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Avanzan leyes...

(Viene de la página 12).

"Lograr la integralidad de la información a través de una base de datos unificada, permitirá potenciar los recursos y mejorar los resultados de gestión de Gobierno, efectivizando las actividades de los profesionales, gestores y ciudadanos, optimizando los resultados de la gestión", apuntó Vaz Torres.

Ente regulador de servicios

El Ente Regulador Único, por su parte, tiene como objetos específicos la regulación y el control de los servicios públicos o las actividades de competencia provincial y la defensa y protección de los derechos de sus usuarios; así como también resguardar el cuidado del medioambiente y la seguridad pública.

"Este proyecto está en línea con los ejes de la gestión del Gobierno provincial: modernización, porque prevé nuevas tecnologías de control de gestión, de comunicación con los usuarios, audiencias públicas, entre otros; inclusión, considerando que incorpora la participación del usuario y la defensa de sus derechos; y desarrollo, teniendo en cuenta que genera un ambiente de negocios ordenado y seguro; reglas claras que fomentan la inversión y mejoran los servicios", detalló el exministro de Hacienda y Finanzas.

"El alcance de esta norma es transversal, tanto al sector público como al sector privado, con un abordaje muy profundo respecto de los ejes que se pretende trabajar con todos los actores, tanto del Poder Ejecutivo como de los empresarios y organizaciones sociales; siendo la articulación propuesta, esencial para pensar en un desarrollo sustentable de las distintas actividades contempladas", remarcó Vaz Torres.

El Ente propuesto es un organismo autárquico, con autonomía funcional, patrimonial y financiera, dependiente del Poder Ejecutivo, y con competencia en cuanto a la normativa regulatoria, la solución de conflictos entre las partes prestador-usuario, el estímulo de la calidad y eficiencia del servicio o actividad y la aplicación de sanciones y de incentivos relativos a la actividad regulada.

Entre las funciones previstas, figuran las de informar, proteger y asesorar a los usuarios, exigir calidad en la prestación de los servicios y el cumplimiento de los cuadros tarifarios, aprobar manuales de usuario y el reglamento de prestación de los diferentes servicios o actividades controladas, dar publicidad de los planes de expansión de los servicios y verificar su cumplimiento.

También apuntan a incentivar el uso racional y eficiente de los recursos que hacen a los servicios públicos y actividades reguladas, y promover las inversiones públicas y privadas en cada área, entre otros.

Del mismo modo, incluye la conformación de un Consejo Asesor Consultivo con representantes de los Municipios y organizaciones intermedias.

Prevé además un Fondo para compensar tarifas, con el objetivo de ampliar la prestación de servicios al mayor universo posible de habitantes de la provincia, financiando además estudios y obras de infraestructura, entre otros.

La norma diseñada establece además las sanciones previstas para los prestadores, vinculadas a las infracciones, los perjuicios que ocasione y otras cuestiones en la materia.

El Ente tendrá un fuerte perfil de vinculación a los usuarios, con relación a la defensa de sus derechos, tales como la calidad y eficiencia de los servicios, la información a recibir los reclamos ante el prestador y los resarcimientos que correspondan, entre otros.

Al mismo tiempo, establece con claridad los deberes en cuanto al servicio recibido.

Se prevé, de la misma manera, las características de las Audiencias Públicas y sus alcances; así como también otros mecanismos de participación adicionales como la Consulta Pública Documentada, Reuniones Informativas Públicas y Preparatorias y Asesoramiento y Tutela.

"La propuesta implica un profundo cambio conceptual respecto a lo existente hasta el momento", remarcó Vaz Torres.

"La fisonomía de este organismo abandona su clásico rol regulador entre el prestador del servicio (sea público o privado) y los usuarios, y adquiere un protagonismo más amplio, vinculado a una agencia orientada a garantizar los derechos ciudadanos con relación a los servicios públicos", aseguró.