Las reformas, un acierto
La AFIP DGA fue y es rápida y expeditiva a la hora de dictar normas, aplicar sanciones y exigir cumplimiento bajo apercibimientos de sanciones. Pero no lo es para cumplimentar las nuevas y levantar las medidas sancionatorias.
El Gobierno actual procedió a efectuar cambios en la normativa aduanera en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/23 con el objetivo, entre otros, -y según se desprende de los considerandos de la norma aludida- de reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impidan su normal desarrollo promoviendo una mayor inserción en el comercio mundial e indicando, además, la necesidad de eliminar el registro de exportadores e importadores y facilitar las operaciones de comercio exterior y el régimen disciplinario para auxiliares del servicio aduanero.
Esto se dio también y a propósito de la interpretación efectuada por el Ministerio de Economía al respecto, a fines de adecuar las pautas procedimentales de la Aduana y dio un paso importante en el camino del levantamiento de las restricciones vigentes en el mercado cambiario al eliminar las sanciones aduaneras a los exportadores que no liquidaban en un plazo determinado ya que claramente era una obligación que está regulada y en la esfera del Banco Central. Lo hizo a través de la Instrucción General N°6/2024, el organismo dependiente de la AFIP del 21 de mayo que derogó la normativa anterior y vigente en el gobierno anterior.
¿Cómo era y en qué marco se operaba el manejo de tales cuestiones en el Gobierno anterior? La aduana se arrogó funciones propias del Banco Central en los gobiernos de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández y por medio de la normativa reglamentaria (de rango inferior a las Resoluciones) y en clara flagrancia al principio de legalidad iniciaba sumarios disciplinarios en los que procedía a suspender por 45 días a los exportadores que no ingresaban las divisas desde el exterior o en su defecto debían garantizar el monto correspondiente. Estos exportadores, al concluir los sumarios mencionados, en la mayoría de los casos eran suspendidos hasta dos años, cuando no eran eliminados del Registro de exportadores importadores, lo que claramente provocaba un grave perjuicio a los mismos, al no poder operar y, por ende, trabajar.
Es del caso mencionar que la mayoría de las defensas en esos tiempos, (es decir hace casi seis meses a la fecha del dictado de la reciente normativa) de los exportadores alegaron la inconstitucionalidad de esa normas pues se atribuían y arrogaban funciones que son de la órbita del Banco Central de la República y, dicho sea de paso, la máxima autoridad bancaria de Argentina tampoco se inmutó ni se pronunció al respecto de la invasión a su competencia por la Aduana. Es más, la avaló pues, claramente, vale decirlo la AFIP DGA y también la AFIP DGI se erigió en los gobiernos peronistas anteriores en el caballito de batalla de los mismos, creando normas de dudosa interpretación y sin jurisdicción ni competencia y de esa manera extorsiva e ilegal hacer que los operadores aparezcan como los causantes del descalabro del comercio exterior en Argentina aplicando las sanciones comentadas más arriba.
Bajo tales premisas, se establecieron una serie de modificaciones al Título III de la Sección I del Código Aduanero -Ley 22.415 y sus modificatorias- entre las cuales cabe puntualizar la efectuada al artículo 92 .
Ese punto "en su redacción actual, dispone que todas las personas humanas y jurídicas podrán solicitar destinaciones aduaneras y realizar operaciones de comercio exterior sin necesidad de inscribirse en ningún registro".
En esta sintonía, el artículo 108 de dicho Decreto derogó, entre otros, el Artículo 97 del Código Aduanero,
En el mismo sentido, resultaron alterados sustancialmente los requisitos y condiciones de actuación de los importadores y exportadores y, en particular, el régimen disciplinario y las sanciones aplicables a dichos sujetos.
Ese punto "en su redacción actual, dispone que todas las personas humanas y jurídicas podrán solicitar destinaciones aduaneras y realizar operaciones de comercio exterior sin necesidad de inscribirse en ningún registro".
Respecto de esto último manifiesto que no será tan fácil llevar a cabo tal tarea, pues algún patrón de registro tendrá que establecerse para ello. Esperemos el reglamento.
"La información antes mencionada sobre falta de ingreso de divisas, era aprovechada como insumo para la detección de exportadores potencialmente inconsistentes y remitida también para la intervención de la Dirección General Impositiva, en el ámbito de sus competencias".
Mi colega amigo y ex compañero en la AFIP DGA, también experto en derecho aduanero, Juan Sluman manifestó que "esas instrucciones generales que se están derogando eran una barbaridad jurídica porque invadían la competencia del Banco Central en un tema cambiario que es el control del ingreso de las divisas".
Hasta ahora eran consideradas "como una falta de naturaleza en la actividad aduanera, lo cual no tiene nada que ver. La consecuencia de eso era abrir un sumario disciplinario aduanero y suspender preventivamente a los exportadores".
De esta manera, "no podían operar, era un mecanismo extorsivo e ilegal que además invadía la competencia del Banco Central".
Con este cambio normativo, la Aduana "deja de suspender en el registro de importadores y exportadores automáticamente a todos los que suspendía por esas causas y ahí envía a cerrar las causas que ya tenía abiertas los sumarios disciplinarios con las suspensiones".
"Tiene efecto práctico en el ámbito aduanero, que es el ámbito más sensible donde se suspendía al importador y exportador. Después quedará por definir lo correspondiente al Banco Central".
Resumiendo
Las disposiciones de la reciente medida comenzaron a regir desde el día de su dictado y los principales puntos a considerar, son los siguientes:
* No es necesario un registro de importadores.
* Ya no resulta competencia de la DGA llevar a cabo el control de ingreso de divisas de operaciones de exportaciones, quedando tal responsabilidad bajo la órbita del BCRA.
* Las actuaciones que se encuentren en trámite al amparo de la Instrucción General DGA N° 7/22 procederán a ser archivadas por parte de las áreas intervinientes.
Para finalizar, y a mi humilde entender, debo decir que si bien la normativa ya es aplicable, quedan por definir cómo hacerlas operativas y creo lo será por medio del dictado de una expeditiva reglamentación interna. En cuanto a los exportadores sumariados y con garantías constituidas la Aduana deberá archivar y levantar suspensiones, además de desafectar y devolver las carísimas garantías que constituyeron los exportadores para seguir adelante con su operativa. Creo que ante la falta de decisiones al respecto, según mi propia experiencia, los mismos deberán efectuar presentaciones solicitando la inmediata aplicación de las nuevas normas y así poder seguir operando normalmente y cancelar las garantías.
Una cosa queda en claro
La AFIP DGA fue y es rápida y expeditiva a la hora de dictar normas, aplicar sanciones y exigir el cumplimiento (difícil) de las mismas bajo apercibimientos de sanciones disciplinarias; sin embargo no lo es la hora de tener que cumplimentar las nuevas y levantar las medidas sancionatorias por ella misma aplicadas durante años. La desigualdad fue la regla, más no la excepción. Ahora creo que ello se debe invertir de aquí y en adelante por el bien de los exportadores, importadores y de nuestra balanza comercial.
(*) Abogado - Especialista en Derecho Aduanero y Tributario
palmas@arnet,com.ar