El Gobierno nacional declaró como "secreta" la compra de un antidrones
El Ministerio de Seguridad sostuvo que estos dispositivos, debido a su bajo costo y facilidad de uso, pueden ser empleados para atentar contra la seguridad, la libertad y los bienes de los ciudadanos. Asimismo, advirtió que podrían ser utilizados para atacar objetivos de alta importancia estratégica.
Mediante un decreto firmado esta semana por el presidente Javier Milei, se decidió declarar secreta la compra de un sistema antidrones "por seguridad nacional". La noticia se conoció dos semanas después de un incidente ocurrido en el Congreso.
En dicho episodio, dos rusos solicitaron la devolución de un dron de pequeñas dimensiones que, según ellos, habían perdido durante un sobrevuelo no autorizado sobre el Palacio Legislativo.
El decreto, respaldado por la firma de Milei y de la ministra Patricia Bullrich, argumenta que la adquisición del sistema antidrones es fundamental para enfrentar el aumento de las amenazas derivadas del uso de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), conocidos como drones.
El documento también señala que los drones presentan ventajas como su amplio alcance, facilidad de transporte y operatividad simple, lo que los convierte en una herramienta susceptible de ser utilizada con fines delictivos, como el contrabando en prisiones, intentos de fuga mediante explosivos o incluso ataques terroristas. En consecuencia, el Ministerio de Seguridad considera crucial el empleo de tecnologías avanzadas que permitan neutralizar estos riesgos, resguardando así el orden democrático.
De acuerdo con el decreto, la necesidad de mantener en secreto los detalles sobre la tecnología a adquirir se justifica con el fin de evitar que se utilicen otros dispositivos del mercado para burlar la efectividad de los sistemas antidrones que se planea incorporar. Además, se destaca la importancia de definir con precisión la estructura organizativa, doctrinas y equipamiento de las fuerzas de seguridad como la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, a fin de reforzar las capacidades frente a la creciente amenaza de los drones.
El decreto también resalta la urgencia de asegurar que la adquisición cumpla con las normativas legales correspondientes, destacando la intervención del servicio jurídico del Ministerio de Seguridad. La medida, motivada por las nuevas modalidades delictivas asociadas al uso de drones, enfatiza la necesidad de declarar el proceso de contratación como secreto por razones de seguridad nacional.
Este desarrollo guarda relación con el extraño incidente ocurrido en diciembre en el Congreso de la Nación, cuando dos ciudadanos rusos se presentaron en el edificio solicitando la devolución de un dron perdido.
Según Infobae, los hombres afirmaron que el dispositivo había caído en el área del Congreso durante un vuelo no autorizado y pidieron que, en caso de ser encontrado, fuera entregado en la comisaría. Este hecho suscitó sospechas y, tras una investigación en la que intervino la Cámara de Diputados, se descubrió que los involucrados eran Pavel Bandurin, Igor Lomakin y Vitaly Kharlabo, todos con vínculos internacionales. La investigación fue declarada secreta por el Juzgado Federal N.º 2, a cargo de Sebastián Ramos, y hasta el momento no surgieron novedades relevantes.