Con el apoyo de rectores, avanza proyecto para las universidades

El Senado de la Nación tratará la ley de financiamiento a las universidades públicas nacionales. El rector de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Omar Larroza, destacó su debate y consideró que "dará mayor previsibilidad" en un contexto de puja por los fondos para la educación superior que solo alcanza el 0,14% del PBI.

El pasado viernes, a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los rectores del país demandaron el tratamiento del proyecto de financiamiento a las universidades en el Senado de la Nación que tiene media sanción de Diputados y advirtieron sobre el riesgo de desfinanciar al sistema científico nacional. En la ocasión, se elevó un anteproyecto de presupuesto universitario de cara a 2025 que implica una actualización de los sueldos con paritarias ajustadas a los índices de inflación de este año y el proyecto para el siguiente.

"De allí salió una cifra importante, pero no alcanza el 0,7% del PBI. A niveles comparativos, en otras naciones la inversión en educación superior está por encima del 2% y el 3% del PBI", explicó el rector de la UNNE en declaraciones a Radio Dos en referencia al anteproyecto del CIN.

Además, en las universidades se mantienen expectantes antes el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara Alta nacional donde aparentemente hubo un acuerdo para su sanción. "Haya o no dictamen, hay compromiso de tratar este jueves", indicó en la mañana de ayer el titular de la casa de altos estudios.

Sin embargo, el plenario conjunto de las comisiones de Educación del Senado, presidida por el camporista Eduardo "Wado" de Pedro, y de Presupuesto y Hacienda dieron dictamen favorable al proyecto para su tratamiento en una sesión ordinaria. El peronista José Mayans había anticipado que ayer se mantenían las conversaciones necesarias para anticipar la reunión de tablas para hoy.

Aunque en la noche de ayer no hubo grandes avances y las negociaciones, se estiraron para esta mañana a las 10 cuando los jefes de bloques se reúnan en labor parlamentaria junto a la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel. En dicho encuentro definirán si sesionarán en la tarde de hoy o en la mañana del jueves.

El oficialismo se opone a la sanción de la ley. Desde la Presidencia, se anticipó que correrá con la misma suerte que la reforma de la fórmula de la movilidad jubilatoria. "Es una irresponsabilidad fiscal", denominó el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza sobre ambas iniciativas, Lisandro Almirón. Para que el veto presidencial no quede firme, ambas cámaras deberán rechazarlo por los dos tercios en medio de idas y vueltas en las negociaciones por el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el medio está la educación. La ley de financiamiento a las universidades permitirá dar previsibilidad a las casas de altos estudios del país porque "hay una fórmula calculada de aumento del índice de la masa salarial y de los gastos de funcionamiento", según informó Larroza a Radio Dos.

No obstante, aclaró que las consecuencias de su no aprobación es un tema global. Continuar con las partidas atrasadas en relación con la inflación implica "postergar obras, postergar el recupero de los valores históricos de los salarios que están en el 50%, de los investigadores. No tenemos respuestas ni en equipamiento ni en becas. Sería prolongar los problemas y recrudecerlos", sostuvo el rector.

El titular de la casa de altos estudios señaló que dicho cálculo exhibe un presupuesto racional que "no invade el objetivo del superávit fiscal del Estado". Por lo tanto, "esta proyección no estaría afectando esa meta del gobierno nacional".

La ley de financiamiento universitario fue impulsada por el radicalismo en Diputados. Entonces, el dictamen de minoría de la UCR, Encuentro Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal logró el acompañamiento de 143 legisladores en el recinto. Se espera que en esta ocasión, el Senado discuta la iniciativa sin grandes sobresaltos más que el ya anticipado veto presidencial.

El proyecto propone garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el territorio argentino en lo que resta de 2024, ya que fue un año conflictivo. La iniciativa propone que se actualicen las partidas presupuestarias y se recompongan los salarios docentes y no docentes por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Esto significa, equiparar a lo perdido por la inflación.

Cabe mencionar que el Gobierno de Javier Milei avanzó con un incremento del 70% de los gastos de funcionamiento, lo cual representa aproximadamente un 10% del presupuesto total de las universidades. Los docentes y no docentes permanecen en medio de un conflicto salarial ya que las actualizaciones implicaron una pérdida cercana al 50% del poder adquisitivo en relación con la inflación, según los reportes de las federaciones sindicales. De allí que no se descartan nuevas medidas de fuerza en el sector y movilización.

Mientras tanto, la educación superior continúa funcionando sobre la base de una prórroga de partidas correspondientes al Presupuesto 2023 y con algunos refuerzos presupuestarios. De no aprobarse la iniciativa en el Senado las casas de altos estudios volverían a "un plano de incertidumbre", según anticipó Larroza.

El rector, no obstante, aclaró que "este año la UNNE no tendrá problemas" y consideró que "el sistema está en condiciones de soportar hasta fin de año". No así, es necesario tener "un grado de previsibilidad que nos permita a quienes formamos parte del Estado tener los objetivos con antelación".

"Hoy no sabemos cuál es nuestro presupuesto original", sostuvo el titular de la casa de altos estudios en declaraciones a Radio Dos. "No sabemos cuál será en función de la asignación de que no se establecen las cifras a las que hemos llegado este año", indicó.

Aunque todo sería cuestión de distribución. Según un informe que difundió el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA), que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los recortes que Nación aplicó al sistema universitario nacional alcanzan una caída del 0,14% del PBI. Esto equivale a los beneficios impositivos que obtuvieron los sectores más pudientes del país a través del impuesto a los Bienes Personales, la sanción del paquete fiscal y la Ley Bases.