Preocupación por las cajas previsionales

Las transferencias de recursos federales a las cajas previsionales provinciales podría generar mayores sobresaltos en la discusión del Presupuesto 2025. Desde algunas consultoras señalan que no serían suficientes los $254.421 millones que ANSES destinaría a los organismos subnacionales.

En total, son 13 las cajas provinciales no transferidas a la administración nacional. Uno de ellos es el Instituto de Previsión Social de Corrientes (IPS) que viene reclamando, vía judicial y administrativa, una deuda por la ausencia de actualización de los envíos desde 2017. Se calcula que serían un poco más de $20.000 millones, más los intereses.

A dicho escenario se suma que en lo que va de 2024 el Gobierno Nacional no transfirió un peso a las cajas previsionales para atender el déficit. El escudo es que se encuentran en plena auditoría. Sin embargo, desde el IPS señalaron que el avance debiera acelerarse debido a que hasta el momento se estarían cerrando los ejercicios del 2017 al 2018 y están en proceso con 2019.

"De nuestra parte podemos decir que ANSES nos debe por asistencia financiamiento a la caja desde 2017. Prueba de esto es que estamos en comunicación permanente con ANSES. Estamos terminando las auditorías que están prácticamente cerradas en 2017 y 2018 con saldo favorable para el IPS. Estamos cerrando 2019 y avanzando con 2020", aclaró semanas atrás el interventor de IPS, Héctor "Tito" López.

Más allá de la sequía del año en curso, para 2025 la Nación asegura que destinará partidas al Programa Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, Grupo 07, Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales. Desde la consultora Politikon Chaco señalan que consiste en un cuarto de la deuda que mantendría con Buenos Aires, que supera los $950.000 millones, por lo que presupuestado no alcanza.

Lo hará en "concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del sistema previsional provincial, el equivalente a una doceava parte del último monto total del déficit -provisorio o definitivo- determinado de acuerdo con el Decreto N°730 del 8 de agosto de 2018 y sus normas complementarias y/o modificatorias".

Esto significa que las provincias solo podrán requerir el pago aquellas que tengan un déficit reconocido, sea provisorio o definitivo, y que surja de un acuerdo con ANSES correspondiente al ejercicio 2021 o posterior. Además, no se estipula una cláusula de actualización, lo que podría tener como consecuencia que se tome como la base de cálculo el ejercicio 2021, sin contemplar la inflación.

Las transferencias discrecionales cayeron 82%

Un informe sobre la ejecución presupuestaria de agosto de 2024 perteneciente a la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC) señala que "en los primeros ocho meses del año los ingresos totales se redujeron 4,2% en la comparación interanual mientras que el retroceso de los gastos llegó a 27,4%". Y aclara que "si bien en agosto hubo déficit financiero, en todo el período se registró superávit en este rubro, que computa el pago de intereses de la deuda".

En cuanto a las transferencias a las provincias, éstas registraron una caída interanual del 82%, ajustado a inflación. La reducción, según consigna el documento, se debe al vencimiento de la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), con un devengado de 0,06 billones de pesos. Esto equivale a una merma real interanual de 88%. Este programa tiene como finalidad contribuir a las compensaciones de las desigualdades salariales de los docentes.

El informe también detalla que "no se realizaron transferencias a las cajas previsionales provinciales" por un valor de $0,08 billones. Además, tampoco se actualizaron partidas para los comedores escolares que registraron una baja de 2,3% real interanual, ni al programa de jornada completa para estudiantes. En tanto, el Gobierno nacional redujo un 62,2% real interanual los envíos a las provincias a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).