar con un número relevante de opciones posibles, menos rigurosas y estigmatizantes que la prisión preventiva, previstas en el Código Procesal Penal- no trepidan en apelar a ella, la más grave, como primer recurso, cuando -insisto- la correcta interpretación de la norma procesal (que debe hacerse en un contexto constitucional) indica otra vía de solución, esto es, otras medidas de coerción posibles que conducen al logro de la misma finalidad que se persigue con la prisión preventiva: asegurar los fines del proceso (la correcta averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal), algo que sólo podría conseguirse evitando que el imputado oponga obstáculos a la investigación o intentara eludir el cumplimiento de la pena.
¿Qué se quiere decir con todo esto?, pues, que tanto los jueces como los fiscales enamorados, hacen las cosas al revés. Se requiere, como primera medida a aplicar, la prisión preventiva y, "en subsidio", alguna otra de las contempladas en el digesto procesal, cuando estas medidas menos gravosas están reguladas en primer lugar y, en el último (inciso I del artículo 232 del Código Procesal Penal -CPP-) la prisión preventiva.
Me explico: para empezar, hay que recordar algo que estos enamorados funcionarios no recuerdan (o se resisten a ello), esto es, que la regla en el proceso penal es la libertad del acusado, mientras que la prisión preventiva es la excepción, ¿y por qué el encierro en prisión es la excepción?, porque solo puede justificarse su aplicación si existe peligro de fuga u obstaculización de la investigación por parte del acusado (artículo 223 CPP), situaciones que el fiscal -al pedir una medida de coerción, restrictiva de la libertad del imputado- debe, por un lado, demostrar que esos peligros existen, mediante elementos de prueba objetivas (existentes, reales, materiales, no meramente presuntivos o imaginados subjetivamente) y, por otro lado -tratándose la prisión preventiva el último recurso disponible, nunca el primero- debe acreditar ante el juez y las partes, que las otras opciones posibles previstas en el digesto (que son las ocho, antes que la prisión preventiva, reguladas en el artículo 232 CPP), no asegurarían los fines del proceso y que solo la prisión preventiva es la medida adecuada para ello. Si no genera esa demostración palpable y fehaciente del peligro procesal, entonces, nos guste o no, ni el fiscal puede requerir válidamente la prisión preventiva del acusado ni el juez puede decidir imponerla.
El artículo 234 del CPP es lo suficientemente claro, y categórico, al establecer que, para que proceda la medida de coerción, el fiscal debe:
a) Evidenciar la existencia del peligro de fuga o de obstaculización de la investigación que justifican la medida requerida; y
b) Justificar, con arreglo a las circunstancias del caso y a las personales del imputado, la necesidad de la índole de la medida requerida en relación con otras menos gravosas.
Repárese en que la ley no dice "para que proceda la prisión preventiva", sino que dice "para que proceda la medida de coerción requerida ", lo que significa que, para todas las medidas previstas en el artículo 232 (las nueve, inclusive la prisión preventiva), tanto el fiscal como el juez, deben demostrar y fundamentar la existencia de un peligro que justifica el pedido y la aplicación de la medida de coerción de que se trate. No basta con alegar la existencia del peligro a través de un discurso que no es más que la consecuencia de una visión subjetiva y unilateral del fiscal o del juez (se cree o presume que existe el peligro, pero no se demuestra "realmente" su existencia), sino que, como antes dije, se debe "demostrar", acreditar, con pruebas objetivas, que el peligro de fuga o de obstaculización de la investigación es real, y el acusado es el autor generador de ese peligro.
En conclusión y para terminar, se debe entender que todas las medidas de coerción previstas en la ley tienen una misma finalidad: evitar el peligro de fuga del acusado, que obstaculice la investigación y se logre, de ese modo, el cumplimiento de la ley. Si esa finalidad se logra con la aplicación de alguna medida menos gravosa que la prisión preventiva, entonces hay que recurrir a ella, evitando que el enamoramiento nuble la razón y produzca daños que, para el imputado en situación de encierro, son irreparables.
(*) Profesor de Derecho Penal (UNNE)
