En Corrientes, el INADI trabajó con normalidad
El Instituto a nivel local aseguró que pese al comunicado del Gobierno nacional se encuentran desempeñándose con normalidad en manos de Sabina Bacalini.
En las últimas horas, el Gobierno nacional dispuso el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), según lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien además advirtió que es el primero de diferentes institutos que serán eliminados.
Ante este escenario, desde el INADI Corrientes emitieron un comunicado a través de sus redes sociales diciendo que "gracias por la preocupación pero desde la Delegación Corrientes no tenemos ninguna información sobre lo anunciado por el Vocero Presidencial (Manuel Adorni)".
Además, dieron cuenta que el miércoles fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 167/2024 que prorroga la intervención del organismo por 180 días y ante este hecho designaron a María de los Ángeles Quiroga como interventora.
Entre tanto, precisaron que están a la espera de "la información oficial que compartiremos con ustedes al conocerla" y acto seguido, notificaron que "no obstante, informamos que la Delegación Corrientes funciona con normalidad".
Sumado a estas declaraciones diferentes referentes de la oposición advirtieron que la medida solo puede llevarse a cabo por medio de una ley, la vía por la cual el organismo fue creado en 1995 (ley 24.515), y la cartera de Justicia respondió que "su supresión se hará de la manera que corresponda de acuerdo a la legislación vigente".
Cabe mencionar que el anuncio del vocero fue justificado expresando que la medida responde a uno de los "ideales del Presidente", que "es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos". Asimismo, aseguró que "no podemos hacer que la gente siga bancando con sus impuestos este tipo de cuestiones".
En tanto, Adorni indicó que el INADI, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y cuyo objetivo es elaborar políticas públicas a nivel federal para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, "tiene alrededor de 400 empleados y decenas de oficinas a lo largo y a lo ancho del país".
Además, remarcó que el cierre del organismo estaba incluido en el proyecto de Ley Ómnibus que el Gobierno envió a finales del año pasado al Congreso, y que si bien fue aprobado en general, finalmente fue retirado por el propio oficialismo tras no conseguir los votos para su aprobación.