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Silvia Zarza

Colaboración

ANÁLISIS

Los desafíos de las posibles reformas al sistema previsional

La sustentabilidad del sistema previsional argentino se encuentra en el centro del debate político, económico y social de cara a la esperada reforma previsional de 2025. En un contexto de envejecimiento poblacional, desaceleración económica y creciente informalidad laboral, surgen preguntas cruciales sobre cómo garantizar que el sistema sea sostenible y justo a largo plazo.

En esta nota analizare los principales desafíos financieros que enfrenta el sistema y las posibles medidas que podrían contemplarse en la reforma.

La estructura del sistema previsional argentino

El sistema previsional argentino opera bajo un esquema de reparto solidario, donde los aportes de los trabajadores activos financian las jubilaciones y pensiones de los retirados. Este modelo se complementa con programas como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y moratorias previsionales que buscan ampliar la cobertura para aquellos que no lograron cumplir con los requisitos de aportes.

Sin embargo, esta estructura enfrenta grandes crisis debido a factores demográficos, económicos y sociales que afectan tanto los ingresos como los egresos del sistema.

Factores que amenazan la sustentabilidad

1. Envejecimiento poblacional: Argentina experimenta un proceso de envejecimiento demográfico, con un aumento constante de la población mayor de 60 años. Esto incrementa la relación entre beneficiarios y aportantes, debilitando la base del esquema de reparto. Muchos adultos mayores hoy en día superan los 80, 90 e incluso los 100 años, pasando a veces más años como pasivos que como activos.

2. Informalidad laboral: en el difícil contexto económico que vive la Argentina un gran porcentaje de los trabajadores se encuentran en la informalidad, lo que significa que no realizan aportes al sistema previsional o se encuentran aportando como independientes, lo que implica un ingreso muy mínimo al sistema que no logra solventar la gran cantidad de beneficios contributivos y no contributivos a los que está obligado el sistema. Esto reduce los ingresos de la caja y crea una brecha estructural.

3. Alta carga fiscal: según las teorías de algunos economistas, el sistema previsional representa uno de los mayores gastos del presupuesto nacional, lo que presiona las finanzas públicas y limita los recursos disponibles para otras áreas, fundamentalmente porque debido a la falta de sustentabilidad, los aportes y contribuciones no son suficientes y frecuentemente se debe recurrir al aporte estatal para cubrir con todos los beneficios previsionales. -

4. Moratorias previsionales: Algunos economistas argumentan que las moratorias han ampliado la cobertura previsional, pero que también han generado un costo significativo para el sistema, dado que muchos beneficiarios acceden sin haber realizado aportes suficientes. Sin embargo las moratorias previsionales vinieron allá por el año 2006, 2007, a cubrir el gran déficit que provocó la informalidad laboral de la década de los 90, logrando que muchas personas que no podían acceden a la jubilación por falta de aportes, debido a que a pesar de haber trabajado los empleadores no habían cumplido con las obligaciones de pagar dichos aportes a la caja de previsión.

5. Falta de incentivos para aportes voluntarios: El sistema carece de mecanismos robustos que promuevan los aportes voluntarios o complementarios, dejando a los jubilados dependientes exclusivamente de los ingresos públicos. Seguramente este va a ser uno de los ejes del debate, que puede ser público o privado o mixto.

Propuestas para abordar los desafíos

La reforma previsional de 2025 podría incluir medidas para enfrentar estos desafíos y garantizar la sustentabilidad del sistema. Algunas de las propuestas más discutidas incluyen:

1. Aumento gradual de la edad jubilatoria:

   - Una medida polémica podría ser el incremento gradual de la edad jubilatoria, en línea con tendencias globales. Esto podría aliviar la presión sobre el sistema al reducir el período de pago de beneficios y aumentar los aportes.

2. Reducción de la informalidad laboral:

   - Promover la formalización del empleo mediante incentivos fiscales para empleadores y programas de capacitación laboral podría fortalecer la base de aportantes. Evitar la contratación por monotributo por parte del estado es quizás el principio. - 

3. Revisar las moratorias previsionales:

   - Diseñar moratorias más focalizadas que prioricen a los sectores más vulnerables podría reducir el impacto financiero en el sistema, tal vez se pueda promover alguna forma a los fines de que todo aporte no efectuado por los agentes de retención, pueda ser saneado a largo plazo.

4. Incorporar cuentas de capitalización complementarias:

   - Desarrollar un esquema de ahorro previsional complementario y voluntario permitiría diversificar las fuentes de ingreso para los jubilados.

5. Optimizar la gestión de recursos:

   - Mejorar la eficiencia en la administración del sistema podría liberar recursos para atender el crecimiento del gasto previsional.

6. Reforma en la movilidad jubilatoria:

   - Ajustar los cálculos de movilidad para equilibrar los incrementos con la realidad fiscal del país, sin desproteger el poder adquisitivo de los jubilados.

Impacto social y político

Cualquier reforma previsional tiene un impacto directo en millones de argentinos y genera un intenso debate político. La sostenibilidad financiera debe equilibrarse con el objetivo de garantizar ingresos dignos para los jubilados, evitando un deterioro en su calidad de vida.

Además, la implementación de cambios en un contexto de crisis económica podría generar resistencia social, especialmente si las medidas incluyen ajustes como el aumento de la edad jubilatoria o la revisión de beneficios actuales.

Perspectivas hacia 2025

La reforma previsional de 2025 representa una oportunidad para abordar de manera integral los problemas estructurales del sistema. Las decisiones que se tomen deberán ser producto de un amplio consenso político y social, con un enfoque en la equidad intergeneracional y la protección de los derechos adquiridos.

La clave estará en encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera y la justicia social, garantizando que el sistema previsional continúe siendo una herramienta esencial para la protección de los adultos mayores en Argentina.

El déficit fiscal cero debe tener su base en la calidad y dignidad humana y no solo en los números. 

(*) Abogada egresada de la UNNE 

Especialista en derecho previsional 

Planificación patrimonial y sucesoria