Colaboración
La desigual distribución de los recursos de la educación
El financiamiento de los recursos necesarios para la enseñanza la cumplen los gobiernos provinciales. El Gobierno nacional distribuye programas y proyectos. Los criterios de repartición se definen para cada uno de los programas.
Los Estados aspiran a brindar una educación inclusiva, en la que haya lugar para todos y con igual calidad. Argentina tiene dos niveles de desigualdad en el financiamiento de la educación. El primero, las provincias. El segundo, las instituciones educativas.
La inversión responde a la prioridad que cada gobierno asigna a la educación dentro de su presupuesto. El sistema educativo en Argentina está segregado respecto al nivel socioeconómico de los estudiantes.
La mayor inversión en instituciones privadas incide en la cantidad y la calidad de los recursos materiales y humanos disponibles, frente a las del sector de gestión estatal. "Escuelas pobres para los pobres".
La inexistencia de fórmulas o indicadores objetivos que permitan parametrizar los criterios enunciados en las leyes respectivas para la asignación de los subsidios. La inconsistencia en la instrumentación de esta asignación.
El financiamiento de los recursos necesarios para la enseñanza la cumplen los gobiernos provinciales. El Gobierno nacional distribuye programas y proyectos. Los criterios de repartición se definen para cada uno de los programas.
A su vez, en las instituciones educativas es posible reconocer tanto un flujo como un stock de recursos. Por una parte, los gobiernos realizan cada año, y en algunos casos cada mes, una asignación corriente de recursos para el funcionamiento de las escuelas (esto incluye los salarios de los docentes, los materiales educativos o el financiamiento de proyectos). Por otra parte, cada establecimiento cuenta con una inversión acumulada que se refleja en su infraestructura y equipamiento.
En la Ley de Educación Nacional, Artículo XI, el presupuesto consolidado no podrá ser menor al 6% del PBI.
Cumplir con el mandato de la ley debería ser el primer compromiso del Estado en materia de financiamiento educativo.
Otorgarle contenido a este incremento de la inversión. Es necesario establecer prioridades y metas intermedias, definir los medios para alcanzarlas y calcular sus costos.
El rol de coordinación política podría recaer en el Consejo Federal de Educación, y su implementación, en instancias más ejecutivas del Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Planeamiento.
Los planes deben ser revisados periódicamente para poder evaluar los avances y definir nuevas metas. La definición del piso de inversión educativa debe surgir de un ejercicio integral de planificación en el que los recursos sean la contracara de un conjunto de objetivos de política educativa.
Un nuevo marco institucional para el financiamiento de la educación debería establecer un piso de inversión en cada gobierno que permita mantener el nivel de gasto consolidado alcanzado y las responsabilidades en los incrementos de inversión deseados.
El Gobierno nacional debería tener un mayor protagonismo en un escenario de crecimiento de la inversión educativa.
Dar cumplimiento a los mandatos de la Ley de Financiamiento Educativo, que establecía la necesidad de definir un conjunto de criterios para la distribución de los recursos nacionales a las jurisdicciones; proponía la incorporación de variables poblacionales y de pobreza; indicadores educativos; la capacidad fiscal de las jurisdicciones y su esfuerzo financiero por la educación (Art. 14 de la Ley 26705). Sistema de compensación nacional con dos fondos: uno salarial, que unifique el actual Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente y equiparar los salarios docentes provinciales y acciones compensatorias (becas, programas nacionales, infraestructura) con un criterio de distribución basado en los niveles de pobreza de las provincias.
Una solución más estructural pasa por equiparar la disponibilidad de recursos fiscales entre las provincias, para lo cual es necesario modificar los criterios de distribución de la coparticipación federal para la creación de un fondo federal de financiamiento educativo. Este fondo se financiará con un porcentaje de la masa coparticipable y tendría asignación específica a la educación. Además, el monto del fondo, sus criterios de distribución y el mecanismo del monitoreo deberían definirse a partir de la firma de un nuevo Pacto Federal Educativo.
Una condición necesaria para una mejor distribución de los recursos es contar con información. Multiplicidad de registros administrativos y estadísticos en diferentes dependencias y niveles de gobierno que impiden tener un diagnóstico completo de cómo se asignan los recursos en educación. Es preciso construir un sistema de medición que incluya datos por escuela relativos a cuatro dimensiones: información institucional, disponibilidad de recursos y características de la oferta educativa; participación en programas nacionales y provinciales de distribución de recursos y nivel socioeconómico de los alumnos.
Los subsidios a la educación privada ocupan, asimismo, una porción considerable de los presupuestos educativos provinciales. Un primer desafío es acordar y establecer requisitos para la obtención de los subsidios que excluyan, por ejemplo, la posibilidad de lucro por parte de las instituciones de las instituciones que las reciben. Respecto de su distribución es necesario mejorar las normativas vigentes y establecer porcentajes de subsidio y bandas arancelarias que respeten un esquema progresivo. Además, debería estudiarse en cada provincia la posibilidad de tender hacia un esquema que financie el 100% de los costos y elimine el cobro de aranceles. Una medida de estas características, junto con la prohibición de cualquier mecanismo de selección de los estudiantes, tendría el potencial de reducir los niveles actuales de segregación.
Se impone un criterio de distribución universal de insumos necesarios para el funcionamiento de las escuelas, pago de servicios públicos, mantenimiento de la infraestructura y provisión de algunos materiales didácticos.
Para alcanzar estas metas no solo importa la cantidad de recursos, sino también la forma en que estos se utilizan.
El desarrollo de una cultura de toma de decisiones basada en evidencia, la instalación de una estrategia de monitoreo y evaluación sistemático de los programas y proyectos públicos que permitan conocer de manera oportuna sus costos, resultados e impacto.
Manejo de los recursos físicos y humanos del sector, personal docente, los salarios, la formación inicial y continua y la carrera docente. Establecer con claridad el rol del Gobierno nacional y el de los gobiernos provinciales en su financiamiento y gestión. La transferencia de los servicios educativos sin más contemplar modificaciones institucionales a la manera en que las provincias financian a la educación introdujo una debilidad estructural al sistema.
Colaboradora de época