Casanello intimó nuevamente al Gobierno nacional

El juez federal Sebastián Casanello reiteró su exigencia al Gobierno para que entregue los expedientes pertinentes sobre las compras de alimentos almacenados en los depósitos de Capital Humano. En respuesta, el Ministerio dirigido por Sandra Pettovello anunció esta mañana su compromiso de cumplir con todas las solicitudes, según fuentes consultadas por La Nación.

Hace una década, Casanello emitió una medida cautelar que incluía tres órdenes al Gobierno: presentar un plan de distribución de los alimentos almacenados (que fue apelado por Capital Humano y confirmado ayer por la Cámara), informar el inventario completo de los alimentos acumulados y proporcionar los expedientes de cada compra. Sin embargo, la gestión nacional no cumplió con esta última solicitud, a pesar de solicitar repetidas prórrogas. 

Estos expedientes son cruciales para determinar si los funcionarios públicos acusados cometieron un delito al no cumplir con sus deberes en la distribución de los alimentos, una denuncia realizada por Juan Grabois, promotor de la causa, y que la fiscal Paloma Ochoa y el juez Casanello están investigando. Este es el objetivo central de la investigación.

Los expedientes que el juez está solicitando deben contener las normativas y justificaciones de las compras de alimentos, así como el destino previsto para los mismos, lo que los convierte en pruebas fundamentales para los investigadores. 

Cuando el Gobierno apeló la decisión del juez, argumentó que constituía una intromisión del Poder Judicial en la esfera de competencia del Poder Ejecutivo Nacional, alegando que es responsabilidad del Ministerio de Capital Humano ejecutar la política de seguridad alimentaria. Sin embargo, la confirmación de la Cámara Federal respalda la decisión de Casanello, y Capital Humano anunció que presentará toda la documentación requerida.

El voto del juez Farah fue categórico, ya que advirtió que si Pettovello no cumple con lo ordenado, su conducta constituirá desobediencia a una orden judicial, y el juez de grado deberá verificar que se cumpla la orden de manera adecuada y oportuna. Además, Farah indicó que si el Gobierno desacata la orden de la Cámara, él deberá presentar una denuncia criminal y solicitar el auxilio de la fuerza pública para asegurar la disposición inmediata de los alimentos a través de las entidades más adecuadas para distribuirlos a quienes más los necesitan.

En su voto, Irurzun respaldó la medida cautelar y destacó la necesidad de ajustar y redirigir la investigación de acuerdo con el presunto incumplimiento de los funcionarios en el reparto de alimentos.