Reajuste de haberes en servicios diferenciales e insalubres

Las personas que trabajaron en construcción, actividades rurales, personal embarcado, entre otras actividades a los que las leyes específicas exige menos cantidad de años de aportes y menos cantidad de años de edad han quedado expuestas al beneficio de acceder a una jubilación antes de la edad común de 65 años para varones y 60 años para mujeres, pero con la dificultad de que sus haberes no serán liquidados con el mismo espíritu de favorecer a la persona por haber realizado tareas más penosas que otras y en consecuencia terminan cobrando menos de lo que les corresponderían, según la correcta interpretación del espíritu de las leyes.

Los casos que más relevancia tienen, sobre todo en la provincia de Corrientes, son los del personal embarcado, dado que en la localidad de Empedrado hay una importante población que trabaja en la actividad marítima.

La justa composición de los haberes ha sido un tema de debate en la República Argentina desde hace décadas.

De hecho, la Constitución Nacional en el artículo 14 bis establece que el Estado debe otorgar los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Se debe garantizar las jubilaciones y pensiones móviles.

La movilidad refiere a establecer un mecanismo por el cual se debe ir aumentando las jubilaciones y pensiones, ya sea según inflación o índice de precios, pero de manera tal que no pierdan su poder adquisitivo. Importa el derecho constitucional al cobro de un haber previsional (pasivo) como consecuencia de haber desarrollado durante cierto tiempo una actividad laboral (activo). Se debe asegurar a los beneficiarios un nivel de vida acorde con el que tuvieron durante sus años de trabajo.

Esto significa, por un lado, que el Estado deberá arbitrar los medios legales necesarios para asegurar la movilidad de los haberes jubilatorios y por otro lado la relación entre la liquidación de los haberes jubilatorios y la actividad que desarrollaba la persona mientras estaba en actividad y por la que realizaba sus aportes proporcionales hasta completar los 30 años, o más, que exige la ley para obtener el beneficio de jubilación.

En una actividad normal o común u ordinaria, denominación que surge de la ley, los 30 años se computan directamente, sin complejidad. Treinta años de aportes, 30 años de antigüedad, de los que se liquidarán los haberes según las cotizaciones ingresadas.

Pero en una actividad especial, las diferencias en el cómputo es más marcada. Es por eso que vale la pena entender lo que pasa especialmente con el personal embarcado, puesto que por el tiempo de actividad, es más bien considerada como penosa porque los trabajadores están muchos años de sus vidas en altamar, lejos de sus familias y de sus hogares, en actividades como por ejemplo la pesca, a veces trasladando dentro de los barcos cajones de mucho peso de un lado a otro, como para graficar solo una de las tareas. El esfuerzo y el peligro los asechan cada día de sus vidas en el trabajo.

Los años requeridos para jubilarse son de 52 de edad y 25 años de servicios. Estos últimos son computados como dobles cuando la fracción trabajada es de menos de seis meses, por ejemplo tres meses trabajados equivalen a seis meses, y a su vez seis meses o más trabajados, equivalen a un año de antigüedad. Entonces el cómputo final, cuando tiene 25 años de servicio al cargar al sistema completará los 30 años. Con eso podrá acceder a la jubilación en forma anticipada al común de los demás casos.

Pero el desequilibrio se produce con la liquidación de los haberes, dado que se hará por 25 años y no por los 30 años, con lo que el trabajador embarcado cobrará menos de lo que esperaba y menos de si hubiera trabajado los 30 años.

En este sentido debo destacar que la Cámara Federal de Mar del Plata en el año 2019 cambió el criterio sentado hasta entonces dando por resultado un cómputo más equitativo y justo en los autos caratulados: "Kronja, Alejandro Marcos c/ ANSES s/Reajuste de Haberes, Expediente N°4826/2014".

Me parece importante destacar el análisis detallado que realiza la Cámara Federal de Mar del Plata en relación al cálculo del haber del personal embarcado porque, como lo anticipé en los párrafos anteriores, muchas veces podemos advertir situaciones injustas al momento de analizar la determinación de los haberes de este régimen tan particular.

El Sr. Kronja Alejandro Marcos, trabajador embarcado, adquirió su beneficio previsional conforme lo normado por la Ley 24.241, con fecha 01/04/2011.

Sin embargo, esta equiparación (o elevación) ANSES la computa para el cálculo de servicios, pero no la computa para el cálculo de la prestación por permanencia y la prestación compensatoria del haber inicial.

Recordemos que el haber de jubilación se compone de una suma fija (la P. B. U.), la P. C. (que toma en cuenta la cantidad de años de aportes al sistema anteriores al mes de julio de 1994) y la P. A. P. (que toma en cuenta los aportes posteriores al mes de julio de 1994). Cuando ANSES calcula la PC y la PAP del personal embarcado se da una situación injusta debido a que se toma para dicho cálculo el tiempo "real" embarcado y no el tiempo "elevado por el sistema". De esta manera, se estaría perjudicando al personal embarcado que obtendría sus prestaciones disminuidas.

Para corregir esta situación, el fallo ordena respetar la calidad del aporte efectuado y tomar para el cálculo de la PC y de la PAP el tiempo elevado por el sistema. De esta manera, se respetaría la equiparación matemática que existe entre las tareas comunes y las tareas insalubres.

El error en la liquidación de los haberes se produce desde el primer haber y corresponde su reajuste tanto para el jubilado, titular de la prestación, como para su cónyuge en el caso de que el reclamo se haya realizado después del fallecimiento del titular.

Y si bien el proceso requiere de varias instancias, una administrativa primero para habilitar la instancia judicial, luego el reclamo mediante una acción judicial, la que a su vez seguramente habrá que defender y sostener ante las cámaras federales por recursos interpuesto por parte de ANSES y algunas veces incluso ante la Corte Suprema de Justicia, creo que lo más complicado en el proceso es la etapa de ejecución de la sentencia, es decir aquella en la que se pretende que, lo que fue resuelto y ordenado por la Justicia, se cumpla y que el jubilado vea, finalmente, su haber reajustado.

En este proceso el Juzgado no siempre cuenta con mecanismos reales de coerción para que se cumpla con la sentencia y habrá que esperar a que la demandada condicione al cumplimiento del pase del expediente por infinidad de oficinas y controles que hacen que pueda pasar unos cuantos años antes de que finalmente deposite el dinero del retroactivo y reajuste de los haberes del jubilado.

¿Cuál es la razón de tanta espera? No tiene una respuesta única ni convincente, por lo que con las precarias herramientas con las que contamos (la ley, la Constitución Nacional y la orden judicial) hacemos el seguimiento día a día para lograr acortar ese tiempo a sabiendas que el jubilado no tiene el tiempo ilimitado para la espera y muchas son las veces en las que su sueño de cobrar lo que le corresponde queda truncado con la fatalidad de su fallecimiento.

El control de las liquidaciones debe hacerse desde el principio y con eso se ahorrarían muchos dolores de cabeza, tiempo y se evitaría tener que pasar por tantos reclamos ante los organismos correspondientes, pero de no haberlo hecho es fundamental iniciar el proceso porque el jubilado tiene derecho a un sueldo acorde a los aportes realizados durante su vida laboral.

(*) Silvia Zarza. Abogada, egresada de la UNNE. Directora de Zarza & Asociados.

Por Silvia Zarza