¿Qué es la reciprocidad en los aportes jubilatorios?

La reciprocidad jubilatoria es un concepto que se aplica entre las cajas de jubilación y pensiones de distintas provincias y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La idea central es que un trabajador que ha contribuido en más de un régimen pueda sumar esos aportes para alcanzar los requisitos necesarios para acceder a su jubilación, evitando así la fragmentación de sus derechos.

En Argentina, solo se puede acceder a una jubilación.

No obstante, la implementación del Decreto Reglamentario 173/2023 referido a los aportes anticipados que se pueden comprar según la Ley 27.705, para quienes no han cumplido la edad jubilatoria, ha generado un debate sobre la aplicación efectiva de este principio. En su artículo 17, el decreto establece que cada unidad de pago se contabilizará como un mes de servicios para acceder a la Pensión Básica Universal (PBU). A su vez, se indica que estas unidades pueden ser utilizadas en otras jurisdicciones dentro del marco de reciprocidad jubilatoria. Este planteo, aunque bien intencionado, ha encontrado una férrea resistencia por parte de las cajas provinciales, que prácticamente han unificado su criterio en no reconocer estas unidades como aportes efectivos.

La negativa a aceptar estas unidades se basa en el argumento de que carecen de carácter fehaciente, ya que, según las leyes que regulan su creación, su cómputo solo tiene validez para alcanzar la PBU y no para otros beneficios. Este enfoque plantea serias preocupaciones sobre la equidad y la efectividad del sistema previsional. Al desestimar estos aportes, se perpetúa una situación de desprotección para aquellos trabajadores que, a lo largo de sus vidas laborales, han contribuido en diversas jurisdicciones. Esta situación no solo limita su acceso a una jubilación digna, sino que también deslegitima el esfuerzo que han realizado.

La Ley 27.705, por otro lado, permite a los trabajadores comprar servicios para regularizar sus aportes y alcanzar los 30 años requeridos para acceder a la jubilación. Esta ley representa un avance significativo, ya que brinda a los trabajadores la posibilidad de saldar sus deudas previsionales y asegurar su futuro. Sin embargo, al igual que con las unidades de pago, el reconocimiento de estas compras de servicios enfrenta obstáculos debido a la falta de aceptación por parte de las cajas provinciales. Muchos trabajadores se encuentran en un limbo, tratando de cumplir con los requisitos mientras las administraciones no ofrecen un marco claro y accesible para hacerlo.

Además, es crucial mencionar la situación de los aportes en cajas de profesionales, que a menudo deberían contar con convenios de reciprocidad establecidos. Estas cajas, que agrupan a profesionales como médicos, abogados, arquitectos y otros, suelen tener sus propias normativas y beneficios, pero su integración con el sistema general de seguridad social es, en muchas ocasiones, deficiente. La falta de convenios de reciprocidad entre estas cajas y las provinciales impide que los profesionales que han trabajado en diferentes ámbitos puedan sumar sus aportes de manera efectiva. Esto no solo crea desigualdades, sino que también afecta la calidad de vida de quienes han dedicado años a su profesión.

Cuando un trabajador ha realizado aportes en varias cajas, la normativa actual establece que la caja otorgante, que se encargará de gestionar su jubilación, es aquella donde se realizaron la mayor cantidad de aportes. Sin embargo, esta regla puede generar confusiones y conflictos, especialmente cuando los aportes son dispares y no hay un reconocimiento claro de los mismos. La falta de coordinación entre las distintas cajas complica aún más la situación, dejando a los beneficiarios en un estado de incertidumbre respecto a sus derechos.

La resistencia a reconocer estas unidades y la compra de servicios no solo generan incertidumbre para los beneficiarios, sino que también crean un escenario de litigios y conflictos entre trabajadores y administraciones. La posibilidad de que los trabajadores deban recurrir a instancias judiciales para hacer valer sus derechos añade una carga adicional a un sistema que debería ser más accesible y amigable.

Es fundamental que se aborde esta problemática desde una perspectiva crítica. La actual falta de reconocimiento de las unidades de pago y la resistencia a aceptar las compras de servicios impactan negativamente en la seguridad social de miles de trabajadores. Este enfoque no solo perpetúa desigualdades, sino que también cuestiona la legitimidad del sistema en su conjunto. Los trabajadores que han cumplido con sus aportes merecen un sistema que les garantice derechos, en lugar de un entramado que les impida acceder a sus beneficios.

Para avanzar hacia un sistema más equitativo, es necesario un diálogo abierto entre las administraciones provinciales y nacionales que contemple las realidades de los trabajadores. La construcción de un sistema de seguridad social justo no debe ser vista como una carga, sino como una inversión en el bienestar de la sociedad en su conjunto. Un enfoque integral podría llevar a la creación de protocolos claros que faciliten el reconocimiento de los aportes realizados en distintas jurisdicciones, asegurando que todos los trabajadores sean tratados con equidad.

Además, es esencial el asesoramiento con especialistas en la materia, para luego tomar las mejores decisiones con el fin de que los trabajadores comprendan sus derechos y las opciones disponibles para regularizar su situación previsional. Esto contribuiría a empoderar a los trabajadores, permitiéndoles tomar decisiones informadas sobre su futuro.

En conclusión, la situación actual del reconocimiento de servicios en las cajas provinciales pone de relieve las deficiencias de un sistema que, en teoría, busca proteger a los trabajadores. El planteo de la reciprocidad, lejos de ser un avance, se convierte en un campo de litigios y conflictos que perjudica a los beneficiarios. La Ley 27.705 ofrece una oportunidad valiosa para regularizar aportes, pero sin un marco de reconocimiento adecuado, su impacto real será limitado.

Es momento de replantear la forma en que se abordan estos temas y buscar soluciones que realmente beneficien a los trabajadores y garanticen sus derechos. Solo así podremos construir un sistema de seguridad social que refleje los principios de equidad y justicia, asegurando que quienes han aportado con esfuerzo y dedicación no queden desprotegidos al momento de acceder a su jubilación.

(*) Abogada especialista en derecho previsional - MP 2489

Por Silvia Zarza