El impacto social y económico de la moratoria previsional

Este cambio no solo afecta a las mujeres y hombres, que quedan fuera del sistema previsional, sino que también tiene un impacto profundo en la economía interna de miles de familias.

El fin de la moratoria y sus consecuencias

La Ley 27.705 es una herramienta fundamental para incluir a personas, especialmente mujeres, que por diversas razones no pudieron realizar aportes suficientes durante su vida activa. Con el fin de esta moratoria, muchas amas de casa, más de medio millón, enfrentarán la exclusión del sistema previsional, lo que conlleva varias consecuencias:

1. Aumento de la vulnerabilidad económica: Sin un ingreso jubilatorio, las mujeres que quedan fuera del sistema dependerán exclusivamente de sus familiares o de la asistencia social, lo que incrementa su vulnerabilidad. Esto afecta particularmente a mujeres de sectores populares que no tienen otra fuente de ingreso.

2. Impacto en la economía familiar: Las jubilaciones no solo sostienen a las titulares, sino que muchas veces son la base económica de familias enteras. El fin de la moratoria implicará menos recursos disponibles para gastos esenciales, como alimentos, salud y vivienda.

3. Desigualdad de género: Las mujeres han sido históricamente las más beneficiadas por la moratoria debido a su menor acceso al empleo formal. Con el fin de esta política, se refuerzan las brechas de género en el acceso a derechos previsionales.

Impacto en la economía interna

La pérdida de ingresos jubilatorios por parte de un sector importante de la población tendrá implicancias directas e indirectas en la economía:

1. Reducción del consumo local: Las jubilaciones son un motor de consumo en las economías locales, especialmente en pequeñas localidades y zonas rurales. Sin este ingreso, comercios y servicios podrían enfrentar una disminución en la demanda.

2. Aumento de la dependencia en subsidios estatales: Las personas excluidas del sistema previsional deberán recurrir a programas sociales, lo que genera una mayor presión sobre el Estado para atender necesidades básicas, como alimentos o medicamentos.

3. Menor protección frente a la pobreza en la tercera edad: Sin un ingreso estable, las mujeres mayores corren un mayor riesgo de caer en la pobreza, lo que afecta su calidad de vida y limita sus posibilidades de acceso a servicios de salud y bienestar.

Propuestas para mitigar el impacto

Ante el fin de la moratoria, es crucial que el Estado y la sociedad en su conjunto evalúen medidas para evitar la exclusión social de quienes quedan fuera del sistema previsional. Algunas alternativas incluyen:

1. Creación de nuevas herramientas de inclusión: Diseñar programas específicos para cubrir las lagunas de aportes de mujeres mayores, reconociendo las inequidades del mercado laboral que enfrentaron.

2. Fortalecimiento de los programas de asistencia social: Ampliar los beneficios de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM), garantizando que su monto sea suficiente para cubrir necesidades básicas.

3. Incentivos para el trabajo formal: Implementar políticas activas que promuevan la formalización laboral de las mujeres más jóvenes, evitando que estas exclusiones se reproduzcan en el futuro.

4. Reconocimiento de los aportes por tareas de cuidado: Extender los programas que valoran los años dedicados a la crianza de hijos o al cuidado de familiares como parte del cómputo para acceder a una jubilación.

El reto de avanzar hacia una sociedad más inclusiva

El fin de la moratoria pone en evidencia la necesidad de reconfigurar las políticas públicas para incluir a quienes históricamente han sido excluidos del sistema previsional. Una sociedad que no cuida a sus mayores, especialmente a aquellas mujeres que dedicaron su vida al trabajo no remunerado, es una sociedad que pierde la oportunidad de ser más equitativa y solidaria.

La jubilación para amas de casa no es solo un derecho, sino un mecanismo que fortalece el tejido social, dinamiza la economía y promueve una mayor igualdad de género. Abandonar este camino tendría consecuencias graves no solo para las mujeres afectadas, sino también para el bienestar de las familias y la estabilidad económica del país.

La apuesta debe ser hacia políticas inclusivas que sigan reconociendo el valor del trabajo de cuidado, garantizando una vejez digna para todas las personas. El sistema jubilatorio no es simplemente una herramienta económica, sino una manifestación de los valores fundamentales de justicia social, solidaridad y equidad que una sociedad debe promover. El Artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece de manera clara e irrenunciable la obligación del Estado de garantizar el derecho a la seguridad social, incluidas las jubilaciones. Este mandato no es un privilegio ni una concesión, sino un derecho adquirido por los ciudadanos a lo largo de su vida laboral y un reflejo del pacto social que sostiene a nuestra comunidad.

El sistema jubilatorio no es simplemente una herramienta económica, sino una manifestación de los valores fundamentales de justicia social, solidaridad y equidad que una sociedad debe promover. El Artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece de manera clara e irrenunciable la obligación del Estado de garantizar el derecho a la seguridad social, incluidas las jubilaciones. Este mandato no es un privilegio ni una concesión, sino un derecho adquirido por los ciudadanos a lo largo de su vida laboral y un reflejo del pacto social que sostiene a nuestra comunidad.

En la actualidad, el sistema jubilatorio argentino enfrenta múltiples desafíos:

* El impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios, que afecta la calidad de vida de las personas mayores.

* La exclusión previsional, especialmente de sectores informales o de quienes no lograron completar los años de aportes requeridos.

* La sostenibilidad financiera del sistema, en un contexto de envejecimiento poblacional y creciente presión fiscal.

Estos problemas no deben ser motivo para abandonar el carácter solidario del sistema previsional, sino un llamado a la acción para fortalecerlo y adaptarlo a las realidades del siglo XXI.

La sostenibilidad del sistema previsional no puede lograrse recortando derechos, sino fortaleciendo los mecanismos de inclusión laboral y previsional:

* Incentivar el trabajo formal y la generación de aportes.

* Diseñar estrategias para incluir a quienes han sido históricamente marginados del sistema, como trabajadores informales y amas de casa.

* Fomentar la participación de los jubilados en el diseño y monitoreo del sistema previsional, reconociendo su papel como actores clave en este proceso.

Conclusión

El Estado argentino tiene una responsabilidad ineludible con sus ciudadanos jubilados: garantizar que los años de esfuerzo sean recompensados con una vejez digna y protegida. Cumplir con este deber no es solo una obligación constitucional, sino una inversión en el tejido social del país. Una nación que cuida de sus mayores es una nación que respeta su historia y asegura un futuro más justo para todos.

(*) Abogada. Especialista en derecho previsional. Planificación patrimonial y sucesoria.

Por Silvia Zarza