Desde SADAIC afirman que los salones de fiesta deben pagar
Especifican que al ser una actividad básicamente lucrativa, tanto sea el alquiler en sí mismo como habilitar el uso de música, es incuestionable que obtienen un beneficio económico. Además, señalan que el decreto es absolutamente impreciso en su redacción.
El Gobierno nacional dispuso algunas modificaciones en este sector que protege los derechos de los autores y compositores. El decreto 765/25 ha modificado dos artículos del decreto 41.233/34 reglamentario de la ley 11.723 y desde SADAIC interpretan que los salones de fiesta deben continuar con el pago por cada evento que realicen.
Obdulio Barboza es el titular regional de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC). Su representación alcanza a las provincias del Nordeste Argentino (NEA) -Corrientes, Misiones, Formosa y Misiones- y dejó su postura de las medidas del gobierno de Milei.
En la mañana de ayer, época consultó con representantes de este espacio e informaron que la institución pone reparos e interpreta que hay sectores que deben cumplir con el pago, como lo venían haciendo antes de la resolución de Nación conocida en los últimos días.
En un comunicado, la seccional NEA de SADAIC expresa que el artículo 33 que define el concepto de comunicación al público y establece que "a los efectos de artículo 36 de la ley 11.723, se entiende por representación o ejecución pública aquella que se efectúe - cualquiera que fueren los fines de la misma - en un espacio de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas".
Remarcan que no existe representación o ejecución pública cuando la misma se desarrolla en un ámbito privado, sea este de ocupación permanente o temporal.
"El último párrafo mencionado fue interpretado como una excepción amplia que extiende el concepto de ámbito privado a los salones de fiesta y, por ende, estos no deberían pagar los derechos que la Sociedad percibe por el uso de obras musicales. Esta interpretación es errónea", explicó Barboza en el escrito que llegó a la redacción de época.
"En primer lugar, cabe señalar que el decreto es absolutamente impreciso en su redacción y no define que es ámbito privado. Por tal circunstancia, en tanto su aplicación conlleva una afectación de derechos, su interpretación debe ser hecha en forma restrictiva".
"En este sentido, bajo ningún aspecto puede considerarse el término ocupación como comprensivo de la concurrencia a un salón de fiestas con motivo de una fiesta social", agrega.
Por otra parte, en lo específicamente referido a los salones de fiestas, el artículo 35 según la redacción del decreto 765 establece claramente su obligación de pago.
La norma mencionada establece en su segundo párrafo que los titulares de derechos tienen el derecho de percibir una remuneración equitativa de cualquier persona que en forma ocasional o permanente obtenga un beneficio económico directo o indirecto con la utilización pública de una obra.
Dijo que los salones de fiestas están totalmente encuadrados en el precepto mencionado.
En efecto, su actividad es básicamente lucrativa - tanto sea el alquiler del salón en sí mismo como habilitar el uso de música - es incuestionable que obtienen un beneficio económico directo o indirecto con la utilización pública de una obra y, por ende, deben pagar una remuneración equitativa a los titulares de derechos.
En la práctica, el hecho que los titulares de los salones de fiestas trasladen la obligación de pago a quien contrate el salón, no los eximía ni los exime de su responsabilidad primaria por el pago de los derechos.
Consecuencia de lo expuesto, muy por el contrario de lo que fue firmado en diversas publicaciones, los salones de fiesta deben pagar los derechos que correspondan por el uso de música en las fiestas sociales.