Siete meses de Gobierno, un niño perdido y un proyecto para distraer
El presidente de la Nación, Javier Milei, cumple su séptimo mes a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación y pese a que se ha aprobado, con varias modificaciones la tan mentada Ley Bases, hoy los mercados no dan buena señal entorno al dólar "blue" que según el Jefe de Estado debería legalizarse o bien que la regla de circulación la fije el mercado -, hoy todo acuerdan que está disparado y el riesgo país también, sin inversión que aliente salidas laborales y más despidos, sin aliento al consumo con alta recesión y sin importación, las expectativas no son muy halagüeñas.
Los mercados que venían acompañando con expectativa de usufructuar las medidas, creo, se cansaron de esperar y ya no acompañan. Y ante todo esto ocurre lo de Loan, este niño de cinco años de la localidad de 9 de Julio que se transforma en un emblema de la desaparición de menores en Argentina y que lejos de buscar una salida de investigación judicial que nos acerque a la justicia, buscan una salida política que desmejora el humor de la sociedad que "ya no cree en nada".
Son muchos los niños que desaparecen en el país, pero Loan es bandera y de ahí que no puede ocultarse el sol con la mano, como suele hacer en casos similares y la sociedad espera respuesta, que hasta hoy no aparecen. Y cuando digo respuesta, digo real, no las que se pretenden que son meras ficciones.
Si a eso sumamos que "la motosierra" derribó instituciones como las que combatían la trata de personas en el país, y que incluso hoy - son reconocidas como instituciones que funcionaban y la colocación al frente del organismo de una persona cuestionada. La salida que encontraron es tratar de genera un efecto en la comunidad y la vuelta a la escena de los hechos de inseguridad: que lejos de intentar concretar políticas públicas de prevención, crean la teoría "del enemigo" y seleccionan a los más vulnerables y de ahí impulsan la baja de edad de imputabilidad a los 13 años. Sí, ellos son los responsables de la inseguridad (ellos son el enemigo) y entregan al derecho penal la potestad de resolver una cuestión social, groso error.
El poder político se encarga de criminalizar a los niños y da rienda suelta al derecho penal para que pueda adelantar las barreras de punibilidad para, supuestamente, proteger bienes jurídicos y de ahí que flexibilizar las garantías procesales que conmueven los derechos fundamentales de los niños (como estudiar, recrearse, tener buena salud, vivienda, etcétera), con la teoría antes mencionada (teoría del enemigo).
Los chicos dejan de ser personas y lo transforman en enemigos de todo el sistema y que atentan (dicen) contra toda la comunidad porque "eligieron vivir al margen de la ley" de manera permanente. Se suele oír: "saben los que hacen" y, por ello, a delito de adultos pena de adultos, solo para justificar y fundar la teoría del enemigo. De ahí que el niño deja de ser persona en los términos del derecho es frontal, decidas y sin tapujos, este derecho penal del enemigo, si bien es alentado y fundado por el poder político y ante su fracaso de políticas públicas de prevención, pero traslada al Poder Legislativo para que cree leyes que imponen sanciones de características inflacionarias a modo de derecho penal simbólico con escasa efectividad.
La realidad es que la contrapartida del derecho penal del enemigo es el derecho penal del amigo, que es lo que se pretende ocultar y que no es otra cosa que la construcción de modos aberrantes de impunidad de hechos graves que están en cabeza de los amigos donde existen los sobreseimientos exprés, omisión de responsabilidad evidente, o absoluciones insólitas e inexplicables, que no son otra cosa que datos sociológicos de la distorsión del sistema de justicia.
Claro vemos como la idea de bajar la edad de imputabilidad no es otra cosa que una medida meramente distractiva, que no surtirá efecto a los fines de la seguridad sino que traerá aparejado mayor exclusión y criminalización de sectores vulnerables y que solo sirve para sesgar la mirada de un país cuyas expectativas de crecimiento son cada vez más ilusas.
Siete meses de Gobierno: sin respaldo de los mercados, con un niño (más) perdido y la intensión de bajar la imputabilidad a los 13 años como una acción distractiva.
(*) Abogado especialista en Derecho Penal del Menor y la Familia.