Reiterancia delictiva, un tema para reflexionar ¿y preocuparse?

La respuesta a este interrogante debería ser afirmativa. Sí, hay que reflexionar y preocuparse pues, hace pocos días, nuestra Legislatura sancionó la Ley 6690 - actualmente en vigencia en toda la provincia (BO: 29071, de 09/09/2024) -, por medio de la cual se introdujo al Código Procesal Penal, en el Artículo 224, la causal conocida como "reiterancia delictiva", cuya finalidad no ha sido otra que restringir las posibilidades de obtener la libertad durante el curso de un proceso en el que un individuo está acusado de cometer un delito (doloso), aun sin que exista sentencia condenatoria firme. Dicho de otro modo – y pese a que la Constitución nacional, el Código Procesal Penal en vigencia, los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos, los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, navegan por carriles diferentes -, un juez puede mantener en prisión a un imputado de delito durante todo el curso del proceso, aun no concluido por sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada, con solo invocar que el sujeto sometido a juzgamiento es un "reiterante delictivo", en función de las directrices establecidas en el inciso "c" del citado artículo 224.

Ahora bien, ¿qué dice este inciso "c"?. En un texto - que luce por su oscuridad - y que seguramente habrá de generar, en un futuro no muy lejano, voces en contra de esta singular herramienta procesal, dice lo siguiente:

Artículo 224: Peligro de fuga. "Para decidir acerca del peligro de fuga se deberá tener en cuenta, entre otras, las siguientes pautas:

a) Arraigo de la persona determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto.

b) Las circunstancias y naturaleza del hecho, la pena que se espera como resultado del procedimiento, en especial la imposibilidad de condenación condicional y la posibilidad de declaración de reincidencia por delitos dolosos.

c) Las condiciones personales del imputado, especialmente el número de delitos que se le imputaren y el carácter de los mismos y/o la existencia de otra u otras investigaciones penales en su contra en las que se le haya formalizado la imputación y/o la constatación de aprehensiones y/o detenciones previas y/o la existencia de condenas anteriores y/o la alta probabilidad de que el imputado se vincule a otro u otros hechos delictivos dolosos.

d) El comportamiento del imputado durante el procedimiento en cuestión o en otro anterior o que se encuentre en trámite; en particular, si incurrió en rebeldía o si oculto o proporcionó falsa información sobre su identidad o domicilio, o contó con documentación personal apócrifa, o si intentó fugarse en el momento de la aprehensión o fue hostil y ejerció violencia contra su aprehensor, en la medida en que cualquiera de estas circunstancias permita pronosticar que no se someterá a la persecución penal" (lo destacado en negrita indica las causales de reiterancia).

El "peligro de fuga", para que se entienda, es la variable o componente que, desde un plano objetivo, debe tener en cuenta el juez para decidir la libertad del acusado y, para constatar cuando concurre esta situación de peligro, se tienen que presentar, en la cotidianeidad del imputado, alguna de las causales enumeradas en el Artículo 224, entre ellas, las del nuevo inciso "C" (reiterancia).

Pero, mas allá de lo expuesto - y de otras cuestiones que serán abordadas en otra oportunidad - lo que importa con esta nueva y no tan novedosa normativa, es determinar, en cada caso, si se dan o no las causales del inciso "C" para optar por la prisión preventiva o la libertad del imputado, lo cual no quiere significar, desde luego, que el juez no pueda escoger o seleccionar alguna otra de las alternativas previstas en el Artículo 232 del Código para evitar la prisión del sujeto sometido a una investigación criminal, sobre todo por dos razones, una porque, según la legislación vigente en el país, la cárcel o la libertad no son meras palabras vacías que implican una "opción" (que queda al arbitrio del juzgador), toda vez que - aun con la inclusión al Código de estas nuevas causales restrictivas - la libertad sigue siendo la regla y la prisión preventiva la excepción (Artículos 14, 16, 17, CPP; Artículos 18, 19 y 75.22, CN; Artículos 7 y 8, CADH; Artículo 9, PIDCyP) y, la otra razón, porque si, frente a una ponderación objetiva de la situación del imputado ante la ley, algunas de las otras alternativas previstas por el propio ordenamiento procesal en la disposición citada, aseguran su comparencia al juicio - que entraña la consecución de los fines del proceso, esto es, la averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal - entonces puede recurrir válidamente a alguna de ellas.

Dicho de otro modo, las causales previstas en el inciso "C" no son de aplicación automática (vale decir que, si se presentan, hay que negar imperiosamente la libertad), porque si así no se interpretara esta problemática, quedaría vaciado de contenido, justamente, el Artículo 232 antes aludido, cuya regulación, precisamente, posibilita a que el juez se incline por alguna de las otras alternativas legales menos severas que la prisión preventiva (por ejemplo, cuidado y vigilancia de una persona o institución, imposición de un caución, prisión domiciliaria, pulsera electrónica, etcétera).

Veamos, por caso, este ejemplo: un sujeto sometido a una investigación criminal por lesiones leves dolosas o un hurto simple, pero que aparece en su prontuario (o registro de antecedentes penales) "otra investigación penal en su contra en la que se le ha formalizado la imputación", por el mismo delito: lesiones leves por una pelea en la vía pública u otro hurto simple, situación que implica, formalmente, una causal de reiterancia, ¿se justificaría su prisión preventiva durante todo el curso del proceso (que puede durar un largo tiempo), toda vez que la ley no hace distinción alguna entre delitos graves y leves dolosos?. Si la interpretación del inciso "C" fuera automática o mecánica, este sujeto debería pasar sus días en prisión hasta que se dicte sentencia en la causa, la cual inclusive podría ser absolutoria, ejemplo que muestra que este tipo de limitaciones al derecho de permanecer en libertad durante el proceso, no puede quedar a merced del arbitrio (voluntad o capricho) judicial sino a una interpretación objetiva, racional, coherente y plausible de la norma.

Este tipo de normativas, sancionadas para restringir la libertad de la persona sometida a un proceso penal - para quienes tenemos algunos años en la profesión - ya la vivimos en otros momentos de nuestra historia legislativa en la provincia. Seguramente muchos colegas recordarán las restricciones a la excarcelación establecidas por las leyes 2945 de 1971 y 3310 de 1976 (el famoso artículo 315) - por citar solo algunas - que previeron largos listados de delitos inexcarcelables, los que, a la postre, fueron declarados inconstitucionales.

Seguramente, no pasará mucho tiempo para que las defensas de los imputados vayan a plantear la inconstitucionalidad de estas restricciones, precisamente por afectación del derecho de defensa en juicio, por violación del principio de inocencia (que es una garantía constitucional), el principio constitucional de la tutela judicial efectiva y por lesión del derecho de permanecer en libertad durante el curso del proceso. Los problemas que plantea a la sociedad la inseguridad por el avance o crecimiento del delito, especialmente en el ámbito de los delitos contra la propiedad, no encuentran la mejor y más eficaz solución en las reformas legales, sino en políticas de Estado fuertemente enderezadas a combatir la criminalidad. Las reformas legales pueden ser una buena compañía, es verdad, pero no son ni la única y ni la mejor solución.

(*) Profesor de Derecho Penal.

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).