Marchas y contramarchas

Distribución desigual de las oportunidades educativas: docentes diferentes, escuelas diferentes, recursos pedagógicos diferentes, competencias diferentes, aprendizajes diferentes, expectativas educativas diferentes, éxitos y fracasos diferentes.

La relevancia democrática de la educación reside en que ella constituye un bien que abre, construye, potencia y afirma otros derechos. La educación es un derecho humano, un bien público y social, porque ella nos ayuda a comportarnos y a reconocernos como seres humanos libres e iguales ante la ley, a tratarnos fraternalmente, a luchar contra toda forma de esclavitud y de servidumbre, contra toda forma de discriminación, tortura y tormento, de aspiración colonial o imperial. Nos protege y es salvaguardia de nuestra identidad, de nuestra privacidad y de nuestro honor, de nuestra libertad, de la dignidad, de la felicidad, de toda libertad de pensamiento, del bienestar, del acceso a la riqueza acumulada, a la salud, a la vivencia plena de nuestra sexualidad, nuestra cultura y nuestra moralidad. Es la base, el inicio y, al mismo tiempo, la aspiración, el punto de llegada, de toda lucha por la justicia social y la igualdad, de toda lucha contra la humillación y el desprecio a que son sometidos millones de seres humanos por haber nacido pobres.

Los efectos económicos de la educación según Theodore Schultz en su "teoría del capital humano" dice que, la educación es un factor de producción que permite ampliar las oportunidades de ingreso y la competitividad de los agentes económicos en el mercado. Los portadores de los bienes educativos aumentan sus ganancias en la medida que, haciendo un uso racional de estos, desarrollan estrategias competitivas que les permitan maximizar sus beneficios en un mercado cada vez más selectivo. Aumenta la productividad y las oportunidades educativas aumentan las posibilidades de competir por el dominio de los conocimientos técnicos y disciplinarios necesarios para disputar en el mercado los mejores puestos y los beneficios más deseados.

Debemos redoblar la apuesta. Los gobiernos deben ser responsables por la educación de sus ciudadanos.

Impedir que el conocimiento sea monopolizado y expropiado de forma privada por aquellos individuos, grupos u organizaciones que disponen del poder y de los recursos, de la fuerza y de la superioridad técnica para acumularlo, alienando o enajenando a otros de sus beneficios. El monopolio del conocimiento constituye una de las más brutales formas de monopolización del poder. El derecho a la educación nos concede la oportunidad de vivir en una sociedad en la que el conocimiento es un bien público y, sus frutos, imprescindibles para la construcción del bienestar y la felicidad de todos.

La lucha por el conocimiento es siempre la lucha por el poder y el propio conocimiento está atravesado por uno de los atributos que define una de las formas dominantes de ejercicio del poder: el colonialismo. Tenemos derecho a cualquier educación y menos a la educación que los poderosos interpretan que nos merecemos, sino a una educación liberadora, basada en el reconocimiento y el respeto a los saberes que nos han constituido como comunidad y como nación, a nuestras lenguas, a nuestra historia y a nuestras tradiciones, a nuestras comprensiones y macro visiones acerca del mundo y de la sociedad. Esta pluralidad de saberes consolida nuestra convivencia y el respeto a nuestras diferencias.

Por Marcela Tomasella

Colaboradora de época