"Quien gana las elecciones debe moverse dentro de la Constitución"

Julio Piumato es la cabeza de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Uno de los sindicalistas críticos al gobierno de Javier Milei que fue al paro con la CGT pero también lo convocó durante la gestión anterior por mejoras salariales. Esta semana estuvo en Corrientes donde participó de un banderazo nacional por una recomposición para los trabajadores de la Justicia Federal y se manifestó junto a judiciales provinciales en igual sentido.

La inflación pareciera convertirse en un tejido extraño que comienza a adherirse, aún con mayor celeridad, a la pérdida del poder adquisitivo de gran parte de los sectores del trabajo. Los judiciales no estarían exentos de esta realidad. De acuerdo con lo señalado por el sindicalista nacional, "es la primera vez en 14 meses que los judiciales federales perdieron" frente a la escalada de precios. Y aunque el martes la Corte Suprema de Justicia de la Nación firmó la acordada que establece un incremento del 18% correspondiente a enero, Piumato explicó que se requiere de un urgente aumento para febrero.

"Es urgente retomar la pauta para febrero de este año porque hemos corrido detrás de la inflación y desde diciembre. Con el lema de que lo que se pierde no se recupera estamos en esa lucha", expresó. No obstante, aclaró que la decisión de una recomposición de enero permite mantener el diálogo con el máximo tribunal de justicia de la Nación.

Las movilizaciones en reclamo de mejora salarial forman parte de las consecuencias de un cuerpo de mayor gravedad. Para Piumato resulta "esencial" que el Ejecutivo nacional retome el "diálogo institucional con el Poder Judicial", ya que ello, "hace a la vida democrática". La comunicación es un músculo que debiera ejercitarse, "entre los Poderes del Estado", según evaluó el titular de la UEJN en diálogo con época.

"La preocupación que existe es que, con la decisión de trabajar sobre el Presupuesto 2023 (del Gobierno nacional), las partidas para la Justicia arrojan negativo entre abril y mayo. Es una perspectiva de paralización objetiva del sistema judicial en Argentina. Entonces, en ese marco creemos que retomar las relaciones para resolver estas cuestiones es esencial. La Corte está abocada a eso", sostuvo el dirigente sindical.

El referente gremial reiteró la advertencia de que con el Presupuesto 2023 asignada a la Justicia "las partidas no alcanzan para abril o mayo", ya que, en relación con la inflación, los fondos "son absolutamente insuficientes". Esto no sería "un tema a soslayar", según evaluó el sindicalista.

En similar escenario de incertidumbre sobre las partidas se encuentran otras instituciones de la órbita nacional como el Consejo de Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) e incluso las universidades públicas nacionales. La semana pasada el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por todos los rectores del país, expuso la preocupación por la continuidad de las actividades.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver el planteo de inconstitucionalidad del mega DNU que impulsó la Provincia de La Rioja, como así, la apelación del amparo desfavorable al Gobierno nacional del capítulo laboral, hoy frenado por la Justicia en instancias anteriores. Para Piumato, la escasez de fondos no incidirá en la decisión del máximo tribunal.

"El Poder Judicial es otro poder del Estado, no una agencia del Ejecutivo nacional. Tiene que haber respeto de los tres Poderes del Estado. El único condicionamiento que debe tener el Poder Judicial es la Constitución Nacional", expresó el titular de los Empleados Judiciales de la Nación.

En diálogo con época, Piumato volvió a cuestionar el mega DNU y recordó que "la Justicia declaró inconstitucional el capítulo laboral", pedido que había sido presentado por la CGT y la CTA. "Algunos piensan que por una legitimidad pasajera que le da un resultado electoral puede hacer cualquier cosa. Y no. El sistema democrático plantea que hay que respetar la voluntad de quien ganó las elecciones pero debe moverse en el marco de los parámetros de la Constitución Nacional, que son las reglas de juego de todos los argentinos", argumentó.

El dirigente sindical señaló que el actual gobierno avanza en "en perjuicio de la mayoría y a beneficio de los sectores concentrados de la economía", con la gravedad de que "se viola la Constitución Nacional" donde el "derecho laboral está expresamente".

"En la Constitución Nacional está incorporado el Tratado Interamericano de Derechos Humanos que establece claramente el principio de progresividad de derechos. Son reglas que no son solo para Argentina sino aceptadas por la comunidad internacional", recordó Piumato.

"El artículo 46 establece que no se puede avanzar sobre los derechos de una sociedad o de un pueblo. Está prohibida la pérdida de derechos. Entonces no puede haber decretos ni leyes que impliquen pérdida de derechos laborales, económicos o sociales", indicó.

Reclamo

El titular de la UEJN, Julio Piumato, informó que en Corrientes acompañó a los trabajadores judiciales provinciales sobre varios puntos. Uno de ellos, es el pedido de recomposición salarial. El segundo, está relacionado con el funcionamiento de la obra social IOSCOR que registraría inconvenientes en la prestación, según señalaron. También indicaron la necesidad de que el Superior Tribunal de Justicia abra el diálogo con los representantes de la seccional Corrientes.

"La Justicia tiene un rol central"

"Tan importante como se plantea el derecho a la propiedad son los derechos sociales. Se debe dar prioridad cuando se busca el bien común y no el interés se sectores minoritarios", expresó a época el titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) Julio Piumato, sobre los planteos que se elevaron en contra del DNU de Javier Milei.

El sindicalista estuvo esta semana en Corrientes para acompañar el reclamo de judiciales federales y provinciales. "La Justicia tiene un rol fundamental y tiene que estar a la altura de las circunstancias porque debe ejercer el control de los otros poderes del Estado, fundamentalmente el control de la institucionalidad", indicó. "Además, es la última instancia que tiene el ciudadano para acudir", señaló el dirigente gremial.