Avanzar en las políticas de integración en la educación

La promoción de escenarios favorables y menos renuentes a los cambios depende en gran parte de las dinámicas de las decisiones y de las formas en que se comuniquen. Es aconsejable partir del reconocimiento de los logros alcanzados, difundirlos e involucrar a los actores directos; reconocer que no se tienen todas las respuestas y que el error formará parte del proceso, aprender del error también en el plano de las políticas; ser creativos y promover innovaciones; monitorear y difundir los avances a nivel micro y macro; sistematizar y difundir prácticas de calidad.

Saber que para un camino de mejora continua, la sociedad y sus líderes tienen que priorizar, prestigiar y valorar cada vez más la educación y la escuela, confiar en sus docentes y, sobre todo, en los estudiantes. Están dadas las condiciones porque tenemos capital acumulado, tradiciones y maestros en condiciones de hacerse cargo de la tarea.

La comparación con la imprenta es, desde este punto de vista, necesaria y pertinente. Antes de la invención de la imprenta no era necesario estar alfabetizado para ingresar al circuito por el cual circulaba la información socialmente más significativa. Con la imprenta, la necesidad y el derecho de saber leer y escribir exigió políticas de alfabetización universal. Es necesario, además de saber leer y escribir, estar digitalmente alfabetizado para tener acceso a la información y ejercer reflexivamente el desempeño ciudadano. Pero, al igual que con la alfabetización de la lectoescritura, no alcanza con tener acceso al instrumento y manejar las formas elementales de sus mecanismos. Es necesario, además, de manera tal que constituya un vehículo para comprender el mundo y poder expresarse.

El bajo uso asociado al nivel de infraestructura tecnológica disponible en las escuelas (computadoras, red interna y conexión a internet). Solo un tercio de las escuelas disponen de un nivel adecuado de infraestructura tecnológica.

La intensidad del uso aparece asociada a la posibilidad de apoyo técnico. En la etapa de instalación e inicio de la implementación de políticas que promueven el uso pedagógico de las TIC, el apoyo de facilitar en TIC. Necesidades de reparación y seguimiento del uso de los dispositivos en las escuelas.

La informática como asignatura, contenidos, herramientas conceptuales. Comprender las lógicas de producción y divulgación de la información y el conocimiento, los alcances y desafíos de la Big data, las lógicas bajo las cuales se construyen los buscadores de información, seguridad personal y colectiva, el ámbito público y privado en la web. Contenido crítico que las escuelas deberían integrar. Adecuar el tipo de contenidos y el desarrollo de herramientas conceptuales en función de los distintos grupos etarios, a lo largo de la trayectoria escolar. Enseñanza de programación computacional.

La no asistencia a la escuela de los jóvenes de 13 a 17 años está correlacionado con las condiciones deficitarias de las viviendas y los hogares.

Gran parte de las transferencias de la política social: Asignación Universal por Hijo, embarazo, becas estudiantiles, han sido bancarizados en pos de disminuir las prácticas clientelares.

La gestión del sistema educativo que opera en los distintos territorios se encuentra con una diversidad de desafíos que son enfrentados con recursos institucionales, económicos y humanos que no se corresponden con la complejidad que representa el entrelazamiento de desigualdades. Inversiones en infraestructura básica, caminos, transporte y conectividad. En estos contextos, casi 9 de cada 10 instituciones educativas son de gestión estatal.

La Constitución Nacional, en su artículo 14, conforme a las atribuciones del artículo 75, incisos 17, 18 y 19, y los tratados incorporados a ella, garantiza el derecho a la educación para todos los ciudadanos del país. Plasmado a través de las distintas leyes de educación nacional y sus homólogos provinciales. En los últimos años, distintos marcos normativos han ampliado las garantías.

¿Qué ocurre cuando el derecho al acceso a la educación no está garantizado? ¿Qué significa para un niño o joven no acceder a la educación en la actualidad? ¿Quiénes son aquellos que aún quedan fuera del sistema educativo? ¿Qué situaciones constituyen la emergencia en educación? ¿Cuáles son las herramientas que el Estado, la familia y la sociedad civil pueden reclamar para garantizar su cumplimiento? ¿Cómo resolver esto en el corto plazo?

La primera Ley de Educación Común de 1884 (1420) no se incluía la figura de la emergencia educativa. Se propuso generar un sistema que permitiera formar a los nuevos ciudadanos.

La figura de emergencia a nivel nacional en el sector educativo aparece con la Ley Federal de Educación (LFE) en el artículo 64.

El Congreso Pedagógico Nacional de 1984 avanzó en la promulgación de una nueva ley nacional de educación: la Ley Federal de Educación (1993). Descentralización de la educación básica, se transfirieron a las provincias las instituciones de nivel medio y superior no universitario. La forma en que esta nueva descentralización se llevó a cabo, transferencias de las escuelas sin los recursos y capacidades institucionales para garantizar una gestión y sostenimiento adecuados –produjo una profundización de las desigualdades de base que ya tenía el sistema. El Pacto Federal Educativo nunca se llegó a cumplimentar.

El Plan Social Educativo abarcó programas de acción: infraestructura escolar, rotación de recursos pedagógicos, útiles escolares, capacitación a los docentes y becas escolares para el nivel secundario. Desarticuladas de otras políticas de desarrollo social y económico en el país.

Premisas de compensatoriedad no resolvieron las cuestiones de fondo. El incremento en la inversión educativa corriente no se cristalizó en las provincias más postergadas.

En 2006, con la nueva Ley de Educación, Ley 26.206 de Educación Nacional (LEN) hubo un amplio deterioro del sector, dificultades financieras para administrar el sistema educativo y para pagar los salarios docentes.

La nueva ley consagró que es responsabilidad el Estado nacional, las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires proveer educación integral, permanente y de calidad a todos los habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, la gratuidad y la equidad, definiendo a la educación como un derecho social y que toda educación es pública por definición.

Por Marcela Tomasella

Colaboradora de época