Proceso penal correntino, una experiencia para desarmar

El viejo código, hecho al estilo "mixto", entre el viejo sistema inquisitivo y el actual, denominado "acusatorio", tenía varias características, que moldearon la forma de investigar los casos penales en la provincia de Corrientes.

El nuevo compendio de normas procesales, muchas veces reclamado por la academia, representada por las cátedras vinculadas al Derecho Penal en las Facultades de Derecho, por los abogados litigantes y por el propio personal del Poder Judicial, se fue debatiendo a lo largo de los años posteriores a la regularización de la situación política institucional de la provincia, con posterioridad a la Intervención Federal, encabezada por los cordobeses de Mestre y demás.

Así, con ese ánimo progresista, vanguardista, y hasta algo celoso de los avances que otras provincias hacían en punto a la actualización de las leyes de procedimiento en lo penal, se fue generando una necesidad de renovación, frente al aumento progresivo y casi explosivo de la criminalidad y la conflictividad social, donde las cuestiones vinculadas a la violencia de género, a la violencia sexual, y a la participación de menores en delitos, llevaba a exigir la modernización.

Obviamente, la modernización siempre es buena, pero cuando es improvisada, y sin atender a las particularidades de la sociedad a la que se le va a aplicar la norma jurídica, siempre acarrea inconvenientes de aplicación y genera conflictos en la vida social que pretende solucionar o corregir.

Y creo que esa es la mejor descripción de lo que nos pasó a los correntinos.

Hace unos días veía, a través de una cuenta en las redes sociales, cómo un periodista local, siempre vinculado a temas de Derecho Penal y cuestiones policiales, explotaba al aire, reclamando a los involucrados en el proceso penal local a hacerse cargo de que la crisis de delincuencia con consecuencias fatales en la provincia, era responsabilidad de estos, en tanto operadores del sistema.

Aclarando -desde hace mucho tiempo- su forma de analizar la cuestión, me puse a leer sobre la historia del Código Procesal Penal que aprobó la Ley Provincial 6518, del año 2019. Esta ley procesal penal puesta en vigencia en toda la provincia en el año 2021, y en Capital en noviembre de 2022, es un compendio de normas que nada tienen que ver con el viejo sistema de jueces de instrucción, amos y señores de la investigación, con fiscales de instrucción que acusaban por obligación legal y -solo a veces- con participación de las víctimas a través de abogados particulares devenidos en querellantes conjuntos.

El viejo sistema mixto, muchas veces criticado, sobre todos por los que ejercíamos las defensas penales de las personas imputadas de cometer delitos, de alguna manera colaboraban -aunque sin tener la obligación ni el derecho de hacerlo- con la Política Criminal del Estado correntino. Así era que algunas Jurisdicciones o Circunscripciones Judiciales eran conocidas públicamente por los actores del sistema, como más benevolentes o más duros a la hora de tratar a los imputados. En Capital eran muy conocidos los magistrados que eran selectivos en cuanto a los tipos penales, quien era duro con cuatreros, quien lo era con los ladrones, él o la que era implacable con los abusadores sexuales o con los violentos de género, cada señoría tenía su característica distintiva a la hora de aplicar las normas procesales.

Pero esto, un día cambió, y nos tuvimos que acomodar -en el interior de la provincia- a las nuevas reglas de procedimiento, y posteriormente en Capital. Eso sí, como en Corrientes las cosas no pueden ser normales, se eligió la fecha mediados de noviembre de 2022 para su aplicación en Capital. Así como escuchan, ni volviendo de la feria de verano, ni después de la feria de invierno, pleno noviembre, un día martes.

Ahora bien, hoy nos encontramos que a diario se habla de la "puerta giratoria" en Corrientes. Vemos cómo la criminalidad ha ido aumentando y ha ido evolucionando en términos de violencia, y ha decaído en cuanto a la edad de los que cometen delitos. Vaya combo explosivo, si los hay.

Lo que era una locura, al ver jóvenes a bordo de motocicletas, produciendo arrebatos, o de roturas de vidrios de viviendas y automóviles, se convirtió en el parte diario de personas con armas de fuego empujando a personas que conducen motos y bicicletas, para robar esos elementos, niños atacados salvajemente para robarles la mochila, el celular o las zapatillas. La aparición de los primeros ataques en modo "piraña", y otras nuevas formas delictivas muy presentes en los grandes centros urbanos de Argentina, se han convertido en lo común de nuestro día a día.

Ahora bien, esto es normal, es una consecuencia lógica de la crisis económica que sufre el país, o se trata de otra cosa. Esto que nos sucede, es producto del acceso a las drogas ilegales por parte de jóvenes, cada vez a edad más temprana, o la disgregación de la célula familiar que destruye la educación y el respeto por los demás, ¿o se trata de otra cosa?

Les doy mi parecer, el que lo expongo con total honestidad intelectual.

Se trata de un experimento no pensado, no racionalizado, para el que no nos preparamos y que no es útil para sociedades como la nuestra.

Leyendo una publicación llamada "Una presentación sistemática de las reglas del Código. Versión final", firmada por Adolfo Luis Tamini, publicación también llamada Manual del Código Procesal Penal de Corrientes, esta persona reconoce el verdadero origen de este engendro que rige la investigación penal en Corrientes.

Dice el citado autor: "En mayo pasado fui convocado por la organización Unidos por la Justicia a participar en un proyecto de capacitación para los operadores del sistema penal de la Provincia de Corrientes, enmarcado en el proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal provincial que había sido aprobado en noviembre del 2019 y se programaba ponerlo en paulatina vigencia a partir del mes de agosto. La convocatoria no era fortuita, ya que el texto legal aprobado se basaba en una versión intermedia de un proyecto de Código Procesal Penal Modelo cuya elaboración me había sido encargada por las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación...".

Este código, moderno, progresista, que tiene a la víctima como el centro de su labor (hoy dudo que así lo tenga) no es nuestro. No es producto de las experiencias de los que ejercemos la Abogacía en estas tierras, no es producto del aporte experimentado de jueces y fiscales.

Es un programa de investigación procesal penal, pensado por gente de afuera, para gente de afuera. El exministro Nacional Garavano y su gente, nos legó este engendro que en vez de mejorar el accionar de la Justicia Penal, la viene poniendo en el ojo de la tormenta.

Los abogados penalistas sin trabajo, los delincuentes en las calles, luego de ser detenidos por la Policía, los correntinos con miedo de salir a la calle, no son parte de una novela de ciencia ficción. Lo vemos y lo padecemos día a día.

La gran pregunta que me cabe, al ver que el nuevo código no resuelve nada, y genera más conflictividad social: ¿No es tiempo ya, de ver si lo mejoramos o lo desarmamos?

Es mi palabra.

(*) Abogado MP 8356.