Sublevaciones de tropas veteranas

En los comienzos del siglo XIX, cuando la provincia había logrado su autonomía después de la disolución de la llamada "República Entrerriana" de Pancho Ramírez, para organizarse militarmente, una de las decisiones que tomó Juan José Fernández Blanco, el primer gobernador constitucional, que probablemente era el correntino con mayor experiencia militar del medio, como que había sido el creador de los Cazadores Correntinos, y había luchado a su frente contra los invasores ingleses, fue instalar una dotación de fuerzas permanentes, que por entonces se denominaban "veteranas" en San Fernando de Garzas, en un paraje cercano a una laguna próxima a Bella Vista donde hacia 1774 se asentara una reducción de indios abipones.

Allí tuvieron su guarnición tropas de caballería ligera conocidas como "dragones", que prestaban un servicio singularmente duro, porque aparte de ser reclutados incluso recurriendo a la leva forzosa, debían cumplir cuatro años como mínimo, recibiendo malas raciones, deficientemente uniformados, e incluso recurriendo a las cacerías de monos, cuyos cueros eran entregados a cambio de pólvora.

En dos oportunidades, los dragones se sublevaron, durante las gestiones de gobierno de Juan José Fernández Blanco en 1824, y de Pedro Ferré en 1825.

Sobre el alzamiento durante el gobierno de Fernández Blanco, la presuntamente omnisapiente Wikipedia pretende que "En un complicado trámite, logró vencer sin efusión de sangre la rebelión del coronel Agustín Díaz Colodrero, que fue expulsado de la provincia". En realidad, la sublevación la yugula el Congreso provincial obrando como cuerpo, y los registros históricos parecieran dar fe de que Fernández Blanco no tuvo la fuerza suficiente para ello.

Siguiendo un orden documental, los registros de la época dan cuenta de que el 18 de febrero se ordena levantar un sumario para esclarecer lo acaecido en el Cuartel general de Garzas durante el mes de enero. Recibe orden de sustanciarlo Manuel Antonio Ledesma, un sargento mayor de dragones que habría sido el de mayor jerarquía en el lugar. El sumariado es un tal Luis Pérez, al que se acusa de haber agitado a la guarnición. El 12 de abril, se suspende en el mando al Comandante General de Armas, Agustín Díaz Colodrero, y el 19 los dragones protagonizan una cabalgada por la ciudad de Corrientes, entregando un Manifiesto (del que no quedan rastros) en el Congreso, que sesiona en el edificio del Cabildo, que estaba donde ahora se alza la Jefatura de Policía, y funcionó como tal por última vez ese año.

Al día siguiente, el 20 de abril, el Congreso, que está instalado desde el 15 de marzo de 1824, y, entre otras cuestiones, ha sido convocado para elegir un nuevo gobernador, designa a Juan Baltazar Acosta, su Secretario, y a Fray Conrado López para que investiguen los sucesos relacionados con Garzas. El 21, el Congreso le ordena al Gobernador que informe sobre las acciones que está desarrollando para restablecer el orden. Sobre fines de abril, el 27 y 29, el Congreso legisla sancionando al diputado Pedro Colodrero, sospechado de complicidad en la "insurrección". Primero le cortan un pago y después lo suspenden como Legislador.

El 1 de mayo, ya se habla de "movimiento revolucionario" y el Congreso le ordena al Gobernador que designe una comisión "que deba entender y actuar el esclarecimiento del origen, medios y fines de los autores que causaron el desagradable movimiento del 19 de abril". El día 8 de mayo, como ya se ha hecho evidente que el Gobernador por sí sólo no tiene la autoridad suficiente para actuar, la refuerzan haciendo que sea permanente la Sala de Representantes, y que resida en ella el poder legislativo.

El 22 de mayo, se dispone que el proceso por la "revolución de los Dragones pase al Cabildo para ser sentenciado" en un plazo de 8 días.

El 2 de junio se dicta sentencia, que oficializa un Decreto del día 12. Condenando a Agustín Díaz Colodrero y Manuel Antonio Ledesma "al entrañamiento de la provincia y sus términos" por cinco años. Si cumplido el destierro retornan, no pueden obtener empleos ni comisiones particulares, civiles o de hacienda. A Ledesma le imponen además una multa de mil pesos. Otro implicado, Agustín Mallorca, dos años de confinamiento severo bajo vigilancia en Caá Catí. El comerciante Manuel Díaz y los demás arrestados, son puestos en libertad.

El 4 de junio, el Congreso confirma la sentencia, pero además ordena que Díaz Colodrero y Ledesma sean desterrados a la Banda Oriental, y que si retornan antes de transcurridos los cinco años se les confisquen todos sus bienes. También reduce a 500$ la multa de Ledesma y a un año el destierro de Mallorca. Asimismo ordena que se expulse de la provincia en un plazo de un mes a Manuel Díaz, y que todos los oficiales, sargentos y cabos que firmaron el Manifiesto, comparezcan ante la Sala para recibir una severa reprensión. El 10 de junio, el Congreso ordena que Manuel Antonio Ledesma sea llevado a Buenos Aires para su deportación a la Patagonia por el tiempo de su condena, pero dos días después dejan vigente la sentencia original. El 4 de agosto, ya ha sido disuelto el escuadrón de Tropas Veteranas de Garzas y comienzan a turnarse cada vez y medio allí las milicias. La primera en concurrir es la itateña, bajo el mando de Juan Antonio Güerí.

La sublevación de 1825 es diametralmente opuesta. En principio porque no intervienen oficiales, sino sólo tres sargentos y tres cabos. Lo sublevados avanzan hacia Goya, donde para evitar males mayores les entregan yerba, tabaco y dinero. La Legislatura, aprueba una Ley que otorga plenos poderes al Gobernador.

El que está al mando es Pedro Ferré, que procede rápidamente, echa mano de las tropas veteranas de Bella Vista que no se han sublevado, y de las milicias de Saladas y San Roque, y cae sobre los alzados, que se entregan sin disparar un tiro. De inmediato, en un juicio sumarísimo, condena a muerte a los cabecillas, afirmando que, "De todos los males que pudieran afligir a la Provincia, ningunos son comparables con los que a la vez ha producido la anarquía y el Desorden. Sus estragos aún se dejan sentir en todos los puntos del territorio y están demostrando los efectos terribles de aquella Verdad. Nada sería más perjudicial que la renovación de aquellos males, ni nada más criminal en la Autoridad que la moderación en tales circunstancias. El escandaloso movimiento ejecutado en Curuzú Cuatiá por la 1ª y 3ª Compañía del Escuadrón de Dragones, ha abierto un flanco en la seguridad del país, y comprometido el crédito y honor de sus habitantes. Él ha turbado la tranquilidad pública, y dado un ejemplo peligroso de insubordinación que pudo tener fatales resultados, a no haberse ocurrido cortarlos con energía y rapidez. Es pues eminentemente necesario poner término a la arbitrariedad para garantir la vida Política de los Pueblos. El Gobierno en vista de estas consideraciones, y después de haber adquirido todos los conocimientos que han sido precisos sobre las causas que produjeron la Revolución de la 1ª y 3ª compañía de Dragones, ha venido en condenar como condena a la pena ordinaria de muerte a los Sargentos Matías Custidiano, Benigno Barrios y Blas González; y los Cabos Luis Cardozo, Bernardo Antelo y Bonifacio Romero, como cabeza y promotores de aquel desagradable acontecimiento; con la calidad de que ellos sean ejecutados en la Plazoleta de la Cruz de los Milagros, y sus cadáveres queden a la expectación pública por el término de una hora, para que produzcan un útil escarmiento que contenga a los demás en sus obligaciones y deberes. Dado en esta Capital de las Corrientes a los siete días del mes de Noviembre de mil ochocientos veinte y cinco. Pedro Ferré"

Según parece, la pena de muerte se ejecutaba por ahorcamiento. Las últimas comidas y el entierro de los reos, se pagaban con las limosnas que los sacerdotes suplicaban de los fieles. Como quiera que sea, una faceta poco conocida de Pedro Ferré y de su época.

Por Jorge Enrique Deniri

Junta de Historia de Corrientes