Las moratorias previsionales, una forma de hacer difícil lo fácil

Desde el año 2006 a la fecha, Argentina viene utilizando las moratorias previsionales como una forma de equilibrar los desajustes que los devenires económicos produjeron al universo laboral.

La finalidad en todos los casos es facilitar el ingreso de los aportes jubilatorios para que las personas puedan acceder a las prestaciones previsionales.

Mediáticamente se ha afirmado que se produjo "una apertura de las moratorias", cuando en rigor de verdad nos encontramos ante normas reglamentarias que determinan una limitación al acceso a estas.

Desde enero de este año venía anunciándose que con la nueva moratoria accederían a la jubilación unas 800.000 personas, pero con el correr de los días la plena sonrisa se fue desdibujando frente a la letra chica de la ley.

Repasando sobre un tema del que mucho se ha hablado: ¿Para qué son las moratorias?

En el régimen jubilatorio general SIPA de Ley 24.241 se requiere, para poder jubilarse: edad de 60 años las mujeres y 65, los hombres. Además, se necesitan 30 años de servicios, sean estos en relación de dependencia o como autónomo, pudiendo computarse a tales efectos servicios en cualquier sistema previsional provincial de la reciprocidad, que no haya sido transferido a la Nación. Quien accede a esos requisitos reúne lo que se denomina «derecho a Prestación Básica Universal (PBU)". Así, una jubilación ordinaria bajo el régimen general se compone de tres elementos: PBU + Prestación Compensatoria (PC) + Prestación Adicional por Permanencia (PAP).

Cuando una persona no reúne los requisitos referidos, puede compensar años de exceso de edad con faltante de servicios a razón de dos por uno, y/o puede «comprar" años de servicios faltantes por medio de las moratorias previsionales vigentes.

¿Cuáles son las moratorias más conocidas actualmente vigentes?

La moratoria de la Ley 24.476, de carácter permanente, permite la compra de años faltantes de servicios desde el momento en que una persona cumple 18 años de edad hasta el 30/09/93.

Claramente esta moratoria, si bien tiene permanencia, lleva ínsito su vencimiento con el transcurso del tiempo. Así, una mujer que hoy cumple 60 años, podrá comprar aportes desde el año 1981 hasta 1993, es decir que comprará no más de 12 años. Si esta persona no tiene aportes con servicios efectivos para completar los 30 años requeridos en la (PBU) entonces no podrá jubilarse. A su vez, quienes cumplan la edad en los próximos años tendrán menos posibilidad de comprar aportes, conforme el mecanismo explicitado.

Este régimen se ha modificado a partir del 2017, restringiendo su acceso, estableciendo como requisito para acceder a la posibilidad de completar los años de aportes faltantes y obtener la jubilación, pasar por un análisis socioeconómico y patrimonial del peticionante, para permitirle el acceso sólo bajo determinados parámetros objetivos que demostrarían vulnerabilidad.

Esta condición rige para la moratoria de la Ley 24.476, para la Pensión Universal para adulto mayor y la última moratoria previsional sancionada en febrero del corriente año.

¿En qué consiste la evaluación socioeconómica?
La evaluación socioeconómica remite a parámetros objetivos establecidos en el Régimen de Asignaciones familiares de Ley 24.714. Concretamente, para sortear el análisis en cuestión, y ser merecedor de la inclusión en alguna de las moratorias previsionales, habrá que demostrar ingresos inferiores a lo establecido para el cobro de Asignaciones familiares; además, habrá que demostrar que posee inmuebles y automóviles con valuación inferior a las escalas que van actualizándose periódicamente; y no tener aeronaves o determinadas embarcaciones.

Se tiene en cuenta los consumos de tarjetas de crédito y débito, no hacen distinción para los casos de bienes gananciales, donaciones, herencias, condominios, o sea, inscriptos a nombre del futuro beneficiario, se toma como propietario del 100% de la propiedad. No hay en estos casos excepción alguna ni posibilidad de presentación de otros medios de pruebas a los efectos de, por vía de excepción, pueda acceder a la moratoria previsional.

Las actualizaciones de los montos que hacen al tope para pasar la evaluación, tampoco acompañan a la evolución de la economía, por cuanto van ligados a los sueldos de trabajadores en actividad y no a la inflación, por lo que una persona que arroja un consumo en tarjeta de débito, de $400.000 no es considerada vulnerable para acceder a una jubilación. Obviamente dentro de esos consumos de $400.000 mensuales, si quisiéramos analizar punto por punto, probablemente nos encontraríamos con altos montos de alquileres, gastos de bienes de primera necesidad (un tarro de leche para un recién nacido o un suplemento dietario para un adulto mayor, que dura una semana, ronda los $10.000, entre otros gastos, carne, quesos, frutas, verduras y medicamentos, entre otros)

Además de la evaluación socioeconómica, para acceder a alguna moratoria previsional, el futuro beneficiario deberá atravesar varias vallas burocráticas como la de conseguir a un turno, que solo le es dado mediante sistemas informáticos, por lo que debería acudir a la ayuda de alguien que tenga un teléfono adecuado, con acceso a internet o comprar un turno a quienes ofrecen a la venta.

Otra de las vallas es la imposibilidad de acceder a la moratoria por falta de reglamentación suficiente, lo que hace que una vez presentado al turno, no pueda aplicar por no estar preparados los sistemas para procesar el caso concreto. Esto sucede con aquellas personas que deseen tramitar una pensión por fallecimiento del cónyuge y que podrían completar los años para lograr la regularidad de los aportes mediante la aplicación de la última moratoria.

Lo malo es que esta última moratoria tiene fecha de vencimiento en febrero del 2024, su vigencia era por dos años desde la sanción de la ley. Ya pasaron seis meses, sin que se puedan procesar las pensiones por viudez.

Otro de los obstáculos tiene que ver con aquellas personas que tienen algún beneficio que supere el haber mínimo de ANSES, no pueden acceder a la moratoria, o en caso de hacerlo deberán pagar la deuda por los aportes faltantes en un solo pago. Por ejemplo, si tuviera 20 años de aportes y dos hijos en caso de ser mujer, le faltan 8 años, la deuda ronda el millón de pesos, esa liquidación la tendrá que pagar en un solo pago, no puede pagarlo en cuotas como el resto de las personas.

Muchos profesionales e independientes efectuaron sus aportes al sistema previsional como autónomos, pero la información de los pagos a lo largo de estos años fue pasando por distintos organismos y sistemas informáticos por lo que mucho quedó en el camino, lo que provoca que aún teniendo los pagos, incluso los comprobantes, el organismo encargado no tenga la manera de incorporarlos al sistema, obligando al futuro beneficiario a ir a una contienda judicial o efectuar de nuevo los pagos de los aportes. Estos casos deberán analizarse uno por uno, según las necesidades de la persona para determinar la mejor estrategia, que contemple la cuestión económica, financiera y los tiempos que requieren cada uno de los trámites a seguir.

Ningún camino es tan fácil como lo muestran las publicidades. Todo debe ser analizado detalladamente y teniendo siempre presente las necesidades y requerimientos de cada persona.

(*) Egresada de la UNNE. Directora de Zarza & Asociados.

Por Silvia Zarza