Brevísima historia de los comuneros

En los siglos XVI y XVIII tuvieron lugar en España y en América alzamientos contra la cabeza del poder político inspirados en el principio de que la fuente de la cual emana el poder es el pueblo, o sea "el común", que con su consentimiento es el origen de la autoridad política.

Bajo esa misma denominación de "Comuneros", históricamente se reconocen cuatro movimientos: Las Comunidades de Castilla, los Comuneros del Paraguay, la Revolución de Nueva Granada y los Comuneros de Corrientes.

En Castilla, en 1521, el trasfondo del alzamiento comunero lo constituyó el acendrado localismo de las comunidades, frente a todo lo que fueran usos y costumbres foráneas. El particularismo comunero castellano, colisionó violentamente con el ecumenismo, el universalismo de Carlos I, que, buscando la unidad del mundo cristiano, puso "los deberes católicos o universalistas del Imperio por encima de los intereses del Papa mismo". Como consecuencias positivas de lo que en definitiva constituyó un fracaso suyo, algunos historiadores contabilizan el Concilio de Trento y la Compañía de Jesús.

En definitiva, mientras la Reforma se impuso en Europa, la Contra Reforma triunfaría en América con prolongación hasta nuestros días.

En el año 1537, a raíz de la muerte de Pedro de Mendoza, Primer Adelantado del Río de la Plata, la corona española dictó el 12 de septiembre una Real Cédula según la cual en caso de morir su lugarteniente y sucesor Juan de Ayolas, el gobernador sería electo a través del voto de los conquistadores.

Esa facultad otorgada por la corona sería a posteriori el respaldo legal de nuevos alzamientos que generaron en los asuncenos un poderoso espíritu guerrero, una elevada idea de su propio valer y el hábito arraigado de gobernarse con casi total autonomía, resistiendo siempre la intromisión en sus asuntos internos de cualquier autoridad que no fuese la local.

En 1649, se produjo una acerba disputa en torno al control de los servicios de los indios y de sus recursos, entre el patriciado asunceno acaudillado por el Obispo Fray Bernardino de Cárdenas y la Compañía de Jesús. El conflicto se saldó con una victoria jesuita en 1650.

Más de medio siglo después, en 1617, los asuncenos protestan de la legalidad del mandato del gobernador Diego de los Reyes Balmaceda, y las denuncias en su contra llevan a la Audiencia de Charcas a abrirle proceso. Tras diversos incidentes, la Audiencia termina designando Juez a José de Antequera y Castro, un panameño que ejerciera de abogado en España. Reyes Balmaceda huye a Buenos Aires y obtiene el apoyo de los Jesuitas, que a su vez logran que el Virrey lo reponga en el cargo pasando sobre la autoridad de la Audiencia. En definitiva, Reyes Balmaceda se instala en las Misiones, donde las reducciones reconocen su autoridad. La Audiencia le intima darse por detenido y él responde que la autoridad del Virrey tiene más fuerza. Se reúne el Cabildo de Asunción y estalla la Revolución Comunera.

Una vez más se dan dos bandos en el conflicto. Por un lado el Cabildo asunceno y Antequera, quien cuenta con el respaldo pleno de la masa, y por el otro el Virrey Bruno Mauricio de Zabala, respaldado por las Misiones. Zabala ordena al Maestre de Campo Baltazar García Ros, que con indios de las Misiones haga lo necesario para que Antequera sea sometido a juicio, pero el alzamiento comunero se le impone en un enfrentamiento en el Tebicuary, y debe retroceder. El Cabildo declara la guerra a Buenos Aires, pero el nuevo Virrey, José de Armendáriz, Marqués de Castelfuerte, envía un nuevo contingente de misioneros comandado esta vez por el mismo Zabala. Antequera huye y finalmente, en el año 1726, es apresado y conducido a la cárcel de Lima, siendo condenado a muerte.

En presidio, Antequera entra en contacto con Fernando Mompó de Zayas, un abogado valenciano que a la postre sería el ideólogo que dotase al movimiento comunero de una doctrina, que puede resumirse aseverando que el poder del Común de cualquier ciudad, villa o aldea, era más poderoso que el mismo rey; "que en mano del común estaba admitir la ley o el gobernador que gustasen, porque aunque se le diese el príncipe, si el común no quería, podía justamente resistirse y dejar de obedecer".

Más allá del movimiento articulado ideológicamente por Mompó, el trasfondo del alzamiento era de naturaleza económica, porque se trataba de alcanzar la supremacía de los encomenderos contra todo intento de intervención de la potestad regia, cuyos agentes eran los misioneros jesuitas.

Mompó logra huir de la cárcel en Lima, se refugia en Chile, hace escala en Buenos Aires y luego pasa al Paraguay, adonde arriba en 1730. Por inspiración suya, se elige una Junta Gubernativa que encabeza un "Presidente de la Provincia del Paraguay".

Es electo José Luis Barreira, pero este defecciona y arresta a Mompó enviándolo a Buenos Aires donde Zabala lo procesa y condena a muerte. Enviado a Lima escapa finalmente al Brasil, donde su rastro se pierde para siempre. Antequera, conducido al patíbulo en 1731, perece en medio de un motín que se desencadena en esas circunstancias.

A posteriori, en el Paraguay reina la anarquía por años, sucediéndose gobernadores interinos apoyados por los jesuitas y sus ejércitos de indígenas, que se enfrentan duramente con los comuneros, hasta que son derrotados en la batalla de Tobatí, en 1735, por un ejército comandado por Mauricio Bruno de Zabala, reforzado con 8.000 guaraníes misioneros.

A imitación de los comuneros paraguayos, en 1732 tiene lugar un alzamiento en Corrientes. El 30 de marzo de ese año, Zabala ordena al Teniente de Gobernador de Corrientes don Jerónimo Fernández que alistase doscientos soldados y pasara con ellos a Itatí, de donde seguiría oportunamente hacia las Misiones, amenazadas por los comuneros paraguayos. Fernández obedece la orden, pero, el 8 de mayo de 1732, al grito de ¡Común! ¡Común!, sus tropas se rebelan en Itatí, y reduciéndolo a prisión, regresan a Corrientes, eligiendo Maestre de Campo a Juan José de Ballejos, dejando el gobierno político al Cabildo.

Para justificarse, los comuneros correntinos envían a Buenos Aires al Regidor Ygnacio de Soto y al capitán Miguel de Esquivel y Saravia. Pero, al mismo tiempo, escriben al Maestre de Campo de los Comuneros paraguayos haciéndole saber que "reconociendo siempre Corrientes por madre a la ciudad de Asunción, de donde salieron sus fundadores, estaban prontos a seguir su ejemplo, auxiliarla en sus aprietos a la menor insinuación que se le hiciese, y a reconocerla por su cabeza si su propio gobernador don Bruno no aprobaba lo que habían ejecutado, porque como tal estaban resueltos a desmembrarse de su gobierno y unirse con el del Paraguay..."y confederarse para la ruina de los pueblos de indios que doctrinan los jesuitas".

Pero no fue menester. En noviembre de 1732, intercediendo el Obispo de Buenos Aires, los comuneros correntinos se someten y Zabala les otorga el perdón.

Durante aquellos acontecimientos, adquiere relieve en Corrientes un español llamado Pedro Bautista de Casajús. Él y sus descendientes serán los que encarnen con mayor virulencia la oposición contra los jesuitas, y por extensión contra los españoles funcionarios de la corona.

Casajús, por su carácter altanero y a raíz de ser encomenderos sus hijos, se enfrenta con los jesuitas y forma "…con sus hijos y parientes un bando que, si bien no logró nunca apoyo del resto del patriciado urbano, despertó simpatías entre los elementos populares, llegando a preocupar a las autoridades".

Hacia 1747, el Teniente de Gobernador correntino es Nicolás Patrón, un firme aliado de los jesuitas. Pedro Casajús y su hijo Sebastián, explotan estancias en Saladas, donde además el párroco es también un Casajús. A ello, se suma el recuerdo de su participación en los sucesos de 1732, lo que hace de Saladas el epicentro de la oposición contra la Compañía de Jesús.

Para acabar con la influencia de los Casajús, Patrón decide trasladar el pueblo, dividiendo además la jurisdicción del curato. Se da así un enfrentamiento y pleito asaz enojoso que recién en 1760 se resuelve en definitiva, a favor del cura Casajús. Con todo, el curato es desplazado temporariamente al paraje Anguá. No acaba allí sin embargo la contienda entre los antiguos comuneros, aliados con los frailes dominicos y franciscanos y "el común" o sea las clases más bajas, contra los "ajesuitados", encabezados por el teniente de gobernador y "…los vecinos más calificados, en su mayoría europeos".

En el año 1764 detona una nueva rebelión comunera, contra la autoridad de Manuel José de Ribera Miranda, Teniente de Gobernador designado por Pedro de Cevallos.

Autoritario, de mano dura, Ribera Miranda se rodea de ajesuitados y se malquista con el resto de la población por el modo como acciona contra los Casajús. A fines de octubre de 1764 éstos y sus parciales se alzan y luego de un enfrentamiento relativamente cruento lo derrocan y aprisionan, organizando un gobierno del común que se extiende hasta fines de 1765.

Triunfante en octubre la pueblada comunera, el 31 de diciembre de 1764 fenece el mandato de los cabildantes y se halla prisionero del común el teniente de gobernador, quien debía presidir las elecciones, por lo que no logrando acordar con José González de Alderete, mandante comunero, los cabildantes prolongan los suyos reeligiéndose a sí mismos.

A partir de allí, y carentes de noticias del gobernador, Pedro de Cevallos, los capitulares, siguiendo una inveterada costumbre del cuerpo de guardar equidistancia, al tiempo de mantener una relación cortés pero de dientes apretados con el común, en los papeles repudian la conducta de la "jente (sic) plebe sublevada" e intiman al cabecilla Alderete -tímidamente- para que detenga a los principales alzados, sin atreverse a insistir ante su negativa. Paralelamente, en forma solapada, prohíben a los comerciantes mercar pólvora y municiones para evitar que los comuneros se refuercen, sin dejar de insistir en reiteradas oportunidades para que se deje en libertad al Teniente de Gobernador Manuel José de Ribera Miranda.

En la primera quincena del mes de marzo de 1764 fracasa un intento de Alderete de acordar con el Cabildo y liberar a Ribera Miranda, y acusado de traidor por los restantes comuneros, debe resignar el mando de Maestre de Campo en Pedro Nolasco Pabón, quien prohíbe toda comunicación con Buenos Aires, pese a lo cual, circulan rumores sobre una expedición punitiva que prepara Cevallos.

En agosto, mediante negociaciones del cura de Itatí, Fray Roque Ferreyra ante Pabón, Ribera Miranda logra huir de Corrientes. La indignación de los comuneros no tiene límites. Encarcelan a Pabón y persiguen a los ajesuitados de fuste, obligando a los que pueden hacerlo a buscar asilo en sagrado. En septiembre, los sublevados eligen Maestre de Campo a Gaspar de Ayala, un "criollo", o sea, en la interpretación del común, un nacido en el país "de las clases inferiores". Al igual que Alderete y Pabón, es un sujeto sin instrucción alguna, pero paniaguado de los Casajús y uno de los más exaltados a favor del común, pues teme ser castigado por anteriores delitos de deserción. Una de sus primeras medidas es desterrar de la ciudad a todos los mercaderes foráneos, lo que desnuda nuevamente la raíz xenofóbica y el cariz económico del alzamiento comunero.

Ayala agudiza las persecuciones, y los principales vecinos buscan refugio para sus familias en conventos e iglesias, siendo especialmente agudo el conflicto con Carlos José de Añasco.

El temor a la expedición de Cevallos, lleva a los sublevados a solicitar de las autoridades de Asunción la incorporación correntina a su jurisdicción por oficio del 20 de septiembre de 1765. A mediados de octubre, tanto el gobernador asunceno Fulgencio Yegros, como el Cabildo, les dan pegas con buenas palabras. Se rumorea entonces, que los comuneros especulan con entregarse a los portugueses.

En enero de 1766, mientras Ayala y sus comuneros arrecian las persecuciones, al punto de azotar hasta dejar por muerto a Pedro Antonio Molina, el Cabildo renueva sus cargos haciendo protestas de fidelidad al Gobierno y dejando constancia de no haber sido parte en la sublevación.

Por aquel tiempo, Cevallos, envía desde el río Pardo una fuerza para restablecer el orden en Corrientes. El 9 de abril de 1766, el Teniente Coronel Carlos Morphy, a quien acompaña como auditor de guerra Juan Manuel de Labardén, llegado a Riachuelo intima al común correntino a rendir sus armas en el plazo de 8 días, cosa que hacen mansamente. Trescientos sesenta comuneros se entregan "dispuestos a padecer cualquier castigo viniendo por mano del Rey". Así finaliza el último alzamiento comunero correntino.

Por Jorge Enrique Deniri

Junta de Historia de Corrientes