Colaboración
ANSES: la moratoria previsional que nunca fue implementada
En el nuevo megaproyecto de Ley Ómnibus que el poder Ejecutivo envió al congreso de la Nación se prevé la derogación de la Ley 27705, conocida como la ley de la última moratoria previsional.
La derogación provoca una serie de interrogantes respecto a qué beneficiarios al sistema previsional que, por cuestiones no muy claras hoy en día, reuniendo los requisitos, no pudieron acceder a la jubilación o a algún otro beneficio.
Ninguna pensión por viudez pudo tramitarse ante los organismos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) del país, aplicando la moratoria de la ley que va a derogarse. Muchas personas, en su mayoría mujeres, cuyos esposos o convivientes fallecidos, habían aportado más de 15 años y que por aplicación de esta moratoria podían desde el primer día acceder a la pensión que les asegurara el ingreso necesario para cubrir en algo las necesidades básicas y tener la cobertura de salud, quedaron a la espera de la reglamentación para ese beneficio especifico.
Pasando mediados del año 2023, se reglamentó la ley para ese beneficio a través de resoluciones del organismo encargado (ANSES), pero lo cierto es que estando el derecho reconocido por la ley y reglamentado por el poder Ejecutivo nunca se puso operativo por parte de ANSES, razón por la cual no se pudo ingresar en todo el país un solo expediente de pensión por viudez aplicando la Ley 27705 para adquirir la regularidad necesaria para acceder al beneficio.
Tampoco fue reglamentada la moratoria para quienes podían acceder al beneficio previsional por aplicación de alguna ley especifica que regule actividades insalubres o especiales como construcción o rurales. Otro beneficio que quedó excluido de hecho fue el de los retiros por invalidez.
Finalmente, si se deroga la Ley 27.705 de moratoria previsional, "el conflicto va a estar, también, con aquellos que adelantaban aportes. Es decir, esas personas quedan en el limbo y no van a poder jubilarse, pese al esfuerzo que hicieron para llegar con los 30 años de servicios a la edad jubilatoria".
El panorama para la sustentabilidad del sistema previsional es bastante sombrío ya que tambalea el principio base del sistema, cual es la solidaridad. Se propone una reforma laboral que implicará menos ingresos por aportes y contribuciones, con los que sumado a la informalidad existente en las relaciones laborales, no hay posibilidad alguna que ese modelo pueda sostener un sistema previsional sustentable según manda la Constitución Nacional cuando establece en el Artículo 14 bis que el Estado debe garantizar a los ciudadanos argentinos, una jubilación móvil, digna y suficiente para cubrir alimentos, vivienda y salud, entre otros derechos.
Probablemente esa sea la puerta de entrada a un modelo que no es nuevo y que conocíamos como las AFJP.
Más de medio millón de personas quedarán sin ingresar al sistema previsional, habiendo cumplido con los requisitos exigidos por la ley vigente.
De hecho, hemos recurrido al reclamo judicial en ese sentido a fin de que se reconozca el derecho a una señora viuda a acceder a la pensión de su esposo fallecido, aplicando la moratoria de la Ley 27705.
Con la sentencia firme, el Estado, a través del organismo de aplicación (ANSES), hace caso omiso de la orden judicial, incumpliendo cada uno de los requerimientos a fin de que proceda a otorgar y liquidar la pensión por fallecimiento del esposo a esta señora, cuyo derecho deviene, nada más y nada menos que de los aportes al sistema efectuados por su difunto esposo durante más de 15 años.
Desde hace años esa conducta evasiva de parte de la ANSES viene impidiendo en forma sistemática y sostenida el acceso a los beneficios previsionales por parte de los ciudadanos argentinos. No se puede dejar de tener en cuenta que los derechos previsionales tienen carácter progresivo no regresivo, razón por la cual en repetidas oportunidades las Cámaras de la Seguridad Social y la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo ha declarado.
El carácter progresivo del derecho previsional se refiere a la idea de que los sistemas de seguridad social y pensiones deben evolucionar y adaptarse para satisfacer las necesidades cambiantes de la sociedad y garantizar un nivel de vida adecuado para las personas en su etapa de retiro. Esto implica que las políticas y regulaciones en materia de pensiones deben ser flexibles y estar abiertas a ajustes según las condiciones económicas, demográficas y sociales.
En este sentido, el carácter progresivo del derecho previsional busca asegurar que los beneficios de la seguridad social sean suficientes para cubrir las necesidades básicas de los jubilados; así como también considerar aspectos como la igualdad de género, la inclusión de grupos vulnerables y la sostenibilidad a largo plazo del sistema.
En resumen, la derogación de una moratoria previsional puede tener varios impactos negativos en los futuros jubilados:
Acceso a la jubilación: la moratoria previsional permite a personas que no cumplieron con los requisitos de aportes previsionales acceder a una jubilación. Si se deroga, aquellos que no pudieron cumplir con los requisitos de aportes podrían no tener otra opción para acceder a una pensión, lo que dejaría a muchos sin una protección adecuada para su vejez.
Aumento de la pobreza en la vejez: sin la posibilidad de acceder a una jubilación, los futuros jubilados podrían enfrentarían mayores riesgos de caer en la pobreza en la vejez. Esto puede ser especialmente preocupante para aquellos que no pudieron acceder a un empleo formal o que trabajaron en sectores informales con bajos salarios y pocos beneficios.
Desigualdad social: podría aumentar la desigualdad social, ya que aquellos que no pudieron realizar aportes previsionales durante su vida laboral, tendrían menos protección financiera en la vejez en comparación con aquellos que sí pudieron hacerlo. Esto podría exacerbar las brechas de ingresos y riqueza entre diferentes grupos de la sociedad.
Presión sobre otros sistemas de asistencia social: si los futuros jubilados no tienen acceso a una pensión, es probable que dependan más de otros sistemas de asistencia social, como programas de subsidios o pensiones no contributivas. Esto podría aumentar la carga sobre estos programas y dificultar su sostenibilidad a largo plazo.
La derogación de la moratoria previsional aumentaría el riesgo de pobreza en la vejez y exacerbando la desigualdad social si no se implementan medidas alternativas para garantizar la protección financiera de quienes no pudieron cumplir con los requisitos de aportes previsionales.
