Un nuevo caso de maltrato animal
Estas conductas frecuentes en nuestra sociedad, ponen al descubierto la ausencia de políticas públicas orientadas a proporcionar protección a los animales y una notoria indiferencia o ignorancia, tanto de los ciudadanos como del Estado.
Jorge Buompadre / colaboración
En la edición del jueves 12 de octubre de 2023, se publicó en este mismo medio una noticia titulada "Llevaban un ternero y un chancho atados", dando cuenta de un procedimiento de la policía del PRIAR, durante el cual se detuvo a unas personas que transportaban en un vehículo esos animales, vivos y atados, sin ninguna documentación que legalice dicho transporte.
La noticia, pese a no ser muy explícita en ciertos aspectos, informa que estos sujetos fueron puestos a disposición de la justicia y los animales a resguardo policial.
Este hecho -que a primera vista no parece ser muy trascendente-, se muestra, claramente, como una conducta de maltrato animal que debería ser analizada si encaja o no en alguna disposición de la Ley 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad a los Animales o, en su defecto, en algún precepto del Código de Faltas de la provincia o de alguna Ordenanza que regule en forma especial el transporte (o el maltrato) de animales en la jurisdicción del lugar de comisión del hecho.
Recordemos que estos infractores fueron detenidos (situación de privación de libertad ciertamente discutible) y puestos a disposición de la Justicia. ¿De qué justicia?, nos preguntamos, ¿penal o contravencional?, porque se trata de distintas competencias. Pero, más allá de esta cuestión, que es un aspecto importante del problema, se debe dejar en claro que, pese a los notorios defectos de técnica legislativa (por acción o por omisión) que se observan en estas normativas (que las he criticado suficientemente en otro lugar; véase Buompadre Jorge E., Delitos contra los animales, Editorial ConTexto, 2023), el hecho de transportar animales en las condiciones que se mencionan en el reporte periodístico, sin dudas que encuadra en el artículo 3.7 de la Ley 14.346, en cuanto castiga con prisión "causar (a los animales) sufrimientos innecesarios", como así en el artículo 82 del Código de Faltas de la provincia que castiga con multa a "los propietarios o transportistas que trasladaren cargas en general, cualquiera sea su género, forma o especie, sin la documentación requerida por las disposiciones legales", texto que incluye, ciertamente -por su amplitud conceptual-, a los animales como objetos de transporte.
Sin perjuicio de esto, es más que evidente que, hechos de esta clase configuran una acción maltratadora -muchas de ellas con potencialidad suficiente como para ocasionar graves consecuencias físicas y psíquicas en el animal (por ejemplo, lesiones en la piel, dolores, sufrimiento)-, situaciones que, más allá de la respuesta punitiva del Estado, que es necesaria desde luego, me parece que lo que ponen al descubierto estas conductas de maltrato animal -que son frecuentes en nuestra sociedad- es, no sólo la ausencia de políticas públicas orientadas a proporcionar una mejor y mayor protección a los animales, sino una notoria indiferencia (o ignorancia), tanto de los ciudadanos como del Estado (especialmente del Poder Judicial, en sus áreas específicas), de que los animales son "sujetos no humanos" que tienen derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico en vigencia, que no solamente deben ser respetados, al igual cómo sucede con los derechos de los sujetos humanos, sino que cualquier acción de maltrato animal es una "acción criminal" que, como cualquier conducta delictiva, debe ser investigada a fin de determinar si sus autores deben o no ser sometidos a las sanciones respectivas previstas en la normativa en vigor en nuestro país.
Así son las reglas en un Estado Constitucional de Derecho y, en el marco de estas reglas, es hora de que, en los poderes del Estado, particularmente en el Poder Legislativo, se empiece a entender de que los animales no son un mero objeto de propiedad de los humanos y que pueden hacer con ellos lo que les plazca, sino -como antes dije- son sujetos no humanos "dotados de sensibilidad", con capacidad de sufrir, y que tienen derechos que deben ser reconocidos legislativamente, en forma expresa y directa en la norma.
De este modo, seguramente, habrá de mejorar la relación del hombre con el animal y, consecuentemente, se reducirán los actos de maltrato de los que muchas veces somos solo espectadores de ocasión.