Ley de Bases: posiciones, puntos clave y optimismo oficialista

El poroteo en la Cámara de Diputados genera optimismo en el oficialismo. La Libertad Avanza tendría al menos 140 votos que darían media sanción a la Ley de Bases, cuyo debate en el recinto comenzará mañana. La iniciativa incluye la reforma laboral acordada con la UCR y Hacemos Coalición Federal. De los siete legisladores por Corrientes, se prevé que cuatro acompañarán en mayoría, mientras que los tres de Unión por la Patria se inclinan por el rechazo.

"Los senadores representan a las provincias y muchas de las provincias apoyan esta ley porque tiene normas que hacen a la desregulación que permita explotar sus propios recursos naturales: minería, petróleo y gas", dijo a una radio porteña el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos. Este aspecto de la iniciativa de no regular la explotación de recursos naturales genera controversia con organizaciones ambientalistas.

"Creo que hay muchas normas que hacen al interés de las provincias, incluso la ley de reformas fiscales también. Hay muchos temas que hacen a recursos coparticipables que acercarán fondos a las provincias que están con muchas complejidades presupuestarias, con lo cual yo estoy seguro de que varios de los gobernadores van a acompañar", expresó el funcionario nacional. Es que para la Casa Rosada la oposición dialoguista, conformada por el PRO, un gran sector de la UCR, Hacemos Coalición Federal y bloques provinciales, incluso ex cercanos al kirchnerismo como el oficialismo tucumano y el misionero, acompañarán la Ley de Bases y, al menos 17 Gobernadores y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri respaldarán el Pacto de Mayo.

Por Corrientes, Gustavo Valdés ya había anunciado que participará de la firma, la cual se realizará en Córdoba. Se prevé que de los siete legisladores nacionales, cuatro votarán a favor de la Ley de Bases. Estos son Lisandro Almirón (LLA), Sofía Brambilla (PRO), Alfredo Vallejos (UCR) y Manuel Aguirre (UCR). Este último señaló a radio Sudamericana que la normativa "va a salir porque hay voluntad política". Si bien estaría acompañando con su voto en general, aclaró que, si hay "que votar en contra de algunos de los artículos que afecten" a la provincia, "el Gobernador estará al tanto".

Por el contrario, los tres diputados nacionales por Corrientes que integran el bloque de Unión por la Patria votarán por el rechazo de la norma en general y en particular. Los legisladores peronistas son Jorge Antonio Romero, Christian Zulli y Nancy Sand.

Emergencia y reforma del Estado

El dictamen de mayoría, que este lunes llegará al recinto, establece la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. Por lo cual, se redujo el plazo de dos años y una prórroga que duraría todo el mandato de Javier Milei que se contemplaba en el proyecto de Ley Ómnibus original.

La norma establece la reforma del Estado que, entre otros aspectos, prevé la reducción del "sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas". Por ello, el Poder Ejecutivo podrá modificar o eliminar organismos de la administración central o descentralizada, como así su reorganización o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución o transferencia a las provincias. Para ello, previamente deberá acordar la asignación de recursos. De este modo, las Provincias podrían tener más responsabilidades en la administración.

De esto quedan excluidas las universidades nacionales, los órganos de los poderes Judicial y Legislativo, Ministerio Público. Se aclara que no se podrá disolver -aunque ello no implicaría que no pudiese realizarse modificaciones en su estructura- organismos nacionales como el Instituto Malbrán, ANMAT, INCAA, CONICET, ENACOM, CONAE, ARN, INTA, Comisión Nacional de Valores, INCUCAI, entre otros.

Ahora bien, el Poder Ejecutivo también podrá disponer la modificación o transformación de la estructura jurídica de las empresas y de las sociedades con participación estatal. Al igual que como con los organismos y órganos nacionales, además, podrá transferir a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con previo acuerdo de las asignaciones correspondientes.

Nación podrá intervenir tanto en los organismos nacionales como en las empresas y sociedades. A excepción de las que están excluidas.

Fondos fiduciarios y privatizaciones

La ley, a su vez, autoriza al Gobierno a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos. Éstos podrían, incluso, transferirse al Tesoro de la Nación. La única excepción es la zona fría, que garantiza el subsidio de gas para las provincias de la Patagonia. No así, quedarían a disposición del Ejecutivo el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, el Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior, entre otros.

El proyecto contempla un capítulo de privatizaciones de empresas y sociedades del Estado. Y se aclara que se podrá "considerar la transferencia a las Provincias de contratos que se encuentran en ejecución". Las empresas que están en la lista son Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, INTERCARGO, el Correo Oficial, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria, Corredores Viales. El proceso se realizará con intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones.

Otro de los puntos que contempla el proyecto es la adecuación de la Ley de Energía Eléctrica que tiene la intención de "promover la apertura del comercio internacional de la energía eléctrica en condiciones de seguridad y confiabilidad, con el objeto de lograr la mayor cantidad de participantes en la industria", como así, "asegurar la libre comercialización y máxima competencia de la industria de la energía eléctrica, garantizando a los usuarios finales, la libre elección de proveedor". Esto podría tener impacto en provincias como Corrientes y Misiones.

Moratoria previsional

La Ley Ómnibus deroga la Moratoria Previsional. En su lugar crea la Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que hubieran alcanzado 65 años y no hayan completado los aportes. Su haber mínimo rondará el 80% de una jubilación mínima. En números actuales, no más de $222.000.

Esto afecta a un gran número de personas y especialmente a las mujeres. Se calcula que ocho de cada diez jubilados accedieron al beneficio a través de una moratoria previsional. En el caso de las mujeres, esta cifra asciende a nueve de cada diez, ya que no todas pudieron completar los 30 años de aportes.