Salta: mató a su gato y deberá pagar 30 castraciones

Una empleada de la municipalidad de Cachi fue filmada cuando mató a su gato el 9 de julio pasado. Tras una denuncia, la mujer fue imputada por maltrato animal. Esta semana mediante un acuerdo le fueron impuestas medidas reparatorias. Mientras se siguen cometiendo actos de crueldad contra los animales, a nivel nacional se debate la "Ley Conan", con la que se pretende endurecer las sanciones a este tipo de conductas.

El fiscal Daniel Escalante intervino en esta causa que se originó a partir de una exposición radicada en la Comisaría 1º de Cachi el pasado 9 de julio por un turista de la provincia de Córdoba. El denunciante, que se encontraba alquilando una cabaña en el paraje Fuerte Alto, manifestó que una vecina habría matado a un gato ahorcándolo. La policía obtuvo un video de una persona que no quiso identificarse, en el cual se observa el hecho denunciado, y así se identificó a la acusada. 
 
La abogada Carmen Cartagena Céspedes, representante legal de la Fundación Ajuya Jalala, se comunicó ese mismo día con el fiscal para informarle del caso y solicitar su intervención. Al día siguiente se presentó como querellante. 

Ese fin de semana la acusada fue detenida. En la imputación el fiscal Escalante explicó que la ley 14.346 protege a los animales como "sujetos de derechos", y destacó que la conducta de la acusada afectó a un ser vivo capaz de sufrir, no a un objeto. Mencionó recientes estudios y jurisprudencia que reconocen a ciertos animales como "personas no humanas", merecedoras de derechos básicos como el de no ser torturados ni maltratados; citó a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que recientemente afirmó que los animales deben ser protegidos. En otro caso, el funcionario también se pronunció en idéntico sentido.

Cartagena Céspedes contó a Salta/12 que el abogado defensor de la acusada le propuso un acuerdo para pedir probation, una suspensión de juicio a prueba, y le consultó si la querella tenía algún requerimiento especial "entendiendo que se trata de una persona primaria en el delito y que no tiene ningún antecedente". La abogada dijo que la mujer tenía la posibilidad de accceder a este beneficio y aceptó el acuerdo, aunque solicitó "ciertas medidas".

Querella y defensa acordaron esta semana que la acusada pagará 30 castraciones a gatos en situación de calle en Cachi, a cargo de un veterinario designado. Asimismo, la Asociación Hocicos Fríos Cachi realizará controles del estado de los otros animales que están a cargo de la imputada, incluyendo medidas de saneamiento y vacunación, y la esterilización si es necesario, para evitar su reproducción.

Todas esas medidas fueron requeridas por Cartagena Céspedes, pero la abogada también había solicitado que se le prohibiera a la acusada la tenencia de animales. "Además, va a realizar conmigo un curso de derecho animal de manera virtual", señaló. 

Dentro de las medidas reparatorias, la mujer deberá realizar un mural de concientización e información sobre los derechos de los animales y su protección jurídica, en una pared designada por la Municipalidad de Cachi. 

Fuente: Página 12