Movilidad Jubilatoria: Ley del Congreso por decreto del Poder Ejecutivo

En medio de una encrucijada económica, el Gobierno argentino ha propuesto cambios significativos en el régimen de movilidad jubilatoria, generando un debate crucial en el ámbito legal y social. La intención declarada de suspender la actualización automática trimestral y permitir que los aumentos sean dictados por el Poder Ejecutivo a través de decretos, en lugar de seguir la fórmula de movilidad actual, ha desencadenado mucho desconcierto entre los jubilados.

No es un dato menor que actualmente hay más de 5,7 millones de jubilados y pensionados en el régimen nacional, que el 64,1% accedió al beneficio a través de una moratoria y que de esos el casi 90% tiene una jubilación mínima.

Si bien, con el salto de la inflación, se calcula que será mayor al 40 por ciento en los próximos tres meses, la actual ley perjudicaría a los jubilados. Hasta ahora esta pérdida se viene intentando corregir (para las jubilaciones mínimas) con bonos que la ANSES otorga mensualmente y se definen tras conocer el resultado trimestral de la fórmula de movilidad.

¿Por qué las jubilaciones deberían ser móviles? Más allá de la respuesta obvia, cuál es la garantía de asegurar que el haber jubilatorio sea suficiente para cubrir todas las contingencias de la vejez. Desde la reforma constitucional puesta en vigencia en octubre de 1957, se incorpora el Artículo 14 bis de la carta magna, y por la que establece que es el Estado nacional, quien debe asegurar las jubilaciones móviles.

50 años después del mandato constitucional, el Estado nacional sancionó la primera Ley de Movilidad Jubilatoria en el año 2008. Hasta entonces no había ninguna regulación al respecto por lo que los jubilados tenían un único medio para ir por sus derechos, que los obligaba a transitar por los estrados judiciales por décadas enteras, debido a que no siempre se podía encontrar una fórmula justa que equilibrara los intereses de los jubilados con los de la sustentabilidad de la caja otorgante del beneficio.

Dado el sistema sustentado por los dos componentes principales, aportes del trabajador más las contribuciones del empleador y las fluctuaciones de la economía y política argentina, el 82% móvil, según los aumentos del salario del trabajador en actividad, era de cumplimiento imposible debido a que en la década de los 90 el índice de informalidad laboral se elevó al máximo posible, razón por la cual, los aportes y contribuciones eran ingresos muy magros para sostener el sistema. Sin embargo, recordemos en esa época se modificó la Ley de Jubilaciones estableciendo un sistema mixto entre público y privado, el sistema de reparto y el sistema de las AFJP.

En el año 2008 se derogó el sistema de las AFJP pasando todos los fondos a un fondo único administrado por el Estado. El fondo de garantía de sustentabilidad, a la vez que se establece un sistema estatal único de jubilaciones, "el sistema de reparto"

Los sistemas de reparto, que se caracterizan por tener cotizaciones obligatorias, pueden ser de aportación definida o de prestación definida. De este modo se pueden establecer reglar genéricas de distribución y de aumentos de los ingresos distribuidos. Dicho de otro modo, es el sistema el que da sentido a la necesidad de una ley de movilidad jubilatoria, para que realmente asegure las contingencias de la vejez.

Las fórmulas de movilidad fueron desde el 2008 en adelante, las primeras medidas tomadas por quien asumiera la responsabilidad del Poder Ejecutivo y esto tiene que ver con la responsabilidad constitucional del Estado de asegurar las jubilaciones móviles y con la responsabilidad por la administración de los fondos de garantía de sustentabilidad.

Una fórmula de movilidad que contemple el índice precios al consumidor o el índice de inflación sería la más justa, pero eso implicaría tal vez el desfinanciamiento de la caja con un padrón de jubilados de poco más de cinco millones de personas.

La propuesta del Gobierno se justifica bajo el concepto de "desindexar" la economía, sugiriendo que los futuros aumentos se calcularán en función de una inflación proyectada. Esta medida requiere la modificación legislativa del actual régimen de movilidad jubilatoria, un proceso que implica la presentación de un proyecto de ley al Congreso.

La idea de la utilización de decretos para suspender la movilidad jubilatoria es inconstitucional e inadmisible jurídicamente, además de adolecer de falta de sustento legal.

Actualmente, con la Ley de Movilidad vigente, desde 2021, se establecen cuatro aumentos anuales basados en un índice que combina la evolución salarial y la recaudación tributaria. La omisión de los aumentos de precios en esta fórmula permite al Estado compensar con bonos fijos cuando es necesario. Sin embargo, estos no se integran al haber, no afectan los cálculos posteriores y, por ende, no abordan la pérdida real del poder adquisitivo de los jubilados.

La implementación de bonos fijos, como el actual de 50.000 pesos, busca mitigar las carencias en las jubilaciones mínimas. Sin embargo, sin este bono, las jubilaciones mínimas no alcanzarían a cubrir la Canasta Básica Total, lo que plantea interrogantes sobre la suficiencia de estas medidas para combatir la pobreza entre los jubilados. Por otra parte, el pago de bonos con importes escalonados crea muchas desigualdades provocando el achatamiento de las jubilaciones con mejores haberes hacia las jubilaciones con menores haberes, e incluso en aquellos casos de frontera entre las líneas de las mínimas pueden provocar que esos terminen cobrando haberes menores que una jubilación mínima.

Desde el Observatorio del Derecho Social se destaca que, "excluyendo los bonos, el haber mínimo jubilatorio ha disminuido un 44,3% en términos reales en los últimos años, principalmente debido a que la fórmula de actualización no logra mantener el paso con la inflación".

La pregunta que surge es: ¿por qué modificar la fórmula en este momento, agravando la situación de los jubilados? Si los jubilados tienen su fondo de garantía de sustentabilidad, debería reverse cuáles son las inversiones que le dan real sustentabilidad, o tal vez buscar mecanismos alternativos que no impacten directamente en los bolsillos de los jubilados.

En este contexto, la preocupación gira en torno a la vulnerabilidad económica de los jubilados y la necesidad de políticas que resguarden su bienestar. La propuesta de desindexar la economía y dejar en manos del Poder Ejecutivo la determinación de aumentos jubilatorios plantea desafíos legales y sociales que exigen una evaluación cuidadosa de sus implicaciones a corto, mediano y largo plazo. El diálogo entre el Gobierno, especialistas legales y la sociedad civil será fundamental para asegurar un sistema que garantice la dignidad y el sustento de los jubilados argentinos.

Dejar sin efecto una ley del Congreso, sustituirla por decretos del Poder Ejecutivo, sin lugar a dudas afecta seriamente la constitucionalidad y la seguridad jurídica por la que clamaron los argentinos en su manifestación soberana y democrática. No es la opción en el estado de derecho, democrático y republicano.

(*) Egresada de la UNNE. Directora en Zarza y Asociados.

Por Silvia Zarza