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Marcela Tomasella

Colaboración

CONCLUSIONES

Identificar los objetivos que persigue la educación

Las tendencias de la administración: recuperar, reactivar y reconstruir la capacidad operativa de la administración pública y su naturaleza pública.

La capacidad para gobernar un sistema educativo como el de Argentina y garantizar la justicia educacional implica la movilización de recursos políticos y recursos técnicos. Reconfiguración del proceso decisorio, territorialización de las políticas educativas, montar plataformas territoriales que sean el punto de anclaje de las acciones convergentes de una gobernanza multinivel. Que los responsables políticos monten arenas de negociación que les permita modular las presiones de los actores, preservar la consistencia de las políticas y favorecer su sustentabilidad en el tiempo.

Informatización de la gestión y profesionalización de las burocracias

Recuperar la naturaleza pública de la gestión. Cambiar la matriz estadocéntirca que prevalece en la administración pública por una matriz sociocéntrica y rearticulación de la relación entre el Estado y la sociedad.

Hay que tener en cuenta otros actores: los padres y las organizaciones de la sociedad civil.

La disponibilidad de información pública supone fortalecer el proceso de rendición de cuentas de los actores estatales. Mayor cantidad de información permite acompañar de cerca las actividades del sistema educativo. Construcción de una demanda de información, cultura de uso, apertura y puesta en común de la información.

Garantizar la justicia educacional es una responsabilidad principal del Estado, pero requiere un esfuerzo colectivo, en el que también participe la sociedad civil.

El financiamiento es un factor clave de la política educativa que contribuye a definir lo que es posible y operacionaliza definiciones acerca de lo que se considera prioritario. La cantidad de recursos refleja la prioridad que los gobiernos y la sociedad en general asignan a la educación. Distribuirlos de una manera adecuada no asegura el éxito, sí condición necesaria para conseguir los objetivos que estas políticas definen.

En el año 2000 se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo.

El análisis en dos dimensiones: la disponibilidad de recursos en la educación y los mecanismos de asignación de esos recursos y su impacto en la equidad.

¿Cómo se financia la educación en Argentina?

Hay distintas maneras de financiar un sistema educativo. Un conjunto de fuentes, flujos y destinos de los recursos que forman la estructura de financiamiento de la educación.

Tres fuentes de recursos: el sector público, el sector privado y las fuentes internacionales. No son independientes, los recursos fluyen entre ellos antes de ser asignados.

Hay cinco dimensiones para evaluar el sistema de financiamiento escolar: 1) condiciones y recursos de las escuelas; 2) mecanismos de asignación; 3) funciones de financiamiento; 4) gasto educativo y 5) capacidad fiscal y monitoreo.

En Argentina, el sector público es el actor principal y la mayor parte de los recursos proviene de las provincias.

Argentina tiene un sistema descentralizado que asigna sus recursos a través de la oferta.

La transferencia de los servicios educativos nacionales de educación secundaria a las provincias en los primeros años de la década del 90 no estuvo acompañada por recursos financieros, las provincias debieron asumir la responsabilidad de financiamiento.

La transferencia de servicios y la reforma educativa, la Ley Federal de Educación en 1993, las provincias asumieron la responsabilidad por el financiamiento, la definición de políticas y la administración del sistema. El Gobierno Nacional se concentró en las tareas de orientación técnico pedagógica, producción de información y la compensación de desigualdades. Programas y sistemas nacionales: Plan Social Educativo, Red Federal de Formación y Capacitación Docente, Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa, Red Federal de Información Educativa, Programa Nacional de Incentivo Docente (1999).

La Ley de Financiamiento Educativo (2005) tenía como principal objetivo aumentar la inversión en el sector creando el Fondo de Compensación Salarial Docente y establecer la paritaria nacional para el sector.

El principal gasto (79%) es el salarial. Salarios de docentes que trabajan en instituciones de gestión pública. Los gobiernos provinciales también realizan aportes al salario de los docentes de instituciones privadas (12,9%). Los salarios docentes ocupan el 91,9% del presupuesto educativo de las provincias.

En los gastos de capital (4,5%) hay complementariedad con el Gobierno Nacional. El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en la construcción de escuelas. Más Escuelas, más Educación.

En los últimos años la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a través del programa Conectar Igualdad, para la incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación en la educación.

Los recursos nacionales para el sostenimiento de las universidades públicas es del 60%.

Programas que conforman el resto del presupuesto: Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica, Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) con la Ley de Educación Técnico Profesional (2005).

En resumen, los gobiernos provinciales asumen las tres cuartas partes de la inversión consolidada en educación en la educación básica. El gobierno nacional asume el 25%, entre el sostenimiento de la educación universitaria y el apoyo a los sistemas educativos provinciales a través de programas específicos.

El 72% se destina a los niveles primario y secundario, educación obligatoria. La terciaria recibe el 20% y la inicial, el 8% restante.

La segunda fuente de recursos para la educación es el sector privado, con el gasto educativo de las familias, el aporte de las empresas y las organizaciones sociales.

La tercera fuente corresponde al sector externo, organismos multilaterales de crédito, filantropía internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

El crecimiento de la inversión pública en educación en los últimos años es un hecho objetivo. Si el nivel de inversión alcanzado es el adecuado, si es suficiente para cumplir con las metas educativas vigentes.

Lo más importante para definir el financiamiento de la educación en un país es identificar los objetivos que este persigue. "Cuánto", "para qué". Ley de Financiamiento Educativo, Ley de Educación Inicial, Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente, Metas 2021, Educación para Todos.