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OPINIÓN

Reforma de la ley previsional correntina

Hace pocos días atrás me he ilusionado al leer en medios digitales, que un legislador correntino estaría intentando promover un proyecto por la "modificación" de nuestra Ley previsional provincial N°4.917/95, destruida y convertida en inconstitucional por el (ex) Interventor Federal Mestre. Y la noticia, verdaderamente me alegró. ¿Será Cierto? Si así fuere, aplaudo al legislador de la iniciativa y a quienes lo quisieren acompañar; porque es un tema que hacen muchos años se tuvo que concretar; Y digo así, porque años atrás, un legislador, el diputado (MC) Ramón Alberto Simón, presentó y trabajó un muy buen proyecto que, lógicamente, siempre fue factible de ser mejorado. Pero lamentablemente, no lo acompañaron (desconozco los motivos) y perdió estado parlamentario.

¡Lástima!; porque si ello hubiere contado con el interés de otros legisladores en todos los años que pasaron; inclusive con el del Gobernador en ese momento, los vulnerables beneficiarios del IPS no hubieran padecido tanto y en su ancianidad, recorriendo los pasillos de Tribunales Judiciales demando el respeto a sus derechos pisoteados e ignorados por foráneos.

Por ello, pido a todos los señores legisladores de nuestra provincia; Y, ¿por qué no también, al Gobernador Valdés?; enmendar esta insostenible injusticia? Ustedes pueden hacerlo si lo deciden; y de ese modo se terminaría, o a lo menos disminuirían grandemente los litigios judiciales, a no dudarlo. Además se cumpliría con la Ley de Armonización a la que se adhiriera nuestra provincia hacen ya algunos años atrás.

Téngase en cuenta que todos los agentes que se están jubilando y los futuros estarían obligados acudir a la Justicia demandando la declaración de Inconstitucionalidad de los Decretos Leyes 22/00 y 167/01, al menos para que el Haber jubilatorio sea determinado en base al prorrateo de los haberes actualizados de los 120 últimos meses (10 años) percibido en actividad; y no como hoy sucede (siempre), prorrateándose los últimos 240 meses (20 años) de haberes percibidos en actividad. Además de que es necesario determinar cargo en base al cual se aplicarían las futuras movilidades. Lo que hoy no sucede porque la ley vigente lo impide.

Y qué decir de los miles de millones de pesos que se ahorraría el Estado Provincial, al no tener que pagar retroactivos de diferencias de haberes con más intereses, más honorarios a los profesionales abogados y o peritos contables.