Redacción de época
2000, el inicio de siglo que brindó derechos de género y diversidad
En Argentina, las leyes que amparan a las mujeres y disidencias fueron consolidándose en los últimos años. época recopiló cada una de estas normas que hicieron historia, pasando por los años más fuertes, hasta llegar a la raíz dada en 1983.
Este año se cumplieron 40 años de democracia en Argentina, donde se pudieron ver diferentes avances y cambios normativos en materia de leyes de género y diversidad, es decir, que las mujeres y las disidencias fueron conquistando derechos significativos, haciéndose sentir en las calles.
Ante este contexto, siguiendo los datos aportados por Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), este medio logró recopilar las leyes más importante en estos últimos 40 años, que apuntalaron la construcción de una sociedad más justa y equitativa en materia de derechos humanos.
Así, en estas páginas se podrá visibilizar, en un primer momento, el proceso normativo de la década del 2000 como el evento bisagra que dio un vuelco en el país; ya en la segunda parte se encuentran los últimos cuatro años en Argentina, cuando se destaca la participación ciudadana y el compromiso de la sociedad para consolidar derechos que hoy "están casi coersionados". Por último, se podrá conocer el inicio de este camino consolidado en los últimos 23 años.
Por ello, adentrándonos al inicio de la década del 2000, en un contexto en el que las feministas fueron tomando peso en la agenda, se comienza a forjar la perspectiva en materia de educación, salud y economía donde, a la vez, la defensa por los derechos y la igualdad de género se comenzaron a presentar como un tópico importante en las luchas sociales y políticas.
En esta década, la participación de los diferentes sectores y organizaciones sociales fueron ocupando un lugar cada vez más protagónico, a tal punto que en el 2002 se logró la aprobación de la Ley N°25.674 de cupo femenino sindical. La misma brindó participación femenina en las unidades de negociación colectiva de las condiciones laborales con un piso del 30%, y aunque a pesar de los años transcurridos aún se observa que los sindicatos siguen siendo espacios masculinizados, la participación de las mujeres ha ido en aumento.
Cuatro años más tarde (en el 2004) se aprobó la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas (Ley nacional N°26.150), brindando derecho a todos los estudiantes a recibir formación en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos humanos y de equidad entre los géneros. Dicha ley, claramente, hasta la actualidad cuenta con sus controversias en las diferentes instituciones que se resisten a hacer cumplir la ley.
Respuesta a las mujeres y disidencias
Desde el inicio del 2009, la historia comenzó a "beneficiar" a las mujeres, primeramente con la sanción de la Ley nacional N°26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, cuyo objetivo fue eliminar las desigualdades de género desde un abordaje integral, identificando un amplio abanico de tipos y modalidades en que las violencias machistas pueden manifestarse.
Ya ingresando en los gloriosos 2010, Argentina plantó bandera multicolor dando paso a la aprobación de la Ley de Matrimonio igualitario, convirtiendo al país en uno de los vanguardistas a nivel mundial, permitiendo contraer matrimonio a personas del mismo sexo. Es decir, la equidad de derechos comienza hacerse valer ante un escenario de movilizaciones en cada una de las provincias.
Esto trajo emparejado que en el 2012 se de paso a la ley de Identidad de Género (otra norma precursora mundialmente), brindando reconocimiento de derechos y libertades de las personas trans. Además, garantizó el derecho de las personas a ser tratadas y registradas legalmente con la identidad de género autopercibida.
Ese mismo año fue un antes y un después en Argentina, donde el Código Penal da pasó a la tipificación del femicidio a través de la Ley N°26.791 que reformuló el artículo 80, estableciendo como agravante de un homicidio los hechos de violencia de género.
En este punto, es preciso recordar que el femicidio de Wanda Taddei (ocurrido en el 2010) y el juicio contra su femicida Eduardo Vazquez fue una bisagra que evidenció las denuncias del movimiento feminista sobre las fallas de la Justicia. Acciones que hasta la fecha se mantienen en vigencia debido al incremento de casos diarios (ver página 29).
La era de las movilizaciones
En el 2015, las calles comenzaron a inundarse por la marea de carteles en pedido de justicia tras el femicidio de Chiara Páez. Este caso movilizó a toda a la sociedad y fue el puntapié inicial para la consolidación de la consigna "Ni una menos, vivas nos queremos", encabezado por miles mujeres que tejieron redes en cada punto del país.
Cabe mencionar que desde el 2015, en Argentina, el 3 de junio y el 8 de marzo se convirtieron en las fechas clave para las mujeres que continúan hasta la fecha pidiendo justicia por cada una de las violencias que padecen.
Tras este hecho significativo, se comienza a hablar de la construcción paritaria no solo en los espacios laborales sino también legislativos, teniendo en cuenta que ya se contaba con una ley de cupo (ver recuadro de página 15), ahora se buscaba romper el techo de cristal del 30% de participación para avanzar con un 50%, es decir, contar con paridad y equidad de voces. Para dar respuesta a esto, en el 2017 se sancionó la ley de Paridad de género en el ámbito político, otorgando paridad en el armado de las listas, por lo que se deben intercalar mujeres y varones en su composición.
Adentrándonos a los últimos años previos al 2020, en el 2018 se aprobó la Ley N°27.452, conocida como Ley Brisa (Brisa Barrionuevo, una niña de tres años cuya madre fue víctima de femicidio a manos de su marido en 2014, inspiró el proyecto de ley que reconoce a los niños como víctimas colaterales de un femicidio).
Esta norma estipuló un régimen de reparación económica y cobertura de salud para los niños y adolescentes cuya madre o persona responsable de su cuidado haya muerto a causa de violencia de género.
Ese mismo año, a partir del femicidio de Micaela García, una joven que fue asesinada por Sebastián Wagner, dio paso a la consolidación de la ley con su nombre, que establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado, a nivel nacional, provincial y municipal. Dicha ley hoy solo busca brindar capacitar a las áreas competentes en el tema, es decir, recortar su alcance.
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