Colaboración
Política educativa
Dichas políticas consisten en los principios y decisiones que influyen en el campo de la educación, así como el conjunto de leyes y normas que rigen el funcionamiento de los sistemas educativos.
Definir las bases teóricas, técnicas y políticas donde se apoyen las estrategias educativas hacia la construcción de una sociedad más justa; colocar la dimensión cultural en el centro de la discusión política, involucra tanto los aspectos curriculares e institucionales como representaciones, valores y actitudes de los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje. El financiamiento, la infraestructura, las condiciones materiales de vida, las condiciones de trabajo, el equipamiento. Aumentar los recursos financieros, no suficientes para garantizar una educación de calidad para todos.
Nostalgia de un imaginario de educación pública que garantizaba altos resultados de aprendizaje, la autoridad del maestro era respetada y el sistema cumplía funciones de movilidad y cohesión social.
La centralidad de la educación para la cohesión social y su carácter público.
La crisis de 2001 fue una crisis sistémica que llegaba a la escuela afectando a todos los actores: alumnos, docentes, familias y autoridades. La escuela se convirtió en un espacio de contención social más que de enseñanza y aprendizaje.
La principal estrategia adoptada fue la Asignación Universal por Hijo (AUH), según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
El análisis del salario docente es de enorme complejidad, cantidad de variables en juego, participación del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, diversidad sindical, diferenciación salarial según zona, antigüedad, niveles del sistema, cantidad de puestos de trabajo de cada docente, montos no remunerativos.
Se han reducido las desigualdades en el acceso a la educación pero permanecen las desigualdades en los resultados de aprendizaje.
Un acuerdo de este tipo requiere una reforma impositiva de carácter progresivo, la cual es difícil de definir en un contexto de desconfianza hacia las instituciones del Estado como capaces de utilizar correctamente los recursos obtenidos a través de la recaudación impositiva.
Una forma de sociedad que provoca niveles inéditos de desigualdad pero aceptan los mecanismos que la producen (y/o desconfían de los que pueden intentar alguna solución).
Un ejemplo de este dualismo es el comportamiento de muchas familias respecto a la elección de la escuela para sus hijos. Mientras se condena el carácter injusto de la segmentación del sistema escolar en general, individualmente se tiende a evitar cualquier medida que promueva una distribución más equitativa de la matrícula y dificulte la decisión de colocar a los propios hijos en establecimientos donde sólo concurran sus iguales.
Las dificultades para construir un concepto de nosotros, que defina los contenidos de aquello que consideramos común, ha sido una constante en la historia, lo cual interpela la capacidad sociabilizadora de instituciones como la escuela obligatoria.
El ámbito de lo común ha sido históricamente asociado a lo urbano bonaerense y no al ámbito nacional. Esa ley define a todas las escuelas como públicas, independientemente de quién las administre.
La escuela pública, sea de gestión estatal o privada, es un espacio donde conviven los semejantes, no los diferentes. El aprendizaje destinado a promover responsabilidad social exige el manejo de información y conocimientos, pero también implica modificar prejuicios, estereotipos y representaciones muy instaladas en la cultura y subjetividad de los actores sociales.
El saber especializado provoca el empobrecimiento del sentido de solidaridad, ya que no permite percibir el vínculo orgánico que existe entre el conocimiento y la sociedad.
Si el sentido de la educación es construir sociedades más justas, el principal problema es romper el determinismo social de los resultados de aprendizaje. Sea cual sea el instrumento de medición que utilicemos (PISA, APRENDER, ONE, COPE), lo cierto es que los resultados escolares están asociados al origen social de los alumnos.
Medir no mejora la calidad, solo nos da un indicador de diagnóstico.
Solo será posible seguir aumentando la cobertura educativa si se modifican los patrones pedagógicos dominantes en los distintos niveles del sistema educativo.
El diseño de una pedagogía para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, sobre la cual es necesario y posible establecer la complementariedad entre la educación formal de tipo escolar y la formación profesional permanente.
La política debe dar lugar a la dimensión pedagógica y la pedagogía debe asumir el reto político de romper el determinismo social de los resultados de aprendizaje. Mayor complejidad es el tema de la articulación entre la dimensión política, la dimensión pedagógica y la gestión administrativa. La inclusión educativa no puede ser sinónimo de bajo nivel de exigencias. Pero las exigencias no pueden definirse por patrones tradicionales. La calidad educativa supone aprender a pensar, así como a formar en valores de fraternidad. Traducirse en prácticas efectivas de enseñanza y aprendizaje. Ubicar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el contexto institucional de la escuela.
Incorporar a la cultura profesional del desempeño docente un fuerte compromiso con la justicia social y con los resultados de aprendizaje de los alumnos.
Los ministerios de Educación, de Trabajo, secretarías de Cultura, municipios, sindicatos, cámaras empresariales, entre otros, están llamados a trabajar de manera articulada, cada uno con su contribución específica, en el marco de un diseño institucional que dé estrategias de formación profesional en economías tecnológicamente heterogéneas.
Sistémico e integral no son sinónimos de simultaneidad. Exige una fuerte capacidad de gestión alto nivel de profesionalismo en los cuadros de la administración, y ágiles y confiables sistemas de información. Exige plazos largos y una ruptura cultural con las lógicas clientelistas con las cuales se suele regir el reclutamiento de cuadros en las administraciones públicas, nacionales y subnacionales.
La importancia de las variables culturales e institucionales en el diseño de políticas destinadas a promover mayores niveles de justicia en el sistema educativo. Para sostener la legitimidad de la mayor inversión en educación, será necesario mostrar su impacto en los resultados educativos.
La clase política debería volver a colocar a la educación en un lugar prioritario de su agenda de discusiones, asumiendo que ella constituye un pilar fundamental del crecimiento económico con justicia social. La definición de planes decenales de educación, aprobados por ley. En esa lógica, las políticas educativas asumirían el nivel de políticas de Estado.
El desafío de los sindicatos docentes consiste en superar la cultura del paro como única estrategia de brecha por mejores condiciones de trabajo, que impacta directamente en la calidad de la escuela pública estatal y su rechazo a propuestas de profesionalización, de carrera docente y de mayor responsabilidad por los resultados.
Necesidad de considerar cambios en el diseño de los establecimientos escolares. Incentivar proyectos por escuela, formación de equipos con horas institucionales, incorporación a estos equipos de perfiles profesionales diferentes según el contexto en el cual trabaje la escuela (tutores, trabajadores sociales, entre otros)
Las instituciones funcionan o no funcionan- de manera muy diferente según quiénes trabajen en ellas.
Asumir la centralidad de algunos contenidos (alfabetización en lectoescritura, alfabetización digital, alfabetización científica), renovación de los saberes y de los valores con los cuales los docentes ejercen su profesión. No debe haber otra profesión donde exista tanta separación entre lo que se enseña en el período de formación y lo que luego se exige en el desempeño.
Asumir el desafío de valorizar la escuela pública en el imaginario de la población. Valorar la escuela pública estatal es un desafío cultural. Mostrar que es capaz de lograr que los alumnos que asisten a ella logren aprender.
Colaboradora de época