La pensión por viudez es imprescriptible y de orden público

La pensión por viudez es un derecho personalísimo del titular y al igual que el salario es propio de quienes viven de ese salario y que luego tendrán derecho a la pensión.

El haber de la pensión participa de la naturaleza jurídica de una prestación previsional que se adquiere por derecho propio y ese derecho no proviene del derecho de sucesiones, por consiguiente lo que le da origen al haber de la pensión será el monto de la jubilación.

¿Qué sería entonces el derecho de pensión? Es el derecho a percibir, para quienes estuvieron a cargo del titular de una jubilación que fallece, una suma de dinero para mantener el derecho a subsistencia. Por ello, el hecho biológico de la muerte, en el campo de la seguridad social, genera el derecho a obtener un beneficio de pensión. Este derecho de pensión nace, ya sea que el titular se encuentre jubilado, y también en los casos en que fallece estando en actividad. Este beneficio pensionario tendrá relación con el derecho jubilatorio que tenía la persona fallecida y está amparado por los mismos derechos protectores que tienen la jubilación. Esto es ser proporcional, ser imprescriptible, ser un derecho personal, ser un derecho móvil. Tanto la jubilación como la pensión están protegidos por las leyes de orden público que son obligatorias e irrenunciables dado que el bien jurídico protegido excede los límites del derecho personal y entra en el campo del derecho social, que responde al principio de justicia social.

Este derecho tiene su especial regulación en la Ley 24.241 a la vez que las provincias tienen su reconocimiento y regulación propia en materia de pensiones.

Las características especiales de las pensiones son similares a las de las jubilaciones. Entre ellas se puede decir que son:

* Personalísimas: solo corresponden a quienes por ley tienen el derecho a percibir.

* No pueden ser enajenadas ni afectadas a terceros por derecho alguno.

* Son inembargables, salvo las cuotas por alimentos.

* El derecho a percibir es imprescriptible.

* Solo se extinguen por las causas previstas por la ley, por ejemplo muerte de quien tenga derecho a percibir la pensión.

Un caso curioso a tener en cuenta, respecto al derecho a una pensión es, por ejemplo, el derecho de pensión de la viuda separada de hecho. Se refiere a aquella mujer que a pesar de no haber formalizado su separación o divorcio con su cónyuge, vive separada de él en la práctica, ya sea por razones personales, económicas o de otra índole.

En muchos países, las leyes reconocen el derecho de pensión de la viuda separada de hecho como una forma de garantizar su sustento económico después de la muerte de su cónyuge, incluso si no estaban legalmente divorciados en el momento del fallecimiento. Este derecho se basa en principios de equidad y justicia, reconociendo que las relaciones personales pueden ser complejas y que, en algunos casos, la separación de hecho puede ser la única opción viable.

Los detalles específicos de cómo se otorga esta pensión varían según la jurisdicción y las leyes locales, pero generalmente involucran factores como la duración de la separación de hecho, la dependencia económica de la viuda respecto del difunto cónyuge, la existencia de hijos en común y otros aspectos relevantes.

Actualmente, esta particular situación es una más de las que deberían revisarse debido a los cambios de paradigmas y que hacen necesarios la construcción de nuevas o distintas exigencias en cuanto a la convivencia y a la familia. Hay muchas parejas que toman la decisión de poner fin a la convivencia luego de muchos años de vida en común, precisamente para dar continuidad a la relación. Esta situación por sí sola descartaría la posibilidad de que uno de ellos pueda pedir la pensión por fallecimiento del otro, puesto que no podría probar la primera premisa, cual es la convivencia requisito necesario para otorgar el derecho a la pensión.

Sin embargo, es importante destacar que el derecho de pensión de la viuda separada de hecho no solo beneficia a la mujer, sino que también puede ser crucial para el bienestar de los hijos en común, si los hubiera, al garantizar su apoyo financiero después de la muerte del padre. Esto contribuye a la estabilidad y seguridad económica de la familia.

Las pensiones por viudez pueden ser reajustadas por error administrativo en el cálculo del haber inicial o en la determinación de los factores que la afectan, la viuda puede solicitar una corrección y un reajuste en la pensión para que refleje con precisión lo que le corresponde según la ley o por inflación o aumento del costo de vida.

Los haberes de las pensiones pueden ser ajustados periódicamente para tener en cuenta la inflación o el aumento del costo de vida. En todos los casos, la viuda puede solicitar un reajuste para mantener el poder adquisitivo de su pensión.

El procedimiento para reclamar un reajuste de la pensión por fallecimiento puede variar según la jurisdicción y el sistema de seguridad social. Por lo general, implica presentar una solicitud ante la entidad encargada de administrar los beneficios. En caso de negativa del derecho al haber reajustado, se puede acudir a la Justicia en reclamo del derecho a la jubilación móvil como manda la Constitución Nacional. En ambos casos se debe proporcionar evidencia documental y argumentar las razones para el reajuste. Es importante que la viuda o viudo esté informado/a sobre sus derechos y busque asesoramiento legal o de un profesional de seguridad social si enfrenta dificultades en este proceso.

En conclusión, el derecho de la viuda a reclamar el reajuste de la pensión por fallecimiento es un mecanismo importante para garantizar que las necesidades económicas cambiantes y las circunstancias personales se reflejen adecuadamente en los beneficios de pensión que recibe. Esto contribuye a proporcionar un apoyo económico justo y equitativo a las viudas en momentos de pérdida y cambio en sus vidas.

En este sentido toma especial relevancia en casos como estos el dictado de sentencias en derecho previsional con perspectiva de género. Este es un enfoque jurídico que busca abordar las desigualdades de género y las diferencias específicas de género en el contexto de los sistemas de seguridad social y las pensiones. A través de esta perspectiva, se busca garantizar que las mujeres tengan igualdad de acceso a los beneficios y derechos en materia de seguridad social y que las decisiones judiciales tengan en cuenta las realidades de género y las posibles discriminaciones que las mujeres pueden enfrentar en este ámbito.

(*) Abogada, egresada de la UNNE. Directora de Zarza & Asociados.

Por Silvia Zarza