El aumento que trae alivio pero no es suficiente para los jubilados

Tener una fórmula sin lugar a dudas produce alivio, porque da cierta certeza respecto a la recomposición salarial que tendrán los jubilados. Sin embargo no llega a compensar la tremenda licuación que sufrieron los jubilados en sus sueldos entre los meses de diciembre del 2023 y enero del 2024, y que ya venían arrastrando de muchos años anteriores. A lo que se suma el aumento mes a mes del combustible que impacta directamente en los precios de los productos de primera necesidad de uso común para esta franja etaria de la población.

En estos días también se anunció el aumento que se deberá esperar en las tarifas de energía eléctrica, que podrían aumentar hasta un 200% al mes de mayo.

Por otra parte, las cuotas de las empresas de medicina prepagas desde el mes de diciembre a abril, sufrieron un aumento que supera el 200%; a eso debería sumarse alquileres, que también fueron desregulados, medicamentos, transporte, etcétera.

No obstante, esta fórmula que, para el mes de abril, tiene varios componentes porque se aplicará un aumento del 13,2% sobre los haberes, más un adicional por única vez del 12.5%, más un bono de $70.000 para quienes cobran una jubilación mínima, dará como resultado elevar el sueldo mínimo a $241.000, aproximadamente.

Según este nuevo sistema, se aplicará el índice de precios al consumidor publicado para el segundo mes anterior al del pago. Es decir que, para abril, será el índice del mes de febrero. Esto es así porque el del mes en curso, al momento del pago aún no se conoce, el del mes anterior, no se puede aplicar porque los sueldos se liquidan con 30 días de anticipación. Por lo que la única forma es tomando el índice de los 60 días anteriores.

Sucesivamente para los meses siguientes se aplicarán los índices de precios al consumidor, en mayo el conocido en marzo.

Estos pagos serán adelantos del aumento que por ley corresponde al trimestre del mes de junio.

En junio continúa vigente la fórmula de aumento trimestral, por última vez. Esa fórmula aplica un coeficiente para los aumentos de los sueldos compuesto por la mitad, el promedio de aumentos de los sueldos de empleados registrados y la otra mitad por la recaudación de la ANSES. Si el resultado de esa fórmula arroja como resultado uno menor a las sumas de los porcentajes del índice de precios al consumidor, de los meses de abril, mayo y junio (ya pagado) no se descontará diferencia alguna, si el resultado es mayor se aplicará la fórmula para el aumento de junio.

Y a partir del mes de julio, los aumentos serán mensuales y por el índice de precios al consumidor, sin otro aumento trimestral.

Sin lugar a dudas, con esta fórmula la recomposición salarial entre marzo y abril que para los sueldos rondaría en un aumento del 45% no logra alcanzar la devaluación y pérdida del poder adquisitivo de los primeros meses del 2024.

Solo entre diciembre/2023 y enero/2024 la inflación alcanzó más de un 70%, por lo cual los jubilados vienen perdiendo más de un 50% de su poder adquisitivo.

Por otra parte, el Índice de Precios al Consumidor que se aplicará es de 60 días anteriores al pago.

Si a lo anterior, sumamos que en el 2023 la inflación fue de alrededor del 276%, y que el año pasado hubo solo cuatro aumentos en el año, con una fórmula que no acompañaba a las subas desmedidas de los precios, resulta muy difícil que un jubilado haya podido subsistir con una jubilación mínima de menos de 100 mil pesos sin acudir a otros recursos para cumplir con todas sus necesidades y obligaciones.

La movilidad jubilatoria tiene el gran problema de no haber encontrado el sistema sustentable a la vez que cubra el gran déficit de los reclamos por reajustes, que desde el año 2009 vienen sumando expedientes en los estrados judiciales federales de todo el país.

Probablemente una reforma previsional que abarque la problemática en forma integral y con un altísimo sentido de justicia social pueda dar respuestas por fin a esta dificultad por la que tienen que atravesar los jubilados.

Por un lado, el mandato constitucional que obliga al Estado a adoptar políticas públicas tendientes a asegurar a los ciudadanos jubilaciones móviles. Y por otro, la sustentabilidad del sistema, que no solo dé garantías de cumplimiento, sino además sea sustentable para no caer en la incertidumbre de que cada vez que alguien nuevo se sienta en el sillón de Rivadavia firme un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifique la fórmula de cálculo.

Los jubilados necesitan certezas, para eso en su gran mayoría han aportado a lo largo de su historia laboral, previendo lo que sería el momento del retiro o jubilación.

Sin el fondo de garantía de sustentabilidad, es difícil pensar en esa certeza expresada más arriba. ¿De dónde saldría el dinero?

Provoca también incertidumbre no saber ¿cuál es el parámetro tomado para determinar el importe de un bono? En enero de este año, el bono que fue anunciado a fines de diciembre fue de $55.000, pero ya estábamos a mediados de ese mes cuando fue completamente licuado por la inflación.

Con una economía desregulada, con una posible reforma laboral y previsional en la que parecería que la jubilación asegurada por el Estado se parece más a una pensión no contributiva o graciable (sin aportes), con actores sociales trabajando en el país para multinacionales con sede en el extranjero, sin aportar al sistema, o aportando lo mínimo, no parece que el sistema pueda llegar a ser sustentable, más aún si a ello agregamos que la fortaleza del fondo pasa por empresas que serán liquidadas por el Estado.

En este contexto, Argentina necesita un Poder Judicial fuerte, justo, equitativo, comprometido con la causa social para asegurar un estado de derecho, el sistema republicano de gobierno y la aplicación ajustada a derecho de las leyes.

Por lo tanto, el Poder Judicial también debe ser reconstruido para alejar toda sombra de corrupción o injusticia, y una de las injusticias que nos llama a un fuerte reclamo de todos los sectores, especialmente de los foros de abogados y colegios profesionales, es la equidad en su constitución. Es impensable la Justicia con una Corte integrada solo con una parte de la sociedad. Como si las mujeres no existiéramos. Hoy en día todas las organizaciones deberían pronunciarse con un fuerte llamado de atención para que la integración del máximo organismo juzgador sea integrada también por mujeres. Sin perspectiva de género, no se puede hablar de justicia y libertad.

En ese marco, recibimos con alegría la noticia que el 26 de marzo ingresó al Senado nacional un expediente con el proyecto de ley a fin de que se cumpla el cupo del 30% de mujeres en la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a iniciativa de la senadora Alejandra Vigo y apoyado por la Asociación de Mujeres Juezas (AMJA). Estoy convencida de que los jubilados necesitan sentencias rápidas, expeditivas, que resuelvan con perspectiva de género e integrando a todos los sectores vulnerables de la sociedad. Porque el tiempo de ellos es hoy y no pueden esperar a que se haga justicia cuando ya por ello no pudimos hacer nada.

(*) Abogada. Egresada de la UNNE. Directora en Zarza y Asociados.

Por Silvia Zarza