Colaboración
¿Por qué los jubilados no viven con dignidad?
En la Argentina de hoy, hablar de jubilación es hablar de angustia, incertidumbre y abandono. El jubilado argentino, después de haber dedicado toda una vida al trabajo, se encuentra con una jubilación que no le permite cubrir ni la mitad de una canasta básica. Y no es casualidad: es el resultado de una combinación de decisiones políticas, errores estructurales y una desconexión total entre el sistema y la realidad.
El sistema previsional argentino no fue diseñado para premiar el esfuerzo, ni mucho menos para garantizar una vejez digna. Y lo que es aún más grave: cada reforma ha profundizado los desequilibrios.
Hoy, los haberes jubilatorios se actualizan mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tras la derogación de la fórmula anterior por decreto. Este nuevo esquema implica que todos los jubilados reciben el mismo porcentaje de aumento, incluyendo aquellos que perciben bonos.
Sin embargo, el problema de fondo persiste: el IPC no refleja con fidelidad la inflación real que sufren los adultos mayores. El costo de los alimentos, los medicamentos, los alquileres y los servicios esenciales que representan la mayor parte del gasto de un jubilado sube mucho más rápido que el promedio general de la economía. Por eso, aunque las jubilaciones aumenten todos los meses, el poder adquisitivo sigue cayendo. No alcanza. No cubre lo básico. Y eso, en la vejez, no es solo una injusticia: es una forma de crueldad institucionalizada.
A eso se suma el problema de base: cómo se calcula el haber inicial. En el régimen general, se toma un promedio actualizado de los últimos 10 años de aportes y se aplica un 1,5% por cada año trabajado. Es decir, con 30 años de aportes, el haber equivale apenas al 45% del promedio salarial actualizado. ¿Quién puede vivir con la mitad de su sueldo, en un país que duplica el precio del supermercado cada tres meses?
Peor aún: la mayoría de los trabajadores no logra cumplir con los años de aportes exigidos. La informalidad y la falta de control estatal generaron una brecha enorme entre lo que el sistema exige y lo que realmente ocurre. Por eso, más del 60% de los nuevos jubilados acceden mediante moratorias. Pero a partir de marzo de 2025, ese camino también se cierra.
La moratoria dejó de estar vigente para quienes ya cumplieron la edad y no tienen aportes suficientes, generando un nuevo grupo de personas que no podrán jubilarse nunca, o solo podrán acceder a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), con un haber inferior.
La situación es tan crítica que cada vez más jubilados vuelven al mercado laboral. No por elección, sino por necesidad. En 2024, más de 780.000 adultos mayores de 60 años estaban trabajando formalmente. Esto representa casi el 10% de toda la fuerza laboral activa del país. Lo que debería ser una etapa de descanso, se convierte en una etapa de subsistencia.
Y como si todo esto fuera poco, los jubilados también deben enfrentar restricciones en el acceso a la salud. El PAMI eliminó más de 1.200 medicamentos de su cobertura, incluyendo antibióticos, corticoides y antivirales. La consecuencia directa es el abandono de tratamientos, el fraccionamiento de dosis o el endeudamiento para poder comprar lo que el Estado dejó de garantizar.
La respuesta del Estado frente a los reclamos ha sido, en muchos casos, la represión. En marzo de 2025, más de 100 jubilados fueron detenidos por manifestarse frente al Congreso. Personas mayores, que deberían estar protegidas por su vulnerabilidad, terminan siendo reprimidas por ejercer su derecho a la protesta.
Además del debate urgente sobre la reforma estructural del sistema, hay una tarea silenciosa pero poderosa que puede marcar la diferencia: la planificación previsional individual. No se trata solo de esperar la edad jubilatoria, sino de prepararse activamente para ese momento. Un buen asesoramiento permite revisar con tiempo los registros de aportes, detectar errores en la historia laboral y realizar correcciones antes de que el expediente esté en manos de ANSES. Muchas veces, los errores administrativos, los períodos no registrados o mal cargados, o las superposiciones de empleos, terminan perjudicando seriamente la liquidación del haber. Ordenar esa historia laboral, año por año, puede significar miles de pesos de diferencia en el ingreso mensual de una persona por el resto de su vida.
Pero para eso, también es fundamental conservar toda documentación laboral disponible: recibos de sueldo, certificados de trabajo, constancias de inscripción en AFIP, telegramas laborales, incluso libretas antiguas o declaraciones juradas firmadas. Toda prueba sirve. Porque, aunque el Estado sea quien liquida, la carga de la prueba siempre recae sobre el trabajador. Si no hay pruebas, no hay derecho reconocido. En ese sentido, la planificación no es solo financiera: es también legal, organizativa y emocional. Es tomar el control de una etapa que, si no se piensa con anticipación, queda librada al azar y a la discrecionalidad de un sistema que no siempre ve a la persona detrás del número de expediente.
¿Hay solución? Sí, pero no con parches. Se necesita una reforma integral que actualice los haberes por el verdadero costo de vida del jubilado, que recompense el esfuerzo contributivo sin castigar a quienes no pudieron aportar por causas estructurales, que garantice acceso a medicamentos y atención médica de calidad, y que elimine la arbitrariedad de los bonos.
Y sobre todo, necesitamos hablar de planificación previsional. No podemos seguir dejando que cada trabajador llegue a los 60 o 65 años sin saber cómo será su vejez. La planificación jubilatoria es una herramienta legal y financiera que permite, con tiempo, mejorar los aportes, revisar los registros laborales, corregir errores administrativos y proyectar un ingreso digno para el futuro.
Los jubilados no quieren privilegios. Solo quieren cobrar lo que les corresponde, con previsibilidad, sin mendigar y sin depender de la buena voluntad del gobierno de turno.
Mientras tanto, seguiremos acompañando cada caso, cada reclamo y cada lucha. Porque detrás de cada expediente hay una historia, una vida de trabajo y el derecho irrenunciable a envejecer con dignidad.
(*) Abogada - Egresada de la UNNE
Especialista en derecho previsional
y planificación patrimonial y sucesoria
