Cuando la libertad da miedo

El ejercicio de la libertad no puede hacerse a través de la ley y la justicia, sino más bien debe venir de la resistencia y la persistencia de aquellos que luchan por su derecho a vivir y ejercerlos de manera libre y justa. "La libertad es un derecho que debe ser garantizado para todos y no puede ser limitado por leyes injustas".

Pero, sin lugar a dudas, tampoco se puede hablar de libertad, si en una sociedad, el ser humano, no tiene sus necesidades básicas cubiertas. Alimentos, vivienda y salud son los ejes fundamentales sobre los que deben fundarse toda política pública en relación al sector más vulnerable de la sociedad, en este caso los adultos mayores. Derechos de los ciudadanos y responsabilidad del Estado, plasmado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional de la República Argentina.

La proclamada libertad, da miedo, cuando se publican por todos los medios de comunicación que el acceso a la jubilación es gratuito y, sin embargo, está demostrado que jubilarse sin el asesoramiento adecuado, no solo, no es gratis, sino que puede salir mucho más caro de lo que podemos imaginar.

No es gratis, porque existen infinidad de dificultades para conseguir el turno a los efectos de iniciar un expediente de Jubilación. Esos turnos que a veces se habilitan en los horarios más insólitos (3 de la madrugada, por ejemplo) y no más de 20 para todo el país. Imagínese que de los 20 alrededor de 10 quedan en Buenos Aires y los otros 10 se distribuyen en el resto del país.

Da miedo la proclamada libertad cuando para ejercer un legítimo derecho a acceder a un beneficio previsional se debe traspasar las barreras de la burocracia, turnos, formularios que periódicamente cambian (el formato y la información contenida en ellos es siempre la misma, a veces solo cambia un número, para hacerle saber a la persona que con ilusión fue a iniciar su jubilación, que no se puede iniciar el expediente porque el formulario no es el más actualizado y tiene que volver a sacar un nuevo turno que con suerte le será otorgado dentro de sesenta días para que vuelva con el nuevo papel.

Para entonces ya harían pasado cuatro meses desde la primera vez.

Una vez iniciado el trámite, con suerte el organismo o caja otorgante se tomará al menos unos cuatro meses, para resolver la situación del futuro jubilado y unos dos meses más para liquidar su beneficio y pagarle su primer sueldo.

Así entre burocracia y trámite habrá pasado un año.

Esa burocracia privó al futuro jubilado de 12 meses de sueldos, lo que hoy en día significa unos $1.260.000 sin contar los bonos extraordinarios y aguinaldos. Los tramites, en definitiva, no son gratis.

Para el que está trabajando, será un año más de cumplir día a día con su trabajo, y para el que está desempleado, será un año más de padecimientos, sin medios para solventar sus necesidades básicas.

A veces en el camino suceden imprevistos, como, por ejemplo, que se tenga que hacer alguna verificación de los servicios prestados en los lugares de trabajo y eso demora unos ocho meses más el trámite. Significando una pérdida de alrededor $840.000.

En un trámite normal, un ciudadano común puede llegar a perder entre $1.000.000 y $2.000.000, que es el tiempo que puede llegar a demorar el tramite hasta que por fin la persona tenga el dinero depositado en una cuenta bancaria y disponga de día y banco para cobrar.

Ese día que muchos esperan con justificada emoción después de 30 años o más de trabajo, registrado o no, también puede venir con sorpresas desagradables.

O que el dinero se deposite en una cuenta de un banco de otra ciudad, o que "por error" no se haya depositado el dinero o se haya retenido porque había un error en la liquidación, con lo que se debería hacer un reclamo que puede demorar otros tres meses, o sea unos $300.000 de demora nuevamente.

No es gratis, cada día de pérdida del poder adquisitivo de los ingresos.

Finalmente, puede pasar que los haberes estén mal liquidados, con lo que dará lugar a un reclamo administrativo y judicial para adecuar la liquidación según las leyes vigentes y fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dado que tanto la liquidación de primer haber, como la movilidad de los mismos, ha sido en Argentina la permanente variable de ajuste de todos los gobiernos.

Estos trámites obligaran al jubilado a manejar un presupuesto muy menor al pensado al momento de jubilarse hasta que, juicio de por medio, la Caja disponga el pago que corresponda por derecho y proceda a la liquidación como manda la ley, de los haberes.

Esto puede tardar de dos a cinco años con lo que, cobrando una jubilación mínima, pero teniendo derecho a un haber del doble, el jubilado perdería $100.000 mensuales más los aguinaldos proporcionales.

Por eso es necesario asesorarse con profesionales especializados, antes de concurrir a iniciar el expediente, de lo contrario la presentación ante la Caja correspondiente no será gratis, y le significará una gran pérdida de dinero, antes o después del otorgamiento del beneficio.

En estos tiempos de cambios y ajustes, con más razón, es fundamental conocer los derechos para poder ejercerlos, cada día que pasa, el dinero que la Caja le adeuda al jubilado va perdiendo el valor y si adicionalmente tuviera que recurrir a los tribunales para reclamar un crédito proveniente de la movilidad jubilatoria, la justicia sin lugar a dudas va a llegar, pero en un gran porcentaje de casos, también llega tarde, la burocracia judicial hace que el procedimiento se coloque por encima del derecho a que un abuelo o abuela, de 80 o 90 años con grandes dificultades para solventar los cuidados especiales que por su edad requiere, no siempre vea y disfrute de su pequeño ahorrito que a veces en cuotas la Caja le pague como retroactivo.

¿En esta Argentina de libertad, habrá otra forma de lograr el crecimiento y desarrollo, sin someter a los jubilados a las penurias de ser siempre la variable de ajustes? De no haber otra salida, la libertad da miedo.

(*) Abogada. Egresada de la UNNE. Directora en Zarza y Asociados.

Por Silvia Zarza