Retomar la lucha contra el gran flagelo
En la política argentina, la tesis del eterno retorno encuentra siempre claros ejemplos. Ahora que se confirmó la designación de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación parece oportuno reflexionar sobre los criterios a utilizar en la gestión.
Diputado Manuel Aguirre/ Colaboración
Como punto a favor tiene su capacidad de trabajo y que prefiere recorrer el terreno a quedarse en su seguro escritorio. Mi experiencia como secretario de Seguridad me indica no solo que es lo correcto, sino la única forma de conocer la realidad y no resultar desconectado de ella. Dentro de las clásicas divisiones entre moderados y extremos, la futura ministra parece estar en la segunda división y eso hará necesario que sus asesores acentúen los recaudos y tengan en cuenta las nuevas legislaciones provinciales que se han modificado desde la última vez que ella ocupó el cargo.
Es cierto que se encargará de delitos con competencia federal, como el narcotráfico en el que ya obtuvo resonantes resultados como el operativo que tuvo lugar en Itatí, que terminó con el intendente detenido y un juez federal destituido. Pero estamos en un tiempo distinto en el que el delito se ha internacionalizado aún más. En estos días hay un escándalo en Uruguay, Paraguay y la Interpol por un narcotraficante que dio un reportaje en la clandestinidad.
Ambos países son vulnerables al narcotráfico. El primero, por su sistema bancario muy seguro y con amplias relaciones internacionales, y el segundo por su geografía que permite el cultivo de la mayor droga comercializada en esta zona como es la marihuana.
Me place la designación de alguien capaz y con mucho coraje para la tarea de la seguridad que no resulta sencilla y le advierto que estamos en un nuevo tiempo en el que la clave del éxito será la inteligencia para combatir al crimen. El uso de la tecnología visibiliza las rutas del tráfico, el destino del dinero y el modo como se blanquean sus beneficios. Es una verdadera red que está en constante mutación y exige un enorme esfuerzo para su combate.
Eso requiere la cooperación de otros organismos nacionales como la AFIP, la AFI, la Aduana y también de las autoridades locales que viven la realidad día a día y son quienes mejor conocen el terreno.
Serían imprescindibles convenios de cooperación con las autoridades provinciales que ven la lucha contra el delito como algo necesario y que, en definitiva, será de beneficio para todos. Una de las herramientas jurídicas es la Ley 24.059 de Seguridad Interior.
Además, se debe aplicar en todo el país el nuevo Código Procesal Penal Federal que hoy solo se implementa en Salta y Jujuy. Se trata del ordenamiento que introduce el sistema acusatorio en la Justicia Federal por el cual el fiscal asume la investigación en las pesquisas penales. Implica un modelo de justicia basado en la oralidad, con procedimientos más rápidos, sencillos y transparentes, a través de investigaciones y juicios ágiles.
Celebro la designación y espero que en cooperación con las autoridades locales se retome la lucha contra los delitos que resultan un flagelo para la sociedad, que alteran la conciencia de nuestros jóvenes, no solo con sustancias, sino con la creencia de que hay allí un futuro próspero cuando solo hay muerte y desolación al final del camino.
(*) Diputado Nacional por Corrientes - exsecretario de Seguridad 2001/2006