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La extorsión callejera
Tal vez no sea técnicamente correcto el título que ilustra esta nota, pero tiene su origen en unos hechos sucedidos, días atrás, en la provincia de Buenos Aires (en la localidad de Bernal, autopista Bs.As.-La Plata, pero no importa el lugar, podría ser cualquiera de nuestro país) -difundidos por los medios de comunicación- en el que un grupo de jóvenes, calculo unos 8 o 10, entre 15 y 20 años, se encontraban interrumpiendo una vía pública de comunicación impidiendo la circulación de los automóviles (directamente se ponían adelante del rodado y lo obligaban a detenerse, algunos inclusive llevaban palos, en una acción claramente intimidatoria), exigiendo, a su vez, al conductor, a abonarles una suma de dinero (de cualquier monto) -bajo la excusa de estar recolectando fondos para ayudar a una familia, versión que puede ser cierta o no, pero de ningún modo lícita-, para dejarlos continuar la marcha. Vale decir, en buen castellano "o pagas o no pasás", una suerte de peaje ilegal montado para la ocasión.
Ahora, saliendo del buen castellano, vayamos a la explicación jurídica de este insólito episodio. El Artículo 168 del Código Penal sanciona con prisión de hasta 10 años, a quien "con intimidación, obliga a otro a entregar dinero ", vale decir, que no castiga a quien pide dinero u otras cosas a sus coterráneos, o a aquel que le dice a un tercero "mirá que si no pagas te va a caer una estrella por la cabeza", porque son conductas neutrales, de causación imposible (el mal que se anuncia no depende de la voluntad del autor), y por lo tanto, no son delictivas, pero exigir a otro que pague una suma de dinero como condición para poder continuar disfrutando de su libertad (en este caso, de circular), configura el delito de extorsión previsto en el citado art. 168, por cuanto la acción de "obligar" a otro a realizar una acción (entregar dinero), que no la quiere realizar, pero que no tiene otra opción frente a la condición impuesta por el extorsionador (no podrá continuar circulando con su automóvil), presupone un claro ataque a la libertad de la persona (el conductor), que lo obliga a una prestación no querida con significado patrimonial. Vuelvo al buen castellano: lisa y llanamente una extorsión, sin entrar a discutir si también cabrían otras conductas delictivas como la asociación ilícita (artículo 210 CP), ya que puede darse un acuerdo de 3 o más personas para cometer delitos indeterminados (robo, daño, amenazas, etcétera) o el entorpecimiento, estorbo o impedimento de un medio de transporte, etcétera, (Artículo 194 CP).
Ahora, frente a esta grave situación, nos debiéramos preguntar: ¿cuál es la solución para este de tipo de manifestación de delincuencia callejera? -o ¿qué debe hacerse en estos casos?- como por ejemplo, también sucede algo similar con los conocidos como "los trapitos". Pues, señores, me parece que la cuestión no es tan complicada. Hay que hacer lo que debe hacerse frente a una conducta delictiva: la Policía actuar, el fiscal acusar y el juez de garantías decidir la situación legal de estos delincuentes. En este caso puntual, no parece que haya ocurrido esto último, o, al menos, que la intervención del Estado haya llegado al tiempo de perpetrados los hechos, pese a que el delito estaba siendo trasmitido en vivo por los medios de comunicación.
La acción de los órganos del Estado para neutralizar, detener o impedir estos episodios, debe ser rápida y eficaz, ya que no solamente están obligados a intervenir ante la comisión de delitos de acción pública, sino que deben aplicarse las sanciones correspondientes, en el marco de un proceso legal, como a cualquier hijo de vecino, porque el no hacerlo en el tiempo oportuno, el delito seguirá consumándose, formándose una suerte de "hecho o zona de impunidad", que daría el mensaje a otros delincuentes a hacer lo mismo, como recurso para hacerse rápidamente de dinero a costa del incauto ciudadano que tiene que soportar, cotidianamente, vivir bajo el temor de ser una víctima potencial de una nueva modalidad del accionar de la delincuencia callejera.
