Muchos delitos, pocos fiscales
La designación de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad puede traer aparejada muchas aristas en cuanto a la aptitud de llevar adelante determinadas medidas y los límites que tiene al respecto en la legislación procesal penal en Corrientes y la legislación del mismo tenor en la Nación.
Martín Ríos / Colaboración
Es decir, son dos realidades diferentes. Conocido es que el Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes ha modificado sustancialmente el procedimiento en cuanto a las primeras actividades investigativas que pueden realizar las comisarías y la definición de las cuestiones en cuanto a la comisión de los delitos y cuáles deben ser investigados y respecto de ellos señalando los fiscales las medidas iniciales pertinentes. Hasta aquí sabemos que llegamos procesalmente a un embudo o cuello de botella.
Nótese que a estas alturas ya es evidente la dificultad de las fuerzas de seguridad en la provincia para poder actuar con eficiencia y con celeridad a la hora de llevar adelante las medidas preventivas de la investigación, resguardar las pruebas y los elementos propios de los ilícitos. Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de actuar la Justicia nacional, es decir a través de los brazos de las fuerzas de seguridad nacionales, es un escenario distinto. Es en razón de que el Código Procesal Penal que se continúa aplicando el anterior, el más antiguo, que también tiene sus limitaciones, es decir las dos realidades procesales, la provincial y la nacional, no permitirían que la tarea preventiva de seguridad sea llevada adelante con eficiencia y efectividad.
El moderno Código Procesal correntino en lugar de permitirlo, lo impidió. Y el antiguo Código Procesal nacional merece y debe ser reformado otorgando las herramientas y las facultades a la fuerza de seguridad para evitar los delitos nacionales cometidos en las distintas provincias argentinas.
En cuanto a los ilícitos o actos potencialmente ilícitos llevados adelante en la provincia de Corrientes en el último año alcanzan alrededor de 63.000 expedientes, los cuales son divididos tan solo en la capital entre diez fiscales. Es decir, es humanamente imposible llevar adelante tantos legajos por tan pocas personas. Esto lleva a problemas de salud de los funcionarios, sin duda. O modificamos la legislación o aumentamos el presupuesto en recursos humanos; es decir, designamos al menos una decena más de fiscales en la capital correntina o la cuestión de seguridad no encontrará solución. Ello sin perjuicio de que la seguridad no solo depende de la designación de funcionarios judiciales, sino también de funcionarios policiales y una mayor dotación en cuanto a los recursos propios en ambos organismos.
Por último. El presidente electo y muy próximo a asumir, Javier Milei, manifestó una frase peronista: "Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada". Por ello es falsa la antinomia de mano dura o mano blanda; todo tiene que ser dentro del marco de la ley. Esto tiene que suceder en materia judicial y fuerza de seguridad.
(*) Abogado y dirigente justicialista