Proceso Penal correntino, una visión optimista
Señor Director: Me dirijo por el presente, a título de colaboración, con el ánimo de aportar mi punto de vista, distinto, y tan atendible y valioso como el del doctor Juan Arregín (Nota de Redacción: la presente es en respuesta a un artículo de opinión publicado en época el 10 de marzo pasado).
Y mi punto de vista es optimista, aún a pesar del panorama sombrío evidenciado por el mencionado profesional al expresarse.
El enfoque del doctor Juan Arregín es sociológico, no jurídico.
La problemática reseñada en el artículo del colega mencionado es consecuencia de dos realidades distintas en conflicto: 1) Los hechos, por un lado, sobradamente documentados, del aumento de la conflictividad social y del inicio cada vez más precoz en la actividad delictiva por consumo problemático de alcohol y/o estupefacientes; la violencia de género y/o sexual; los fenómenos de bulling, mobing, y otros con directa incidencia en el aumento exponencial de la delincuencia; 2) El origen del actual Código Procesal Penal. En este punto, el colega precitado responsabiliza, fundamentalmente, al exministro de Justicia, Germán Garavano, por lo que considera "un engendro" hecho por personas de afuera y, por lo mismo, ignorantes de la realidad local.
Son dos realidades en conflicto: la primera, los hechos; la segunda, el derecho. Frente a este conflicto, el doctor Arregín solo propone volver al código derogado, con olvido de una regla elemental: el derecho debe adaptarse a la nueva realidad.
Y, sin desconocer la realidad, me animo a confesar mi optimismo respecto de la nueva legislación.
Tengo varios motivos, todos jurídicos, para ubicarme en las antípodas del pensamiento del doctor Arregín.
En primer lugar, la Policía ya no puede tomar declaración (Artículo 93 CPPC); no obstante lo cual, el imputado puede designar abogado defensor y prestar declaración en la Fiscalía.
En segundo lugar, el fiscal, en casos de penas leves, puede aplicar el Principio de Oportunidad, y desistir de acusar; por supuesto, con el cumplimiento de otros requisitos (Artículos 32 a 36, ambos inclusive, del CPPC). Sabido es que con el anterior Código de Procedimientos, la mayoría de las causas penales terminaba por Prescripción de la Acción Penal.
En tercer lugar, el Código actual regula de forma mucho más completa el Proceso Penal Juvenil, que el Código derogado.
En cuarto lugar, y decisivo, existen reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación exhortando a las provincias a sancionar Códigos de Procedimientos Penales que implanten el Proceso Penal Acusatorio.
Con lo cual queda claro que no estamos en época de quedarnos a medio camino, ni dudar: el cambio de paradigma es impostergable e inevitable.
En definitiva, lo único que hay que desarmar son los moldes mentales y procesales arcaicos, vetustos, que no aportan nada concreto ni positivo.
Finalmente, considero que el Código Procesal Penal vigente pone las cosas en su lugar: investigación a cargo del Fiscal y la Policía en forma coordinada; y Supervisión y Decisión a cargo del juez, idóneo e imparcial, tal como lo exige la Constitución.
Por estas razones, y otras que no menciono para ser breve, soy optimista respecto del nuevo Código Procesal Penal.
(*) Abogado.