Las razones del...
(Viene de la página 11).
También, que "la Convención reformadora de 1994 pretendió atenuar el sistema presidencialista, fortaleciendo el rol del Congreso y la mayor independencia del Poder Judicial. De manera que es ese el espíritu que deberá guiar a los tribunales de justicia tanto al determinar los alcances que corresponde asignar a las previsiones del art. 99, inciso 3° de la Constitución Nacional, como al revisar su efectivo cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional en ocasión de dictar un decreto de necesidad y urgencia".
Puntualizó con claridad con referencia a la regulación de los DNU que "el constituyente de 1994 explicitó en el art. 99, inc. 3° del texto constitucional estándares judicialmente verificables respecto de las situaciones que deben concurrir para habilitar el dictado de disposiciones legislativas por parte del Presidente de la Nación" debiendo el Poder Judicial "evaluar si las circunstancias invocadas son excepcionales, o si aparecen como manifiestamente inexistentes o irrazonables" y que "la previsión en el texto constitucional de pautas susceptibles de ser determinadas y precisadas en cada caso concreto autoriza al Poder Judicial a verificar la compatibilidad entre los decretos dictados por el Poder Ejecutivo y la Constitución Nacional sin que ello signifique efectuar una valoración que reemplace a aquella que corresponde al órgano que es el competente en la materia o invada facultades propias de otras autoridades de la Nación" y que "cabe descartar de plano, como inequívoca premisa, los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son".
El Dr. Sudera destacó: "El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto".
Finalmente, el Tribunal aborda la cuestión de la fundamentación de la necesidad y la urgencia expuesta en los considerandos del DNU, descartándolas por considerar:
a) Los propios considerandos del DNU traducen -al menos en lo que respecta a la materia laboral- que no se evidenciaría objetivamente la "necesidad" de adoptar tan numerosas medidas y que, aunque ello pudiera -hipotéticamente intentar justificarse en la referencias genéricas a "un hecho demostrado", lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizorarían las que se alegan constituyan razones de "urgencia" para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo, máxime cuando varias de las normas que el Poder Ejecutivo Nacional pretende modificar sin darle intervención a los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria al punto que se las ha incluido como integrativas del derecho penal laboral, calificadas como "leyes anti evasión".
b) En esa línea, el DNU no explica cómo las reformas planteadas, de aplicarse en forma inmediata y por fuera del trámite normal de sanción de las leyes, podrían remediar la situación referida a la generación de empleo formal, máxime cuando el propio decreto reconoce que se encuentra estancada hace 12 años, lo que impide -en principio- considerar la irrupción de alguna circunstancia súbita, imprevisible o de extrema "excepcionalidad".
c) En lo que hace al trámite legislativo que el decreto pretende obviar, cabe mencionar que el Presidente de la Nación se encuentra facultado a convocar al Congreso a sesiones extraordinarias (art. 99 inc. 9 de la Constitución Nacional) y que tanto el Reglamento de la Cámara de Diputados como el de la Cámara de Senadores poseen herramientas que permitirían darle mayor celeridad al tratamiento de cada proyecto en caso de que sus autoridades o integrantes de los cuerpos lo requieran (tramitación en comisiones de manera conjunta y mociones de preferencia o de tratamiento "sobre tablas").
d) Destaca, al respecto, que mediante el Decreto 76/23 (BO 26/12/23) se ejerció esa facultad y se convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias desde el 26/12/23 y hasta el 31/1/24, a fin de tratar -entre muchísimos otros temas- la ratificación del DNU 70/23 (según el art. 654 de la ley ómnibus denominada "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos").
e) Las consideraciones genéricas expuestas en los considerandos de los DNU resultan inhábiles para justificar el dictado de medidas legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
f) La Imposibilidad de que se encaren modificaciones permanentes o derogaciones de leyes del Congreso, en tanto el dictado de medidas legislativas excepcionales por parte del Poder Ejecutivo solo podría justificarse en un claro caso de emergencia que no se advierte configurada a través de lo invocado en los propios considerandos del DNU analizado.
g) Finalmente, destaca como un hecho público y notorio que el de los trabajadores es un sector socialmente vulnerable y que se encuentran en juego derechos de naturaleza alimentaria -per se o por sus derivaciones-.
En este contexto, se ha publicitado con posterioridad que el Poder Ejecutivo Nacional recurriría la decisión lo cual nuevamente colocaría a la CSJN como protagonista del destino del DNU, destino que, en virtud de la causa iniciada por la Provincia de La Rioja, dispuso tratar después de la feria.
¿Cómo jugarán los tiempos en el rompecabezas jurídico político actual? Es una cuestión que, paradójicamente, solo el transcurso del tiempo responderá.
Mientras tanto, las noticias dan cuenta que el fuero contencioso administrativo cambia la estrategia y desarma el amparo colectivo conformado en atención a la diversidad de materias cuestionadas y de personas y entidades solicitantes, con intereses diversos, lo cual deja a esa causa contencioso administrativa en condiciones de resolverse la medida cautelar de suspensión de la aplicación del DNU.
(*) Director General Legal NEA Servicios Jurídicos