Bullrich y el fantasma de Robespierre
Maximilien Robespierre fue una figura clave en la Revolución Francesa de 1789. Este personaje fue ajusticiado -irónicamente- mediante la guillotina el 28 de julio de 1794.
Juan Antonio Arregin/ Colaboración
El 27 de julio, Robespierre y varios de sus seguidores (muy conocidos por someter a sus enemigos al castigo de la guillotina) fueron arrestados en el Hôtel de Ville de París.
Pues bien, en esta Argentina de fin de año de 2023, y teniendo presente la "designación" presidencial de Patricia Bullrich como la próxima ministra de Seguridad de la Nación, me cabe la duda de si no estamos frente a una Robespierre argenta, futura víctima de sus propias recetas en materia de seguridad pública.
La excandidata presidencial tiene una fama de mujer dura, de mucha aceptación en las fuerzas armadas y de seguridad, de una solidez y contundencia propias de los sectores más duros de la sociedad.
La represión indiscriminada, basada solamente en una ideología, nunca es la solución a los problemas sociales, los cuales -siempre- van variando y mutando según los actores sociales y las coyunturas políticas.
Y ese debe ser uno de los grandes problemas de los políticos argentinos, con especial referencia a los futuros gobernantes de la Nación.
Analizando sus antecedentes, y a la luz de los "adelantos" de gestión del futuro presidente de la Nación, Javier Milei, pareciera que existe un conflicto entre el "deber ser" o el deseo y la praxis política que día a día expone el primer mandatario próximo a asumir.
Y ello tiene que ser con la idea de acciones políticas económicas de neto corte reductor del gasto público, claros generadores de futuros conflictos sociales con el componente de reclamos populares violentos y la necesaria respuesta del aparato gubernamental de seguridad.
Claramente, a la lógica propuesta social violenta, le debería corresponder una reacción estatal -o gubernamental- violenta, con lo que implica el ingreso a una espiral violenta ascendente.
Bullrich entiende como única política pública de seguridad armar a los servidores públicos y la represión a los reclamos sociales, sin importar su legitimidad. Ahora bien, todos los que habitamos esta Argentina alocada sabemos que el fuego no se puede apagar con aceleradores de combustión, como la nafta.
El estilo duro del futuro Presidente de la Nación es replicado por su futura Ministra de Seguridad, pero nos cabe preguntar si esta "respuesta" institucional no implica potenciar los problemas existentes.
En el caso particular de Corrientes, con fiscales que poco investigan, y jueces de garantías devenidos en zaffaronistas de ocasión, deberíamos analizar la complejidad del asunto.
Y esto que señalé antes se explica porque la mano dura no nos da seguridad pública, como tampoco la puerta judicial giratoria no pacifica a la comunidad. Hace mucho que este país oscila entre la binomia, como en este apartado, cuestión que genera posiciones irreductibles y fanáticas.
Corrientes, a lo largo de los últimos años, no logra conciliar su ideal de gestión de seguridad pública, con lo que en los pasillos de Tribunales ocurre. Investigaciones, detenciones y preventivos policiales no tienen correspondencia judicial, como también ocurre con publicaciones en redes sociales de manifestaciones de delincuencia común y toleradas (como las ventas de cosas robadas) sin que la "prevención policial" ni el "Ministerio Público" tenga una política pública seria y científica al respecto.
El vacío que exhibe el Ex Hotel Buenos Aires, sin abogados litigantes ejerciendo sus ministerios, nos demuestra adónde estamos yendo y la forma en la que se está llevando adelante la política judicial de investigación de los delitos.
Tarea para el hogar, y para los Colegios de Abogados de toda la Provincia, este apartado. Y me hago plenamente responsable de mis palabras.
Creo que deberíamos ponernos a pensar, en conjunto, la forma de diseñar y pensar estrategias conjuntas, comprensivas de todos, y no la aplicación violenta e irrestricta de pensamientos que cada día aparecen más antagonistas y radicalizados.
El potenciar la violencia en la sociedad no es sinónimo de solución pacífica de los problemas sociales, como no lo seria un incremento de la violencia de la acción estatal en contra de los sectores vulnerables, que van a intentar defenderse y repeler la agresión.
Debemos apuntar a la construcción de una sociedad más democrática y pacífica. Ello tiene como idea el evitar que le ocurra a Bullrich, como a Robespierre, ser una víctima de su propia receta.
Es mi palabra.
(*) Abogado. MP 8356