El derecho a votar con libertad

Autoritarismo o democracia. En esos términos plantean algunos actores políticos la definición que debe tomar el pueblo argentino el 19 de noviembre. Un escenario que se prepara para polarizar ideas de dos candidatos que tienen una génesis política común: la adhesión al neoliberalismo que es un legado del presidente Carlos Menem, una personalidad de nuestra historia reciente, a la que no se le puede discutir su pedigree peronista.

Uno de los contendientes se propone como moderado y el otro enarbola banderas extremistas. Así llegan al balotaje Sergio Massa, de Unión por la Patria, y Javier Milei, de La Libertad Avanza. Ambos dejaron atrás a Juntos por el Cambio que no pudo articular una propuesta convincente para la sociedad tras una virulenta interna; al muy localista Juan Schiaretti de Hacemos Argentina y a la postergada representante del Frente de Izquierda de los Trabajadores Myriam Bregman.

Por estos días, el campo de batalla es el relato a través de las redes sociales en que los "contenidos políticos" compiten con los triviales entretenimientos de los múltiples retos de los adolescentes bailando o soportando situaciones ridículas con tal de obtener un me gusta o un comentario hater con tal de sumar clickeos. En ese contexto abundan memes, videos, posteos y publicaciones que se reputan de serias, que instan a los ciudadanos cuyas convicciones políticas no coinciden con las propuestas de dos candidatos que tienen origen filosófico común, a definirse por uno de ellos.

No hay que olvidar que Sergio Tomás Massa, de joven, fue adherente a la Unión de Centro Democrático que lideraba el referente liberal Álvaro Alsogaray, aliado del gobierno que instrumentó el estado ausente con Carlos Menem y del que Milei se reivindica cultor de la escuela de Austria, una filosofía económica que desprecia toda existencia del Estado como regulador de las relaciones sociales.

En ese contexto aparecen las apelaciones místicas y citas bíblicas acerca de que "a los tibios los vomita Dios" o cálculos matemáticos caprichosos que intentan demostrar que, si un ciudadano se mantiene fiel a sus convicciones políticas y decide hacer uso a su derecho constitucional de votar en blanco o anular su voto, favorece al candidato con más posibilidades de imponerse en esos comicios.

Eso es sencillamente una falacia porque el voto en blanco o nulo no se contabiliza y no influye en los porcentuales de adjudicación de cargos, así que si el ciudadano no coincide con el gobierno que postula al ministro de Economía y no se siente representado por el hombre de la motosierra, solo tiene que consultar con su conciencia y reflexionar sobre sus convicciones y decidir en consecuencia.

Cualquiera sea su decisión es tan respetable como la de quien resuelve apoyar a cualquiera de los dos candidatos.

Proponer obligar a los ciudadanos, cuyas ideas nada tienen que ver con las dos opciones neoliberales en pugna, bajo la admonición de que su supuesta "tibieza" lo va a convertir en acreedor al peor de los infiernos, es un claro signo de autoritarismo de quienes adhieren y militan para los candidatos y eso es tener una posición muy cercana al fascismo.

Acerca de las citas bíblicas sobre la vocación vomitiva del creador habría que recordar que esa es una recomendación del Antiguo Testamento y aclarar que en el Nuevo Testamento el hijo de Dios definió claramente que su prédica nada tenía que ver con la política mundana. Así lo explican los libros de San Marcos 12, 17. San Mateo 22, 21, cuando recuerdan que Jesucristo aconsejó "dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios", marcando claramente la separación de los asuntos espirituales de las cuestiones de estado.

Aclarado este punto, la elección del 19 de noviembre es una compulsa entre dos candidatos que se disputan formas diferentes de ajustar el bolsillo de la clase trabajadora, una a través de políticas inflacionarias que reducen el poder adquisitivo de los salarios y aspira a permanecer al frente de la administración pública nacional para seguir haciendo negocios privados con plata pública, y la otra que directamente propone derogar todo atisbo de legislación proteccionista de los derechos ciudadanos de segunda y tercera generación.

Ambos candidatos poco y nada dicen de cómo van a hacer, cuando les toque administrar el país, para mejorar los salarios, sostener los derechos como el límite de la jornada laboral de ocho horas, vigencia real y plena de los convenios colectivos que garanticen sueldos y condiciones de trabajo dignos, la posibilidad de una jubilación que permita una vejez tranquila y contenida, acceso a una obra social que garantice una prestación de salud de calidad.

Todos son beneficios que la clase trabajadora argentina fue perdiendo desde 1974 en adelante y cuyo deterioro se profundizó durante la última dictadura que para eso fue impuesta a sangre y fuego. Lo mismo pasó en el gobierno de Carlos Menem y no se detuvo durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, mucho menos la de Mauricio Macri y -por supuesto- continúa en la administración que lidera Cristina acompañada por Alberto Fernández y Sergio Massa.

Hay muchos convenios colectivos acordados por gremios con sus respectivas cámaras empresarias y posteriormente homologados por el Ministerio de Trabajo que no se aplican, sobre todo en empresas que reportan y adhieren a las políticas del actual Gobierno y los referentes de Unión por la Patria hacen la vista gorda.

Claro que esa precarización laboral no es exclusiva de los ámbitos privados. Gobernadores e intendentes que reportan al justicialismo, al radicalismo, al PRO y a los partidos provinciales también violan sistemáticamente los derechos de los trabajadores a través de la "monotributización" de sus contratados, las "becas", los "contratos de obra", el pago a través de "fideicomisos" de escasa transparencia y otras formas de explotación, pese a que todos los estados tienen estatutos del empleado público que deberían proteger los derechos de esos agentes estatales.

Vale destacar que convenios colectivos privados y estatutos de agentes públicos son letra muerta, al igual que los derechos laborales de los argentinos consagrados desde los primeros años del siglo XX hasta 1930 y que recién se aplicaron en todo vigor desde 1946 a 1955 cuando gobernó Juan Domingo Perón, y ni el gobierno de Sergio Massa ni el de Javier Milei van a respetar su vigencia y mucho menos los van a aplicar.

Por eso, exigirle a un ciudadano que tiene convicciones opuestas a las políticas que implementa Massa y las que propone imponer a fuerza de motosierra Milei, que vote por alguno de ellos, es una manifestación de vocación autoritaria que nada tiene que ver con la democracia.

Un gobierno conducido por demócratas tiene la obligación de hacer realidad esa oración de Raúl Alfonsín cuando propuso a los argentinos hace 40 años: "Es como un rezo laico, una oración patriótica, que si alguien distraído al costado del camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan. Tenemos que contestarle que luchamos, que marchamos, para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino…".

Todo lo demás es saraza.

Por Rubén Orlando Giménez

Redacción de época