La huelga es un derecho, pero no absoluto

En los últimos días, pero ya desde hace algunos años a esta parte, los gremios vinculados al transporte aeronáutico -así como otras organizaciones sindicales relacionadas con todo tipo de transporte de personas y cosas- han venido sometiendo a los gobiernos (y, como consecuencia adicional, y obligada, a la sociedad en general) a situaciones de inactividad laboral que se han convertido en episodios de distinta intensidad, afectando gravemente no solo el transporte de pasajeros (en términos de número de afectados, costos, tiempos), sino -en el caso del tráfico aéreo- también a la propia empresa de aeronavegación (por caso en nuestro país Aerolíneas Argentinas que, recordemos, es una empresa del Estado) causando pérdidas millonarias difíciles de recuperar en momentos económico-político-social tan difíciles como los que está atravesando el país, y a actividades relacionadas con el transporte de mercaderías y productos, cosas, órganos y tejidos humanos, cuestiones que, por su gravedad y prolongación, traspasan el umbral de la libertad de circulación, de reunión y/o el derecho de huelga.

Las organizaciones internacionales -como la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- en el análisis de este tipo de situaciones, han desarrollado distintas soluciones restrictivas o limitativas del derecho de huelga, declarando a ciertas actividades como "servicios esenciales", esto es, aquellas actividades cuya interrupción pudiera poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población -OIT, 2018- (sentido estricto del término), ampliando el ámbito de aplicación a actividades no consideradas esenciales en sentido estricto, pero, tomando en consideración -en situaciones de conflictos colectivos de trabajo- la extensión y duración de los mismos con afectación a un servicio público de importancia trascendental para el país (incluyéndose al transporte de pasajeros y mercancías) o se pudiera provocar una situación de crisis nacional aguda de manera que las condiciones normales de existencia de la población podrían quedar en peligro, debiéndose garantizar obligatoriamente el mantenimiento de servicios mínimos (Comité de Libertad Sindical, OIT; cita en Decreto 843, de 29/09/2000; Decretos 825 y 831, de 13/09/2024; Ley 17.825 -Cód. Aeronáutico-Ley 27.161, de 29/07/2015).

El derecho de huelga -así como otros derechos fundamentales- no es absoluto y está sometido a limitaciones cuando se trata de preservar la libertad (o los derechos) de otras personas, cuando entra en colisión con otros bienes básicos de los individuos o ante el mantenimiento de los servicios vitales para la comunidad (CSJN, Fallos T.251,472 y sss; CNApel.Trab., sala 3, 28(10/93; Ibáñez Mostaza F., El derecho de huelga en los servicios esenciales para la comunidad, Univ. Pontificia Comillas, Madrid, 2020).

En el derecho comparado - por citar solo algunos países -, existen distintas soluciones para este tipo de conflictos, pero siempre enfocando la cuestión en la esencialidad del servicio. En Italia, por ejemplo, la ley 146 de 12/06/1990, considera servicios públicos esenciales a aquellos destinados a garantizar el disfrute de los derechos de la persona, constitucionalmente tutelados, a la vida, a la salud, a la libertad y a la seguridad, a la libertad de circulación, a la asistencia y seguridad social, a la educación y a la libertad de comunicación (Roccella M., Huelga y servicios esenciales en el ordenamiento jurídico italiano, disponible en dialnet.unirioja.es). En España, a través de una sentencia del Tribunal Constitucional N°53/1981, se dispuso que: "Son servicios esenciales aquellos que pretenden satisfacer derechos e intereses que son, a su vez, esenciales, y por tales debe entenderse los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos".

En Portugal, la Ley 65, del 26 de agosto de 1977 (modificada por la Ley 30, del 20 de octubre de 1992) refiere a actividades que tienen como objeto satisfacer las necesidades sociales absolutamente necesarias. En Brasil, la Ley 7783/1989, hace referencia a los servicios indispensables de atención de las necesidades impostergables de la comunidad, entendiendo por tales, la supervivencia, la salud y la seguridad de la población.

En nuestro país, el Código Aeronáutico (Ley 17.285/67) ha declarado servicio esencial a la aeronáutica civil aerocomercial (artículo 2), reglamentada a través de los Decretos 825 y 831 de 2024, del Poder Ejecutivo Nacional, mientras que la Ley 25.877/2004, del Régimen Laboral, establece en el artículo 24, en el marco de un conflicto colectivo de trabajo que, "cuando se ejerza el derecho de adoptar medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas como servicios esenciales, se deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción", considerando esenciales a los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo.

En la actualidad, el Código penal no da una respuesta específica o, mejor dicho, tal vez poco satisfactoria, para este tipo de situaciones o conflictos que se suscitan en el ámbito laboral, como se observa en algunas figuras previstas dentro de los delitos contra la libertad de trabajo y asociación (artículo 158) o en los delitos de coacciones y amenazas (artículos 149 bis y ter), pero que, en mi opinión, debiera haber una respuesta punitiva para aquellas conductas que, escondiéndose bajo el paraguas del derecho constitucional de huelga, interrumpen maliciosamente servicios esenciales generando perjuicios de enorme relevancia para la sociedad.

Y, teniendo en cuenta que el Código Penal es una herramienta que, en ciertas y determinadas ocasiones debe acompañar las políticas públicas orientadas a proteger bienes jurídicos esenciales de las personas frente a los episodios de huelgas y paros sorpresivos de los gremios o sindicatos vinculados a la aeronavegación, como así de otras organizaciones gremiales que han provocado - como dije - grandes perjuicios a la comunidad en general en los últimos años, desbordando claramente los límites de los derechos que la Const. Nacional confiere a estas organizaciones, se torna necesario sancionar un tipo penal específico que reprima los ataques que, bajo distintas modalidades, pueden afectar la intangibilidad de servicios que la legislación ha considerado esenciales.

En este sentido y como Presidente de la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación (Resoluciones 25/2024, 28/02/2024, Ministerio de Justicia de la Nación; BO: 10095/24, 01/03/2024), he creído no solo conveniente, sino necesario, proponer como delito contra la Seguridad del Tránsito y de los Medios de Transporte y de Comunicación - como inciso 4to. del artículo 192 del Anteproyecto 2024 en elaboración y aprobado por unanimidad en la sesión del día 24 de septiembre de 2024 -, lo siguiente:

"La pena será de un (1) año y seis (6) meses a cinco (5) años de prisión, si, como consecuencia de un conflicto de trabajo o de cualquier otra clase, se produjere maliciosamente la afectación, impedimento, interrupción o entorpecimiento, en forma total, de la normal prestación de un servicio calificado legalmente como servicio esencial, público o privado".

A su vez, la propuesta incluye, agregar en el artículo 77, Título XVI -Significación de conceptos empleados en el Código- el de "servicio esencial", con el siguiente texto:

"Se entenderá por "servicio esencial" aquella actividad cuya interrupción pudiera poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población. En los casos de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial, quedan comprendidos en el concepto las actividades de rampa, despacho, carga y descarga de valijas y personas, como de cosas o mercaderías para ser transportadas, control del tráfico aéreo, balizamiento, dragado, amarre, estiba y remolque; los servicios aduaneros y migratorios, y/o cualquier otra actividad que fuere declarada de importancia trascendental o de utilidad pública por la autoridad de aplicación".

Seguramente esta nueva figura penal no será una solución definitiva en el ámbito de estos conflictos -en principio laborales pero que no dejan de ser, en el fondo, profundos problemas político-ideológicos-, pero ayudará en la lucha contra un tipo de delincuencia que, durante décadas, se ha ocupado de generar todo tipo de conflictos para mantener pingües intereses personales o partidarios bajo la falsa etiqueta de representar al pueblo trabajador.

(*) Prof. de Derecho penal y Extraordinario de la UNNE.