Las sentencias judiciales que ANSES no cumple

En nuestro sistema democrático de gobierno, las sentencias judiciales son la forma en que los tribunales emiten decisiones y resuelven conflictos legales. Estas decisiones deben ser acatadas por todas las partes involucradas, ya que no hacerlo acarreará consecuencias graves.

Si una persona o entidad no acata una sentencia judicial, se considera un acto de desacato a la autoridad judicial. Esto puede resultar en sanciones legales, que van desde multas económicas hasta incluso la privación de la libertad para el caso de personas físicas.

Es importante destacar que las sentencias judiciales están respaldadas por el estado y son vinculantes. El incumplimiento de una sentencia no solo es un delito, sino que también socava la integridad del sistema judicial y puede conducir a su pérdida de confianza.

El desacato se define como el acto de desobedecer o ignorar las órdenes de un tribunal. En la mayoría de los sistemas legales, el desacato es considerado un delito que atenta contra la autoridad y la integridad del Poder Judicial.

Una de las principales consecuencias legales por desacatar una sentencia judicial es la imposición de multas económicas. Los tribunales tienen la facultad de imponer multas a aquellos que no cumplan con sus órdenes. Estas multas pueden ser significativas y aumentar con el tiempo si persiste el desacato.

El sistema legal está diseñado para mantener el orden y garantizar la justicia dentro de una sociedad. Cuando alguien evade o ignora las decisiones judiciales, socava la integridad de este sistema y puede generar un sentimiento de impunidad en la comunidad. Esto puede tener un impacto negativo en la confianza de las personas en el sistema legal y en la percepción general de la justicia y la equidad en la sociedad.

Ahora, ¿qué pasa cuando lo injusto se vuelve justo ante los ojos de muchos? Cuando la justicia deja de tener una respuesta absoluta para convertirse en el reflector de muchas miradas, puntos de vista, circunstancias. Hoy en día, ante casos de mucha difusión y trascendencia, todos nos convertimos en expertos juristas y opinólogos, condenando o liberando de culpa y cargo, con muchísima liviandad.

La injusticia se define como "la falta de justicia, de bien común y de equilibrio dentro de diversos grupos sociales, que pueden ir desde la comunidad toda, hasta el sujeto individual. Como tal, la injusticia implica principalmente la falta de respeto por los derechos, tanto de los individuos como de la sociedad en su conjunto".

¿Qué nos hace entonces aceptar la injusticia?

Aunque en estos tiempos nos resulte difícil creerlo, la ignorancia frente a nuestros derechos es una de las causas. Cientos de personas alrededor del mundo no conocen sus derechos, incluso los básicos, y muchas otras, aunque los conozcan, el miedo no les permite hacerlos respetar, convirtiéndose este último en otra de las causas.

¿Por qué no reaccionamos frente a la injusticia? La doctrina del shock no es otra que la manipulación mediática y política para que no reaccionemos frente a las injusticias sociales ni luchemos por nuestros derechos al hacernos creer que sin importar lo que hagamos, al final no servirá para nada. La aceptación o resignación son las peores causas, cuando ya ni siquiera tenemos el valor de pelear por nuestros derechos. Cuando nos hacen creer que "no vale la pena".

Las sentencias de los juzgados federales contra la ANSES pueden ser: a) condenando a entregar sumas de dinero; b) obligando al organismo a realizar una acción determinada para el reconocimiento del derecho.

En los últimos años, las sentencias firmes, es decir aquellas que hacen cosa juzgada o sea que ya no puede discutirse el objeto del reclamo en otra acción judicial, se han convertido en meras declaraciones, porque el órgano judicial no cuenta con mecanismos eficientes para obligar al poder ejecutivo a cumplir con el mandato judicial.

Las personas afectadas, reclamantes de un derecho previsional, son siempre personas muy vulnerables, aunque no siempre son adultos mayores, a veces los reclamantes pueden ser personas con capacidades diferentes, sufrir un problema de salud que los invalide, o incluso menores en reclamo de alimentos o pensiones por fallecimiento del padre o madre.

Frente a esta difícil situación, el Estado (Caja Previsional), a sabiendas de la falta de mecanismos eficientes de coerción, puede dilatar un proceso que nunca puede llevar más de uno o dos años, a cinco, seis, siete u ocho años.

Los derechos reclamados colocan al reclamante en absoluta situación de desigualdad frente al Estado, dado que a la vulnerabilidad se agrega la salud quebrantada que, en una gran cantidad de casos, cada día de retraso implica la posibilidad de perder la vida por parte de aquel que acude a la Justicia en reclamo de un derecho, pero que no siempre tiene el tiempo de vida para esperar que llegue la justicia a su cuenta bancaria.

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional pone en cabeza del Estado (en sus tres poderes) la responsabilidad de garantizar los derechos previsionales a todos los habitantes de la nación.

Esto significa que una ley no cumplida por el Poder Ejecutivo y llevada a los tribunales en reclamo de reconocimiento de un derecho, con una sentencia firme, hace directamente responsable a las autoridades del organismo que debe ejecutar la orden.

Sin embargo, ANSES puede tardar hasta dos años en la presentación del expediente del jubilado que reclama el reajuste de haberes, puede tardar otros dos años o más en cumplir con el pago de los retroactivos adeudados y la readecuación o actualización legal de los sueldos.

Esa demora, absolutamente injustificada, hace que una persona que acudió a la Justicia en reclamo de un beneficio, por ejemplo retiro por invalidez, porque la junta médica no le dio el 66% requerido para acceder a una jubilación, puede por la misma invalidez perder la vida; de hecho son innumerables los casos.

Frente a esta realidad, resumida en unas breves líneas, que lleva a veces más de 60 meses de ir y venir, reclamo tras reclamo, muchos jubilados deciden naturalizar la injusticia y renunciar al derecho de reajuste de sus haberes. Naturalizan vivir en condiciones económicas muy difíciles sin poder cubrir al menos sus necesidades básicas, o incluso teniendo a los 70 u 80 años deben seguir trabajando para poder vivir.

Pierde credibilidad y confianza un poder del Estado que, dictando una sentencia, esta no es cumplida o es cuestionada por quien debe cumplirla. Pierde poder y credibilidad cuando los medios masivos de comunicación nos hacen creer que es mejor naturalizar la injusticia que luchar por legítimos derechos que como seres humanos merecemos sean respetados.

Ante el requerimiento judicial de cumplimiento de la sentencia, el demandado, condenado a cumplir (ANSES) no se niega, simplemente no cumple.

(*) Abogada. Egresada de la UNNE. Directora en Zarza y Asociados

Por Silvia Zarza