Perspectiva de vulnerables

Así como en los supuestos de violencia contra la mujer por cuestiones de género, el juez tiene la obligación legal de valorar la prueba con perspectiva de género; o de similar manera, en casos de derechos del consumidor, el de resolver a la luz de la regla "in dubio pro consumidor"; o el "in dubio pro trabajador" en derecho laboral; In dubio pro beneficiario en caso de seguridad social; es fundamental agotar todas las medidas que tiendan a la simplificación de procesos y flexibilizaciones en las formas en los que estén involucradas personas con discapacidad o problemas de salud, ancianos, a través de la tarea de los jueces de fallar con perspectiva de vulnerabilidad sin perder de vista, claro está, las reglas del debido proceso.

El sistema judicial debe configurarse como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas, en especial de las que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por los mayores obstáculos que se le presentan para acceder a la justicia como, asimismo, por la posición en desventaja dentro del proceso judicial que deben enfrentar en atención al resto. En este contexto, resulta interesante recordar las palabras dadas por la doctora Elena Highton de Nolasco en el discurso de presentación del nuevo Código Civil, en cuanto a que "este es el tiempo de los vulnerables".

Sin lugar a dudas entre aquellos que conforman el grupo de los vulnerables se encuentran los ancianos, los adultos mayores, los jubilados.

Argentina ha resultado ser un país de vanguardia en el reconocimiento de los derechos de los ancianos a través de elevar al rango de la Constitución Nacional los tratados internacionales que hacen expresa referencia a los derechos de la ancianidad.

Leyes de fondo dictadas en relación a la Constitución Nacional llevan en su espíritu el concepto de inclusión elevando la mirada hacia aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Es por ello que desde la primera moratoria previsional se incluyó al sistema a muchos trabajadores, hombres y mujeres, que no tenían los aportes necesarios para ser beneficiarios del sistema previsional, pudiendo así y solo así acceder a una jubilación.

Pero el derecho en general es progresivo y en particular el derecho a una jubilación lo es con mayor razón, no se puede en el futuro quitar lo que ya pasó a la esfera de los derechos adquiridos.

Así, la primera moratoria previsional no permitía que las personas que tuvieran otro beneficio previsional de carácter contributivo accedieran a la jubilación, pagando la deuda por los aportes no realizados en cuotas, sino solamente cancelando la totalidad de la deuda liquidada en un solo pago.

La segunda moratoria siguiendo los lineamientos de progresividad concede a quienes poseían un beneficio previsional de carácter contributivo, o sea una pensión por viudez, el derecho de acceder a una jubilación, siempre que el sueldo no supere un haber mínimo de ANSES.

Cabe aclarar que la progresividad deviene del hecho que la moratoria anterior, al impedir que los pensionados accedan a una jubilación pagando la deuda en cuotas, causó grandes desigualdades, dejando a muchas personas sin la posibilidad de acceder a una jubilación y por ende no gozar de los beneficios de ser titular de una jubilación. Obligando al administrado a acudir a la Justicia para restablecer el estado de derecho vulnerado. Si bien el reconocimiento venía de la mano de sendos reclamos judiciales, no podía ser de otro modo debido que no se hacía más que impedir que una persona en estado de vulnerabilidad, por el solo hecho de su condición de ancianidad, quedara marginada de la protección estatal a través de la jubilación.

Con la Ley 26970 se establece una insólita limitación al acceso a la jubilación. La cual permite que quienes tengan un beneficio previsional contributivo accedan a la jubilación, siempre que ese beneficio no supere un haber mínimo a la vez que supere una evaluación socioeconómica realizado a través de parámetros "objetivos".

La regla es general para todos, eso implica que queda fuera del sistema una persona que tenga una pensión por viudez que supere en un centavo o en ciento de miles de pesos, el haber mínimo.

El restablecimiento del estado de derecho frente a semejante desequilibrio solo lo puede resolver la Justicia. Solo el juez que al momento de dictar sentencia tendrá frente a sí, en el expediente, el caso de aquella persona, hombre o mujer, que tiene un beneficio del que es titular, pero que no le es propio, porque los aportes por el que se otorgó el beneficio fueron realizados por una persona fallecida. Será el juez a quien toque valorar cada caso concreto para hacer justicia, cuando entre dos situaciones de crisis como es la de declaración de inconstitucionalidad de una norma dictada de acuerdo a todos los lineamientos legales, pero que en el fondo crea la mayor desigualdad para quienes no pueden ser titulares de un derecho por haber prestado su fuerza de trabajo, dentro o fuera de su casa, dentro o fuera del sistema, en la economía formal o informal, pero tiempo y trabajo al fin o dejar en estado de vulnerabilidad a una persona por superar un haber mínimo con la pensión por viudez.

Es sabido que los jubilados y pensionados en Argentina han enfrentado una serie de problemas y desafíos a lo largo de los años. Estos problemas han afectado negativamente su calidad de vida y su seguridad financiera. Algunos de los problemas más destacados incluye la alta inflación, que ha tenido un impacto significativo en los jubilados. A medida que los precios de los bienes y servicios aumentan, el poder adquisitivo de las pensiones disminuye, lo que dificulta que los jubilados cubran sus necesidades básicas. Esta es la principal razón por la que los jueces están obligados a ponderar cada caso concreto dictando sentencias que tengan sentido de justicia social y perspectiva de vulnerabilidad.

Cuando como sociedad reclamemos justicia, es fundamental que tengamos conciencia que no queremos más asesinatos de niños yendo al colegio ni tampoco queremos seguir viendo como a los jubilados se les va la vida esperando aquello que generalmente no llega a tiempo, el sueldo justo, el 82% móvil, la liquidación de sus haberes como marcan las leyes y la Constitución Nacional.

Como decía Highton de Nolasco, en el discurso antes mencionado "este es el tiempo de los vulnerables". Ojalá los jueces lo tengan muy presente a la hora de dictar una sentencia.

(*) Egresada de la UNNE. Directora de Zarza & Asociados.

Por Silvia Zarza