"La violencia institucional siempre se refiere a un abuso de poder"

"La violencia institucional siempre se refiere a un abuso de poder y a la violación de los derechos humanos y sociales". Así de categórico comenzó su definición sobre esta problemática Antonio Rivero Olivera, defensor oficial civil de Goya.

La consulta de época sumó de esta manera una voz local al análisis del tema desde una perspectiva del Derecho y la Justicia en el marco de una serie de entrevistas camino al 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.

En este sentido, Rivero Olivera explicó que "en el ámbito judicial este tipo de violencia (la institucional) puede vincularse estrictamente con el acceso a la Justicia, ya sea por condiciones económicas o por condiciones de vulnerabilidad".

A la vez, advirtió que "también puede relacionarse con la tardanza de los propios juicios que hacen que el derecho o la sentencia que se dictan en definitiva, se torne inocua con respecto al derecho que se trata de proteger", afirmó.

"En cuanto a la diferencia contra otras formas de violencia contra la mujer -continuó- esta violencia suele ser más sutil porque viene por parte de los poderes del Estado en los cuales los organismos hacen abuso de ese poder casi de una forma solapada", advirtió.

También alertó que este tipo de violencia "está normalizada en el funcionamiento de las instituciones".

"Es como si estuviera arraigada esa discriminación o ese abuso de poder, y es lo que limita el acceso a las personas y la vulneración de sus derechos. Sin embargo -siguió- la violencia contra la mujer puede ser dirigida por parte de otras personas físicamente, económicamente o también inclusive intelectualmente. Eso podría ser la diferencia con la violencia institucional", aclaró.

Por otra parte, explicó que "existen variadas leyes" sobre violencia institucional, "principalmente los tratados internacionales, la Convención de Belém do Pará para la erradicación de toda la forma de violencia contra la mujer, reconocida por nuestra Constitución, las leyes nacionales de protección integral para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las legislaciones provinciales".

Precisamente, sobre lo local, Rivero Olivera recordó: "Tenemos códigos nuevos, recientemente sancionados, tanto en el aspecto procesal civil como en lo procesal de familia, en el que existe un capítulo específico que detalla expresamente el procedimiento a seguir en el caso de denuncias por violencia, ya sea intrafamiliar o violencia de género, con un trámite específico, rápido y con una serie de medidas preventivas y cautelares que se puedan dictar de oficio, inclusive, con la sola denuncia de la mujer o con alguna denuncia anónima, para prevenir cualquier tipo de violencia que se tuviese causando".

Legislación y capacitación

Respecto de que si son suficientes las leyes al respecto, el defensor judicial aclaró que "siempre los hechos, o la realidad, están un paso adelante de la ley", pero hay que poder legislar "en función de las nuevas necesidades y las nuevas formas de violencia, tanto institucional como contra la mujer o violencia de género, ampliamente, para poder erradicarla".

En este sentido, subrayó que "en realidad lo que se requiere es el conocimiento de la ley no solo por los operadores judiciales -esto es jueces, magistrados, funcionarios y empleados- sino también por los ciudadanos comunes. Muchas veces la gente no tiene conocimiento de sus derechos y esa es la principal causa de su vulneración".

Por eso, agregó luego: "Es muy importante no solo la capacitación de los funcionarios judiciales, sino también de la ciudadanía, en cuanto adónde recurrir, cuándo y en qué contexto hacerlo para que no se sientan sorprendidos por esa situación", recomendó.

"En el ámbito provincial, con nuestro reciente de Código Procesal, existe un capítulo específico donde están amparados la situación de las personas o los sujetos vulnerables, con reglas determinadas de cómo se debe llevar a cabo el proceso la intervención interdisciplinaria", valoró.

Un caso goyano

"En mi experiencia profesional, los casos de violencia institucional que tuvimos se relacionan más con el acceso a la Justicia en función del ciudadano que viene a requerir el servicio de la Defensoría", comenzó explicando Rivero, quien se desempaña en el ámbito judicial desde hace más de 20 años.

En esta línea, contó un hecho de este tipo registrado en Goya y que tuvo que atender en la Defensoría. "Nosotros tuvimos un caso en cuál defendimos a una señora que vivían en una de las islas de Goya. La cédula donde se le declaraba la situación de adoptabilidad de uno de sus chicos que se les había sacado, le llegó a través de la Prefectura. Le dejaron la cédula y ella la firmó, porque lo único que sabe es firmar, pero no leer ni escribir. O sea, era como un papel vacío para ella; no sé si la alcanzaron a explicar, pero tampoco eso hace a la cuestión", remarcó.

"Esa señora, cuando pudo salir de la isla y cruzar el río, vino meses después a la Defensoría a preguntar de qué se trataba ese papel. Y le dijimos que era una situación severa en la cual nosotros entendíamos que teníamos que actuar. Bueno, ella nos manifestó que no sabía leer ni escribir y que no entendió de lo que se trataba. Bueno, ahí recurrimos a una acción de nulidad de sentencia de cosas juzgada, para tratar de desvirtuar esa notificación entendiendo que se había vulnerado los derechos. Porque no se le llegó a explicar, con lenguaje claro, lo que refería ese documento que firmó", continuó relatando.

"Pero no tuvimos éxito, porque los plazos se encontraban vencidos. Fue una situación que llegamos hasta las instancias superiores, pero sin éxito", lamentó.

Un camino aún por seguir

"Creo que la violencia contra la mujer y la forma de abordarla es un camino que no está terminado, sino simplemente tenemos que seguir andando porque hay muchas cosas que todavía hay que mejorar. Son años de patriarcado, de pensamiento machista, que es difícil erradicar", marcó Rivero.

Al respecto, destacó sin embargo que "hay una camada de jóvenes que piensa distinto, que tiene otras formas de pensar".

Finalmente, resaltó que en la Justicia "una de las principales cuestiones que a veces puede repercutir y puede ocasionar violencia institucional es la falta de recursos, humanos, económicos y de toda índole".

Factores importantes para estar atentos en este tipo de violencia

"Creo que los inicios de la acción, la denuncia, es el primer acercamiento que tiene la mujer ante las comisarías ante los funcionarios. Ahí hay que estar muy atentos para poder ser empáticos en esa situación, no revictimizarla y no crearle una situación mucho más apremiante que la que viene", dijo a época Rivero al responder sobre las acciones que se deben tener en cuenta para prevenir este tipo de violencia hacia la mujer.

La persona que va a denunciar, generalmente no lo quiere hacer. O sea, es su última alternativa ante una situación muy difícil, entonces tenemos que ser muy cautos en las preguntas que se hacen, en la forma de analizar el caso, de requerirle los elementos que necesitamos muchas veces para iniciar el juicio, como para que ahí no se produzca la violencia institucional", resaltó el defensor judicial de la ciudad de Goya.

La perspectiva de género en la Justicia: capacitación y empatía

"La perspectiva de género en la Justicia está presente con notoriedad desde hace al menos cinco años y un poco más tal vez. Sobre todo con los programas de capacitación que hemos tenido desde el Estado, del Poder Judicial provincial. Se nos ha capacitado en perspectiva de género a todos los integrantes de la estructura judicial, desde los jueces hasta los ordenanzas", resaltó Rivero.

"Además, observo que en la sentencia existen párrafos específicos donde se habla de la perspectiva de género, se juzga en función de ella y se tiene muy en cuenta esta situación. Sobre todo cuando hay dificultad probatoria en cuanto a la situación de la víctima. En esos casos existe una empatía muy particular y una verdadera perspectiva de género poniéndose en el lugar de la mujer que muchas veces lo único que tiene es su palabra ante una situación aberrante como es la violencia física verbal o de cualquier naturaleza", remarcó.

La fecha, su origen y una jornada de reivindicación, reclamos y lucha

El Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999, en conmemoración al asesinato de las hermanas Mirabal ocurrido en 1960 en la República Dominicana.

El 25 de noviembre se estableció, entonces, como una jornada de reivindicación a las mujeres y de lucha contra cualquier tipo de violencia ejercida hacia ellas.

En este día, se invita a gobiernos, instituciones y organizaciones no gubernamentales e internacionales a convocar actividades dirigidas a concientizar y sensibilizar sobre esta problemática y reclamar políticas para su erradicación.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la violencia contra la mujer a todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Según esta organización, el 70% de las mujeres a nivel mundial experimentan violencia en el transcurso de sus vidas.

Cabe recordar que en 1981, se celebró en Bogotá el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe donde se decidió asignar al 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en memoria de las hermanas Mirabal.

Esto fue apoyado por la ONU en la década del 90 y, así, pese a los esfuerzos machistas de eliminarlas, ellas se convirtieron en un símbolo de la lucha contra la violencia de género que afecta a todas las mujeres sin distinciones.

Por Gustavo Lescano