Jujuy: exigen la suspensión de la reforma constitucional

La reforma de la Constitución en la provincia de Jujuy generó una ola de protestas este fin de semana en el distrito del norte argentino. Fueron encabezadas por comunidades originarias, gremios y partidos políticos que rechazaron tanto el contenido como el tratamiento brindado por los convencionales constituyentes jujeños.

La aprobación del nuevo texto, impulsado por el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, se dio en la madrugada del viernes 16 de junio, luego de una semana de tratamiento en comisiones. En ese periodo, cuestionado por su brevedad, se abordaron puntos críticos para la vida institucional de la provincia como la regulación del derecho a la protesta, la propiedad de las tierras de las comunidades originarias en donde se hallan recursos naturales como el litio, nuevos mecanismos para la selección de jueces y la modificación de los organismos de control, entre otros puntos de una reforma parcial pero amplia.

Por eso un conjunto de organizaciones defensoras de derechos plantearon los problemas de legalidad y legitimidad de la reforma y solicitaron a la Convención Constituyente y al gobernador de la Provincia su suspensión. "Entendemos que es la única medida efectiva para encauzar el reclamo y asegurar un debate necesario, obligatorio y participativo de todos los sectores de la sociedad jujeña", señalaron.

Es que recién sobre la fecha de la votación, quienes viven en Jujuy conocieron la propuesta que los convencionales aprobarían en ese mismo momento. "Ese procedimiento además resulta incompatible con los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en los asuntos que les afecten, como lo es el alcance y contenido sobre sus derechos en una constitución provincial", explicaron en un comunicado las organizaciones. 

"Durante el proceso no se compartieron tampoco los detalles de los artículos que impactan sobre el derecho a la protesta de trabajadores, trabajadoras y organizaciones sociales, estudiantiles, políticas y sindicales. El proceso tampoco aseguró las condiciones de acceso a la información y participación pública necesaria y previa para la definición de contenidos sobre regulación ambiental. El régimen de aguas, propiedad, autorizaciones y licencias para exploración o explotación ambiental se conoció ya con el proceso de votación de la reforma cerrado", manifestaron a través de páginas como la de Amnistía Internacional. 

Luego de que se aprobara el texto de la nueva Constitución, los pueblos indígenas y distintos sectores sociales y sindicales salieron a manifestarse en contra de la reforma y fueron reprimidos con balas de goma, gases lacrimógenos y golpes que provocaron heridas graves. Hubo decenas de personas detenidas por resistencia a la autoridad, una figura utilizada para limitar las movilizaciones sociales y el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades. 

"Avanzar con una reforma de estas características conducirá inevitablemente a su inmediata impugnación en sede judicial, ya que varias de sus disposiciones contradicen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, lo que comprometerá la responsabilidad del Estado argentino ante el sistema internacional de promoción y protección de derechos humanos", remarcaron.   

Los puntos que solicitan las organizaciones firmantes:

• La suspensión de la reforma constitucional aprobada y la habilitación de un proceso de diálogo que permita establecer un mecanismo participativo para la sanción de la reforma parcial de la Constitución. 
• Se detengan los operativos de represión policial sobre las manifestaciones que están teniendo lugar en distintos puntos de la provincia.
• Se informe sobre el paradero de todas las personas detenidas.
• Se desarrollen las medidas necesarias para liberar a todas las personas detenidas por ejercer el derecho a la protesta.
• Se investiguen las actuaciones policiales en todas las protestas sucedidas en la provincia.
• Se aseguren todas las condiciones de atención de las personas heridas y se convoque a los órganos especializados para la atención de niños, niñas y adolescentes.